Pettovello juega con fuego, entre la guerra interna y el escándalo de la subejecución

En apenas 48 horas, Sandra Pettovello se desprendió de dos funcionarios claves del megaministerio de Capital Humano. Primero le tocó al subsecretario de Políticas Sociales, Martín Galmarini, que fue eyectado de un área con un presupuesto millonario que Pettovello decidió no ejecutar ni repartir. Después, llegó el turno de Leila Gianni, la ex funcionaria kirchnerista que ganó una enorme trascendencia pública con el gobierno de Javier Milei. Con esos dos despidos, la ex periodista graduada en la Universidad Austral elevó la estadística de los funcionarios eyectados por la administración de extrema derecha: según los datos del politólogo Pablo Salinas, ahora son 75 en 311 días de gobierno, uno cada cuatro días, y el 27% de ese total son ex miembros del ministerio de Pettovello. 

Tal como reveló El Destape en junio pasado, Gianni tenía un vínculo directo con el presidente, visitaba la residencia de Olivos y solía almorzar con él en Casa Rosada. Con su renuncia estruendosa, Pettovello se desprendió de la más aguerrida de sus funcionarias, una conversa capaz de enfrentar a Juan Grabois cara a cara en los tribunales de Comodoro Py y de llevar adelante una batalla judicial encarnizada contra los líderes de los movimientos sociales. No está claro por qué, pero Pettovello sintió que la subsecretaria de Legales había crecido demasiado y le hizo pagar sus ínfulas de emancipación. Ahora le toca ir a trabajar en línea con Sebastian Pareja -hombre de Karina Milei- en La Matanza, el distrito en el que Cristina Fernández de Kirchner desembarcó hace dos semanas de la mano del padre Nicolas "Tano" Angelotti. Quienes conocen el desenlace dicen que Gianni y su equipo negociaron esa salida hacia el territorio, pero está claro que si algo no quería la ex funcionaria de Juan Cabandié era perder el poder que había acumulado. 

En guerra con Santiago Caputo y la hermana Karina, Pettovello logró una vez más que el presidente laude a su favor. El mensaje es complicado pero coherente con la línea de la ministra que se desprende de sus funcionarios con los peores modales y de un día para el otro. Como para que nadie se arriesgue a ponerse la camiseta de los Milei. 

Menos estruendoso pero más dramático es el caso de Galmarini, un médico que fue funcionario porteño, es especialista en emergencias médicas y actuó incluso durante la masacre de Cromañón. Fuentes del gobierno de la Libertad Avanza le dieron a El Destape detalles del escándalo de la subejecución de partidas en Capital Humano. El médico despedido por Pettovello tenía bajo su área al menos tres direcciones que contaban con fondos millonarios para distribuir, la dirección de asistencia crítica, la dirección de ayuda urgente y la dirección de asistencia institucional. En total, tenía en la subsecretaría de Políticas Sociales un presupuesto mínimo de 38 mil millones de pesos que no se utilizaron para aliviar la crítica situación social que se agravó a partir de la megadevaluación que decidieron Milei y Luis Caputo. “Hubo una decisión política de no ejecutar los fondos y reducir las secretarías a su mínima expresión. No se ejecutó un peso de ayuda urgente en Argentina”, le dijo a este medio un funcionario que no comparte el rumbo de la gestión. 

Así, según admiten en Casa Rosada, las partidas que debían destinarse a situaciones de extrema necesidad fueron subejecutadas. La plata estaba pero no se utilizó en casos de desalojo de madres con hijos pequeños en conventillos o de familias que viven en la precariedad. De hecho, hubo frazadas que se repartieron tarde, cuando el invierno ya había quedado atrás. Solo en algunos casos, relativos a enfermedades oncológicas muy específicas, Capital Humano cumplió en distribuir los fondos de los que disponía por ley. 

¿Por qué pasó? Pettovello culpa a Galmarini pero sus rivales internos en el gobierno la señalan a ella. El ex subsecretario de Políticas Sociales cayó como producto de otra confrontación interna, en este caso con Yanina Nano Lembo, una ex funcionaria que Horacio Rodríguez Larreta incorporó a la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y reemplazó al bullrichista Pablo de la Torre en junio pasado. Ligado a grupos ultraconservadores de la Iglesia, el hermano del ex intendente de San Miguel tenía peso territorial y era casi un ministro paralelo. A Pettovello no le gustó y De la Torre se fue denunciado por su propio gobierno. Enfrentado a Nano Lembo, Galmarini se fue después de ordenar despidos en el ministerio y pasar más de un momento ingrato frente a los delegados de ATE.

Entre los funcionarios que fueron despedidos por Pettovello, también hay resquemores. Muchos piensan que hay algo que une a las renuncias obligadas de Gianni y Galmarini: la ministra no quiere gente con experiencia ni con perfil propio. Al contrario, se inclina por cuadros técnicos que se destaquen por su obediencia y no por su capacidad. Amparados en su cruzada contra los movimientos sociales, Pettovello ajustó en casi todas las áreas. La única excepción fue la Asignación Universal por Hijo, una partida que la extrema derecha casi duplicó en términos reales en relación a los valores que dejó el Frente de Todos, según lo muestra el último informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM.

Tal vez para mediar entre su amigo Mauricio Macri y su adversaria Patricia Bullrich, Pettovello decidió rodearse de segundas líneas del larretismo, que son reconocidos por la prolijidad pero son criticados por estar a años luz de la realidad social y el territorio. “Ellos parten del presupuesto de que no va a pasar nada en la calle”, dice un dirigente de los movimientos sociales, que mantiene el diálogo con el ministerio.

El contexto, sin embargo, parece estar cambiando y para peor. Los movimientos sociales dicen que en los barrios del conurbano bonaerense se respira un olor distinto. El crecimiento de la pobreza, la reducción de las changas y la desolación en las áreas inflamables donde nada sobra genera una nueva atmósfera, como si entre la tierra, el plástico y la leña se estuviera cocinando un nuevo caldo social.  

En la tercera sección electoral, el histórico bastión del kirchnerismo, los líderes territoriales identifican dos fenómenos recientes. El primero tiene que ver con los aumentos de tarifas que se hacen imposibles de pagar. Con facturas que oscilan entre los 100 mil y los 200 mil  pesos, cada vez hay más gente que paga para colgarse de la luz. En municipios del conurbano sur, los vecinos rechazan las intimaciones de Edesur para regularizar las deudas por el servicio y deciden contratar a personas que los enganchan a la red. Pagan entre 5 mil y 35 mil pesos, según la calidad del trabajo, por resolver un ítem clave para la supervivencia, que se lleva cada día una porción mayor de sus ingresos. 

En los últimos años, la tendencia era otra. A partir de la regularización que se había propiciado a partir de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares que impulsaron las organizacione sociales y aprobó el Congreso durante el gobierno de Cambiemos, Edesur había instalado medidores en los barrios y la gran mayoría de los vecinos se propuso evitar atrasos en los pagos. La nueva temporada de tarifazos que inauguró La Libertad Avanza detonó la ecuación y forzó una regresión. Cada vez son más los que deciden colgarse de la luz. 

La otra novedad de la dinámica económica remite a lo más básico: es el aumento de la venta de cuajo en los barrios carenciados. Dos veces por semana, una camioneta recorre las calles para ofrecer a 1500 pesos el estómago de vaca o cordero, la forma menos costosa de acceder a proteínas animales que reemplazan a otros cortes de carne que hoy resultan inaccesibles. Los dirigentes sociales dicen que es fácil advertirlo porque el paso de la camioneta coincide con la propagación del fuego en los  hogares. Como se trata de un corte que necesita hervirse durante más de una hora para ser guisado, los vecinos hacen fuego con leña para no gastar la garrafa de 10 kilos, que hoy oscila entre 8500 y 12 mil pesos en provincia de Buenos Aires. Son costumbres antiguas, hijas de la pobreza, que regresan en un contexto en el que, según el INDEC, la pobreza afecta a 52% de la población a nivel nacional, casi 25 millones de personas, y 52,8% en el Gran Buenos Aires, 8.437.209 personas.