Estado de excepción: el terror como herramienta de gobierno

Dieciséis personas continúan privadas de su libertad en penales de alta seguridad y otras diecisiete fueron excarceladas después de más de 48 horas de detención ilegal. Todas tienen una causa abierta por “incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”, de acuerdo al pedido de prisión preventiva que firmó para el fiscal Carlos Stornelli. En menos palabras, para el Gobierno los treinta y cuatro son “terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”.

Ninguno de ellos se encontraba, en el momento en el que fueron detenidos por la policía, en la zona aledaña al Congreso de la Nación donde se cometieron actos de vandalismo. No figura en la causa, ni es de conocimiento público, ningún elemento probatorio que los asocie a los autos quemados o a otros hechos de violencia. En su escrito, Stornelli solamente los imputó porque fueron arrestados en la marcha. Adoptó, de forma acrítica, tanto el criterio policial como la calificación política de los hechos que hizo, desde un primer momento, el Poder Ejecutivo, aunque para cuando se conoció esa resolución del fiscal ya circulaban en redes y medios videos y testimonios que demostraban que los treinta y cuatro fueron levantados al voleo.

Al mismo tiempo, entre los detenidos no figura ninguno de los individuos encapuchados que protagonizaron los hechos más violentos de la jornada del miércoles, como los que se ensañaron, durante cinco minutos, con un auto de la señal de noticias cordobesa Cadena 3, hasta prenderlo fuego, una postal con el Congreso de fondo que parecía diseñada para viralizarse. Quizás porque fue así. Orlando Morales, histórico cronista de Cadena 3, que estaba en el auto cuando fue atacado, identificó perfectamente que los autores del ataque fueron “gente inflitrada, preparada” y no manifestantes. “Cuando me vieron llegar se vinieron y lo dieron vuelta” al auto. “Para mí, estuvo preparado”, dijo en la radio.

Abundantes registros fotográficos y audiovisuales dan cuenta de cómo los atacantes tuvieron la zona liberada para la faena y huyeron sin problemas en un auto que tenía la patente al revés. De acuerdo a fuentes oficiales, 1500 efectivos uniformados formaban parte del operativo en las inmediaciones del Congreso, pero ninguno intervino mientras duró la escena. El fotógrafo del diario La Nación, Hernan Zenteno, capturó el momento en el que un encapuchado era recibido detrás de la valla por policías de uniforme que lo reciben de forma familiar. Su colega Santiago Sombra observó que otro de los asaltantes utilizaba en su pierna derecha un bolsillo táctico, accesorio habitual de las fuerzas de seguridad. 

Se trató de un plan cuidadosamente elaborado y ejecutado con la finalidad de impartir terror. El Gobierno necesitaba la plaza vacía para votar la ley de bases pero también decidió dejar una advertencia clara hacia el futuro, para que no haya más plazas. Todo aquel que participe de una manifestación contra el gobierno corre el riesgo de terminar preso en una cárcel de máxima seguridad, acusado de terrorismo y querellado por el Poder Ejecutivo. Ese fue el mensaje, cristalino. La maniobra tiene una vuelta más: identificar a los manifestantes con una fuerza política para extender las acusaciones de terrorismo y sedición a toda la oposición, con el fin último de desacreditar sus posiciones y preparar el terreno para la persecución. 

Si se ordenan los hechos, la concatenación es evidente. El miércoles, minutos antes de las dos de la tarde, luego que transcurrieran varias horas de manifestación en forma pacífica, un grupo de agentes de la Prefectura Naval atacó con gas pimienta a los diputados nacionales de Unión por la Patria Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra. Los videos del episodio se viralizaron rápidamente. El conflicto quedaba asociado a una fuerza política. Ese discurso fue reforzado por el oficialismo en las redes sociales, en los medios noticiosos e incluso en discursos de los senadores que estaban sesionando dentro del palacio.

Alrededor de las cuatro de la tarde, en el recinto de la Cámara Alta, comenzó a correr la voz entre los senadores de que el oficialismo tenía garantizados los votos para aprobar la ley en general y los capítulos más importantes. A las 16:33 un grupo de encapuchados dio vuelta el auto de Cadena 3 y empezó a prenderlo fuego. Tal como relató el cronista Morales, “las agrupaciones se corrieron y quedaron estos con la cara tapada en frente y fueron los que hicieron este lío”. Aprovechando el vacío que dejaron las columnas de manifestantes al desplazarse, la policía pudo avanzar con los camiones hidrantes y flanquear la plaza. Desde esa posición ventajosa, rápidamente avanzaron para despejar la zona. A las cinco ya no quedaba nadie.

A las 18:38 los canales de televisión dan cuenta de que uno de los detenidos en las inmediaciones del Congreso “tenía una granada”. A las 19:16, la cuenta en X de la imaginaria “Oficina del Presidente” publicó un mensaje felicitando a las Fuerzas de Seguridad  “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetuar (sic) un golpe de Estado”. En las calles aledañas al conflicto las fuerzas federales estaban de cacería, implementando por su cuenta un estado de excepción. En varias esquina de la ciudad de Buenos Aires se formaron cacerolazos a pesar de que una patrulla motorizada de la Prefectura recorrió las principales avenidas tratando de disolverlos.

Al día siguiente, Clarín tituló: “El gobierno apunta a grupos kirchneristas por los incidentes”. Sin embargo, los valientes que se adentraron en la nota pudieron leer, en el séptimo párrafo, que “en el gobierno afirman que van a identificar a cada uno de los detenidos y su filiación política, aunque reconocen también que existen muchos manifestantes detenidos que son lúmpenes, personas en situación de calle, que en principio no tienen vinculación alguna con movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, del hombre que apareció con una granada”. A pesar de eso, basado en recortes del mismo medio, de La Nación, y en el tuit de la “Oficina del Presidente”, Stornelli pidió la prisión preventiva de todos los detenidos.

En la Cámara de Diputados se discute en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior el proyecto de Ley Antimafias enviado Patricia Bullrich, que se excusa en la lucha contra el narcotráfico para establecer, sin requerimiento judicial, un Estado de excepción limitado en el que se habilitaría la detención de personas, la intercepción de comunicaciones y el allanamiento de locaciones sin necesidad de autorización de un juez. El mismo proyecto establece que todos los miembros de una organización criminal pueden ser juzgados como autores de cualquier delito que haya cometido alguno de ellos. La etiqueta que usan para esas organizaciones es la misma que eligieron el miércoles: “terroristas”. El campo está fértil.

El modelo de seguridad de Bullrich es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En febrero, ambos coincidieron en una cumbre ultraconservadora en Washington y la ministra le dijo: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”. Bukele le contestó que “como el problema” de Argentina “es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”. Este sábado, Bullrich viajó a El Salvador, donde pasará cinco días, tendrá una reunión con el anfitrión y visitará el Cecot, la cárcel más grande del continente, donde hay 40 mil personas detenidas (en un país de seis millones de habitantes). El objetivo de la gira es estudiar “la estructura que permitió bajar drásticamente el delito”. 

No todo lo que brilla es oro. Esta semana, la ONG Socorro Jurídico Humanitario indicó que “en 26 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador”. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, la directora de la organización, Ingrid Escobar, detalló que el 48 por ciento de estas muertes fueron a causa de torturas y en un tercio de los casos por negación de tratamiento médico. El año pasado el fiscal general del gobierno de Ecuador, Rodolfo Delgado, decidió archivar 142 denuncias por considerar que las muertes dentro del sistema carcelario y en el marco del régimen de excepción “no constituyen delito”.

Bullrich parece dispuesta a avanzar en ese modelo con o sin el visto bueno del Poder Legislativo. Los 34 detenidos al voleo en el Congreso permanecieron varias horas fuera del sistema, en paradero desconocido, y sin contacto con familiares ni abogados. A uno de ellos lo asfixiaron y se descompensó; tuvo que ser asistido por el SAME. A otro lo obligaron a permanecer en el suelo desnudo. Otros denuncian golpizas. Algunos “estuvieron dos noches hacinados en un patio”. A las mujeres las hicieron pasar la noche en un camión celular y luego las dejaron esposadas en un pasillo. Casi todos fueron trasladados de madrugada a establecimientos penales de máxima seguridad. El único delito que habían cometido fue protestar contra el gobierno.