La colaboración del gobierno de Juntos por el Cambio con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales será recordado, con el correr de los años, como el mayor escándalo de la política exterior argentina en democracia. Ni las excusas de corto aliento de los funcionarios involucrados ni el silencio cómplice de la prensa opositora van a cambiar eso. La evidencia que se encontró hasta ahora alcanza para confirmar el envío de armas destinadas a la represión de las protestas durante las primeras jornadas del gobierno ilegítimo de Jeannine Áñez. Los gobiernos de ambos países investigan otras pruebas y documentos con la sospecha de que la cooperación fue aún más amplia que lo que se conoció en las últimas cuarenta y ocho horas. Bolivia denunciará a Mauricio Macri ante organismos internacionales.
La secuencia a esta altura parece clara y está profusamente documentada. El 20 de octubre se celebraron las elecciones, donde Morales se impuso con más de diez puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado, margen suficiente para evitar una segunda rueda. La oposición denunció fraude y dos días más tarde el presidente le pidió a la OEA una auditoría. Mientras, en las calles, grupos armados y sectores de clase media protestaban y pedían la renuncia del mandatario. El 4 de noviembre, Luis Camacho, líder de la organización de ultraderecha Unión Juvenil Cruceñista e impulsor de las protestas, pidió al cónsul argentino en Santa Cruz de la Sierra un salvoconducto y asilo político en caso de que fracasara su “insubordinación civil”. El cónsul informó a Buenos Aires a través de la embajada.
El 10 de noviembre la OEA publicó un informe preliminar en el que señalaba que "resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta". Los observadores pidieron que se anulara el resultado y las elecciones se celebrasen nuevamente. En medio de un motín policial que dejó zona liberada a los grupos paramilitares comandados por Camacho, Morales convocó una nueva primera vuelta, pero el golpe ya estaba en marcha. Esa noche, con tanques en la calle, renunció para evitar un baño de sangre. Al menos tres informes independientes, del think tank europeo CEPR, de un especialista en elecciones de la Universidad de Michigan y de dos investigadores del MIT demostraron que la elección había sido limpia y que la denuncia de la OEA no se sostenía.
La vida de Evo corría peligro. El embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, solicitó a Buenos Aires permiso para que un avión con el mandatario depuesto pueda recibir refugio pero el gobierno argentino se negó, según el relato que hizo el propio diplomático esta semana para exculparse del escándalo. El 11 de noviembre, gracias a la gestión de Alberto Fernández (por entonces presidente electo), Morales pudo huir rumbo a México. El canciller argentino Jorge Faurie explicaba que “no están los elementos para definir un golpe de Estado" y que las Fuerzas Armadas “están simplemente haciendo medidas de diálogo con distintas fuerzas políticas”. La noche siguiente, mientras Áñez asumía la presidencia en un Senado sin quórum, despegaba del aeropuerto del Palomar un caballo de Troya.
Según un informe preliminar que realizó el ministerio de Seguridad, el operativo comenzó a montarse el mismo 11 de noviembre, cuando Patricia Bullrich ordenó enviar a La Paz a una dotación del Grupo Alacrán para operaciones especiales de la Gendarmería Nacional para proteger la Embajada. Ese mismo día se solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados la autorización para enviar a Bolivia “10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visotes nocturnos y 8820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70”, también conocidas como postas antidisturbios. Ese era el equipamiento previsto para proteger la embajada y la residencia del embajador. Pero un día después se amplió esa autorización a 70 mil postas.
El Hércules llevó a los once gendarmes y “un pallet grande de carga no declarada”, según fuentes del ministerio de Defensa. Despegó del Palomar 20 minutos antes de medianoche. En las actas consta que la tripulación y el personal pasaron por “aduana y migraciones” pero no dice nada sobre la carga. Aterrizó en la zona militar del Aeropuerto de El Alto, a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana, a las 4:40 de la madrugada del 13 de noviembre. Allí es donde la carga pasó de manos, según la hipótesis que manejan por estas horas en los gobiernos de ambos países. Ese mismo día, antes de renunciar, el comandante de la FAB, Jorge Terceros Lara, envía una carta al embajador Álvarez García agradeciendo “la colaboración prestada” y comunicando el recibo de “material bélico” que incluye 40 mil postas tipo 12-70.
Esa carta es la punta del ovillo que dio comienzo a la investigación, pero en pocas horas comenzaron a acumularse las evidencias que apuntalan esta reconstrucción de los hechos. Aunque el abogado de Terceros Lara indicó que la carta era falsa y la firma había sido fraguada, el ministro de Defensa boliviano, el documento presentado por las autoridades está certificado por la mesa de entradas de la embajada argentina y existen dos copias, una en la cancillería y otra en la propia embajada, que lo ratifican. En la representación diplomática, además, el ingreso del documento el 14 de noviembre quedó registrado por el sistema informático y también en el acta que se confeccionó un día más tarde, donde figura como “sobre de la FAB - cerrado” con destino al despacho de Normando, el embajador.
Por otra parte, el ministerio de Seguridad argentino dio a conocer que el 20 de enero del 2020 la Policía Boliviana presentó dos informes donde se daba cuenta de la llegada de gendarmes y del equipamiento necesario para defender la embajada. Con un detalle: en el inventario del material autorizado se menciona la cifra de 1350 cartuchos de postas antidisturbios, muchas menos que las 40 mil que agradeció Terceros Lara y de las 70 mil que autorizó exportar la ANMaC. La rendición de cuentas realizada por Gendarmería dice que “se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro” en las que “se emplearon la cantidad de SETENTA MIL 70.000 cartuchos calibre 12,70”. No se explica dónde y en qué ocasión y sobre todo por qué un grupo de élite como el Alacrán, entrenado para disparar con munición letal, habría utilizado ese armamento antidisturbios.
Ante la contundencia de las pruebas que aparecieron en solamente cuarenta y ocho horas, el sitio de fact checking Bolivia Verifica, que se había apresurado a calificar como “falsa” la carta de Terceros Lara, se vio obligado a retirar esa decisión y hacer una corrección inédita. Papelón para dirigentes y comunicadores del macrismo que a partir de esa etiqueta hicieron scrum sobre la granada, ventilando la desmentida sin contar de qué se trata la denuncia. La investigación prosigue en Buenos Aires y en La Paz, con la sospecha de que la colaboración del gobierno de Juntos por el Cambio con el golpe de Estado fue más profunda que lo que se conoce hasta ahora. Resta por definir, entre otras cosas, si el arsenal argentino jugó algún rol en las masacres de Sacaba y Senkata, donde fueron asesinados 27 manifestantes.
Quedan por establecer, también, las responsabilidades penales y políticas que le caben a los protagonistas de esta página oscura de la diplomacia argentina. En el gobierno boliviano ya trabajan para denunciar a Macri ante la justicia internacional y también en sus propios tribunales. Mientras, avanzan investigaciones aquí para determinar el rol del expresidente, de la exministra Bullrich y del excanciller Faurie y del embajador Álvarez García, además de averiguar si la AFI también intervino. También se busca dilucidar cuáles fueron los enlaces operativos. La lupa se posó sobre dos figuras que, al parecer, asumieron roles destacados para facilitar la llegada de ayuda: Roberto Ariel Gestos, un militar al frente de la Misión Naval Argentina en La Paz, y el agregado de Gendarmería designado por Bullrich, Sergio Malgarini.
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