“O cambien o se van a ir”. La amenaza de Mauricio Macri ante una eventual derrota del oficialismo en las elecciones de medio término, ratificada con el silencio por el resto de la plana mayor de Juntos por el Cambio, volvió a impactar en la línea de flotación del consenso democrático y plantea nuevos desafíos para la sociedad argentina, que después de un lustro miserable necesita estabilidad, tranquilidad y una mejora sustantiva de su calidad de vida, nada de lo cual llegaría de la mano de la interrupción institucional que planteó el jefe de la oposición en una entrevista radial el viernes por la mañana.
Su guardia pretoriana salió a defenderlo de la única forma posible ante semejante burrada, aduciendo que había sido malinterpretado. La frase completa, sin embargo, no parece dejar mucho margen para la exégesis: "Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo bueno, cambien o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado en la Argentina, se ha perdido la confianza".
Menos lugar a la duda deja un repaso somero por los antecedentes de Macri en lo que respecta a su compromiso con la democracia:
- Como presidente, fue el primero en el planeta en reconocer el gobierno de Michel Temer, que asumió la presidencia de Brasil después de un golpe institucional a Dilma Rousseff. Durante su presidencia se interpretaron los actos cúlmines el Lava Jato, capítulo local del lawfare, que culminó con la proscripción de Lula y la llegada de Bolsonaro al poder.
- También estuvo a la vanguardia a la hora de dar su respaldo al gobierno de facto de Jeaninne Añez en Bolivia. La evidencia que sale a la luz semana tras semana indica que, además, fue partícipe necesario de ese golpe de Estado. El envío ilegal de armamento y municiones ya está profusamente probado por testimonios y documentos.
- Esta semana, Franco Mizrahi en El Destape reveló un documento reservado que da cuenta de una reunión secreta entre funcionarios de su gobierno y diplomáticos yanquis en la embajada de Estados Unidos en La Paz, seis meses antes del golpe, donde se planificaron las falsas denuncias de fraude que sirvieron como disparador para la sublevación.
- El domingo pasado, publicó en sus redes sociales un documento del embajador del presidente imaginario de Venezuela, Juan Guaido, ante la OEA, donde vuelve a negar el golpe de Estado boliviano y reclama por la libertad de Áñez. Macri también hizo manifestaciones en el mismo sentido en una entrevista televisiva reciente.
- En julio de 2020, en su primera aparición pública después de dejar la presidencia, dialogando con el hijo poco agraciado de Mario Vargas Llosa, pidió “seguir manteniendo la presión hasta que en el ejército venezolano surja una decisión de terminar” con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, un golpe de Estado.
- En la misma entrevista, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández usó la pandemia como excusa para “avanzar sobre las libertades, afectar la libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia y la propiedad privada”, por lo que configura “un autoritarismo soft” que “puede devenir en una dictadura como la de Venezuela”.
Si existe algún macrista de cualquier ala, postmacrista, larretista, vidalista, radical nosiglista, radical de los otros, amigo de Manes, lilito, liberal, republicano, consevador democrático, peronista “racional” (de la rama de Miguel Pichetto o de la rama de Joaquín De La Torre), monzoísta o cualquier otro espécimen del campo opositor que no esté de acuerdo con alguno o todos estos conceptos, todavía no ha decidido hacer públicas sus diferencias. Esta conducta antidemocrática de Macri tampoco parece alarmar demasiado a otros candidatos de la derecha, ni al coherente Florencio Randazzo, ni a su madre.
El lejano Este
La plana mayor de Juntos por el Cambio tampoco se ha manifestado todavía respecto al balazo que recibió el diputado correntino Miguel Arias mientras participaba de un acto de campaña en Tapebicuá, hace diez días. Arias recibió el alta médica este viernes por la tarde y ya se encuentra en su casa, que es lo más importante. En paralelo, están pasando algunas cosas raras en la investigación de los hechos, a cargo del fiscal Facundo Sotelo, que decidió apoyarse en la policía local y dejar de lado a los especialistas de delitos complejos de la Policía Federal que envió a la provincia la ministra Sabina Frederic.
Ya el fin de semana pasado, a menos de 48 horas del crimen, Sotelo hizo declaraciones a medios locales manifestando que “los datos preliminares del orificio de entrada llevan a presumir que el disparo fue efectuado a corta distancia, por ende fue proveniente del público presente del predio”. Sin embargo el peritaje balístico todavía no está completo porque no fue posible extraer la bala que está alojada junto a una vértebra de Arias y los análisis preliminares con los que cuenta la PFA indican que el disparo se realizó desde una distancia de entre siete y veinticinco metros.
En un primer momento, el fiscal apuntó sus sospechas contra Bruno Medina, un militante de la Juventud Peronista que participó del acto. El miércoles 1, la concejal Celeste Ascúa, del Frente de Todos, denunció que la policía provincial y Soteldo apretaron a testigos que estuvieron ese día para que incriminaran a esa persona. Finalmente, gracias a las imágenes que registró un drone, entregadas al Poder Judicial por los organizadores del acto, se pudo comprobar que Medina aparece en otro lugar. Además, ninguno de los asistentes al acto, unos setenta en total, declaró haber escuchado una detonación ni haber visto nada extraño.
No obstante lo cual, el viernes 3 por la tarde Sotelo pidió una serie de medidas que apuntan al entorno de Martín Ascúa, el intendente de la localidad vecina de Paso de los Libres, único bastión peronista en una provincia colonizada por el radicalismo desde la intervención de Oscar Aguad a fines del siglo pasado. Cuando Arias recibió el tiro, Ascúa estaba arriba del escenario, a pocos metros. Lucas Coronado, uno de sus colaboradores más cercanos, fue allanado; le encontraron una solitaria bala del 22, él dice que plantada. La querella no conoce ningún elemento que apunte contra él y teme que quieran plantar “un perejil”.
Los medios locales, alineados con el gobernador Gustavo Valdés y su jefe político Ricardo Colombi, dieron esa misma noche una serie de fake news sobre la detención de Coronado y allanamientos en el domicilio particular de Ascúa. Además, se secuestraron los celulares de treinta asistentes al acto. Desde el peronismo correntino denuncian que sus teléfonos están pinchados y advierten que el fiscal quiere meter preso, aunque sea por pocos días, a Coronado u otro militante para instalar la hipótesis de violencia en la interna y desviar la investigación de los verdaderos responsables del intento de homicidio.
Hasta ahora, Sotelo descartó todas las hipótesis que apuntan en otro sentido. Una mujer declaró haber visto, a la hora del crimen, a un vecino que vive detrás de unas vías, a unos cincuenta metros de donde estaba Arias, con una carabina. A pesar de que lo identificó con nombre y apellido, el fiscal no pidió medidas para investigarlo. Otra línea de investigación descartada por el fiscal apuntaba hacia dos hermanos, de apellido Cano, exagentes de la Prefectura, vinculados a la familia Méndez Ribeiro, una estirpe de radicales que gobierno Tapebicuá desde hace diecisiete años.
Algunos testigos vieron un Volkswagen Gol, como el que usan los hermanos Cano, escapando del lugar del acto después de que se produjera el disparo. Además, esa misma noche los dos dieron de baja simultáneamente sus teléfonos celulares. El martes 31 la Policía Federal pidió un allanamiento siguiendo esa pista. Durante 24 horas, ni Sotelo ni su superior, la fiscal Noelia Lena, respondieron las llamadas ni los mensajes de texto. Cuando se volvieron a comunicar, la policía local ya había realizado el procedimiento, con resultado negativo, motivo por el cual el fiscal decidió dejar de investigar.
Un punto de partida
Es curiosa la coincidencia de toda la plana mayor de Juntos por el Cambio a la hora de hacer la vista de gorda ante la violencia política y los golpes de Estado, especialmente porque es prácticamente en lo único en lo que parecen estar de acuerdo. Las internas proliferan, sin excepción, en todos los distritos, trazando un mandala de alianzas y traiciones cruzadas entre las múltiples tribus, cada cual con su cacique, que conforman esa galaxia de PyMEs políticas, escritorios giratorios y proyectos unipersonales de poder. No los une el amor sino la ambición, el antiperonismo y la falta de escrúpulos.
Los principales referentes opositores de Juntos por el Cambio, paradójicamente, pasarán separados el cierre de campaña antes de las PASO y también el domingo a la noche, cuando se cuenten los votos. Horacio Rodríguez Larreta contaba con aunar a toda la oposición en la ciudad de Buenos Aires, donde juega de local. Los radicales Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Facundo Manes, que se autoperciben presidenciables, creen que asistir sería validar el liderazgo del alcalde porteño, por lo que preparan un festejo por su cuenta, esperando proyectar a un correligionario al 2023.
La amenaza destituyente que Macri propone en caso de que la oposición obtenga un triunfo en las elecciones hace una maniobra de pinzas con otra operación en marcha, por si pierden: denunciar fraude. Es la estrategia que probó sin suerte Donald Trump y ahora ensaya Jair Bolsonaro, pedir offside antes de que empiece el partido. Una vez más fue el expresidente el que echó a rodar la bola, en una entrevista a fines de junio: ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o es un juez militante? Es Ramos Padilla, que es un juez militante”, dijo.
El plan de Macri es ese. Si el peronismo pierde, iniciará el operativo de desgaste para forzar al gobierno a adoptar el plan económico de la derecha o en su defecto correrlo del poder. Si gana y se acerca al quórum propio en ambas cámaras, intentará bloquear el funcionamiento del Congreso desconociendo su legitimidad. Es el camino que tomó la oposición venezolana. Haría bien la dirigencia de derecha argentina en tomar nota de que esa receta sólo los llevó a dos décadas de fracasos y que ahora, finalmente, están retomando el diálogo para normalizar la vida democrática en ese país.
En el Frente de Todos existe un sector que considera prioritario, después de las elecciones, establecer algún tipo de acuerdo con dirigentes opositores dispuestos a tomar distancia de esas posiciones que no solamente erosionan la convivencia democrática sino que, al antagonizar automáticamente con cualquier propuesta del oficialismo, lesionan el trabajo parlamentario y bloquean el avance de leyes en temas clave. Hubo contactos preliminares pero nadie se animará a dar un paso hasta conocer el resultado de los comicios y leer el nuevo mapa que quede plasmado a partir de noviembre.
A una semana de ir a las urnas, las encuestas, que suelen converger a medida que se acercan los comicios, hoy muestran escenarios muy dispares, con una sola constante: el alto nivel de desinterés y desencanto social, que se traduce en baja intención de votar y una posible suba del voto en blanco e impugnado. Eso, al menos, se ratificó en las tres elecciones que hubo este año en el país, en Misiones, Salta y Corrientes, siempre con asistencia alrededor del 65% y niveles de voto no positivo de dos cifras. La incertidumbre cunde en ambas campañas, que esperan lo mejor pero se preparan para lo peor.
El oficialismo buscará mostrarse unido para contrastar con los tironeos opositores. Cerrarán esta campaña atípica en Mar del Plata y La Plata, dos ciudades que gobierna el PRO pero estuvieron cerca de quedar en manos peronistas en 2019. Intuyen que ahí hay votos frescos que se pueden sumar a la cuenta. Estarán el presidente, la vicepresidenta, los dirigentes de primera línea y todos los candidatos. Los cañones están todos puestos en la provincia de Buenos Aires, donde, según consideran los estrategas del Frente de Todos, se juegan la diferencia que permita un triunfo a nivel nacional.
La apuesta del gobierno es que las PASO marquen un punto de partida. Hay quienes son optimistas y otros pesimistas respecto al resultado del domingo que viene, pero todos están convencidos de que en noviembre la gente irá a votar en una situación económica sensiblemente mejor y que por eso la performance del oficialismo será mejor que en las primarias, algo que no sucede desde 2011. Si se cumplen esos pronósticos, la primera parte de la maliciosa profecía de Macri no se habrá cumplido. Eso no significa, por supuesto, que los peligros para la democracia argentina vayan a esfumarse al día siguiente.
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