El poder de Milei en la licuadora y la fractura expuesta en la derecha

“Javier está muy preocupado, tiene miedo de que se le achique la fuerza legislativa. Pidió bajar la espuma porque hay demasiada confrontación interna. Está todo roto entre Karina y Villarruel, todo roto entre Santiago y Pettovello, que es imprescindible para Javier. Se complicó el vínculo Karina-Santiago y todo eso potencia la lentitud en la gestión, la anarquía y la acefalía”. La descripción de uno de los funcionarios que dialoga con Javier Milei sin intermediarios da cuenta del momento que atraviesa la fuerza que soñaba con refundar la Argentina. La crisis parte de la cúpula del poder, se traslada a los bloques sin conducción en el Congreso y perturba al poder económico en el marco de una país sin dólares que entró en una recesión interminable. 

La Libertad Avanza ya demostró que puede inscribirse sin problemas en la deriva de los últimos gobiernos: la semana que empieza siempre puede ser la peor. La ley que aprobó el Senado para recomponer los ingresos licuados de los jubilados, la tensión con Mauricio Macri y con Victoria Villarruel, la fractura expuesta en el bloque de diputados de La Libertad Avanza, el rechazo al DNU que publicitó el aumento de los fondos reservados para la SIDE y el nombramiento de Martin Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia señalan el abismo entre la ultraderecha y sus objetivos.  

La política del linchamiento en redes pierde efecto entre la dirigencia política y cada vez son más los que se le animan a Milei. En paralelo, la balcanización se impone en los distintos espacios. Cada ley es un mundo aparte, nadie tiene garantizado los votos y no se sabe quién es quién. La traición al pueblo trabajador que denunció el presidente que usa la motosierra contra los débiles fue demasiado. Los senadores anularon el aumento de sus sueldos de privilegio y lo pusieron contra las cuerdas con la sanción de la ley jubilatoria que tuvo 61 votos a favor y 8 en contra. La venganza de la casta. 

Milei va camino a vetar una ley que según sus cálculos fantasiosos podría costar 1,2% del PBI y 370 mil millones de dólares. Para la mayoría de los economistas, la cifra real ronda el 0.44% del PBI sin el pago a las cajas jubilatorias, que está incluido en el artículo 10 de la ley. Para el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, la ley llega 7 meses tarde en un cuadro de pauperización donde el gran ajuste lo pagan 6 millones y medio de personas, los adultos mayores que cobran la mínima. “El superávit fiscal que se festeja cada mes está costando vidas de jubilados”, dice. En 2024, las jubilaciones ya perdieron entre el 10% y el 15% de su poder adquisitivo.

Para Semino, Luis Caputo continúa la senda de Sergio Massa, que transformó en política de Estado el bono no remunerativo. La jubilación mínima en septiembre llegará a 234 mil pesos y suma el bono de 70 mil pesos que está congelado desde marzo. Pero la Defensoría estima en base a datos del Indec que la canasta básica del jubilado oscila entre 850 mil y 900 mil pesos si se incluyen medicamentos y gastos de vivienda. En la ciudad de Buenos Aires, el costo de vida lleva a que cada vez más jubilados vivan en pensiones donde pagan 180 mil pesos por una habitación con baño compartido.

La ley tiene dos beneficios. Convierte el bono en remunerativo y abre la posibilidad de actualización por salarios vía RIPTE. Eso le impediría a Milei y Caputo seguir ajustando a gusto, al margen de la ley. La competencia de crueldad con los viejos que advierte Elisa Carrió se extiende hasta hoy. Macri se fue debiéndole un 6% de aumento a todos los jubilados por la ley previsional que se tragó un mes y otro 19,5% por la licuación de 2018 y 2019. En 2023, incluso perdieron los jubilados que cobraban el bono: tuvieron una actualización de 140% contra una inflación anual de 211%. 

Hay decenas de fallos que le dan la razón a los jubilados y están desde hace más de cuatro años a consideración de la Corte Suprema que Milei pretende ampliar por ahora con dos nombres, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. No se trata de una cuestión menor. Para Macri, la sanción de la reforma previsional a fines de 2017 representó el principio del fin. Apenas dos meses después de haber ganado las legislativas, su popularidad comenzó a declinar. Milei, que se cree una excepción histórica en todos los planos, está a punto de patear un hormiguero. Encuestadores como Hugo Haime no descartan que el veto de Milei a la ley pueda tener un costo similar al que tuvo para el ex presidente. Además, algunos piensan que su impacto es comparable al que tiene el tema de las universidades. 

La luna de miel se terminó hace rato. Un estudio de una consultora cercana al gobierno registró en los últimos dos meses una caída de 9 puntos en la imagen presidencial, algo que no alteró siquiera la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Los números, que están en poder de Macri y su entorno, confirman que la inflación dejó de ser el problema más angustiante y que también la seguridad cayó fuerte entre las cuestiones que más perturban a la sociedad argentina. En paralelo, la pobreza y el desempleo aumentaron 10 puntos entre junio y agosto hasta ubicarse como las principales preocupaciones sociales. El mismo trabajo muestra que la pelea de Milei con Villarruel arruina uno de los principales activos que vendía el ex panelista. “Se castizó y la gente lo empieza a ver”, dice uno de los autores del trabajo. 

La contradicción interna de la extrema derecha se expresa en lo más alto. La presidenta del Senado cuestiona al ex panelista y le factura “las sobreactuaciones que parasitan a la política”, pero los dos lucraron con eso para llegar al gobierno en tiempo récord. A las dificultades de Milei para ejercer el poder, se suman los dilemas de un Macri que no sabe cómo ubicarse. En el Senado se vieron los límites del doble discurso del ex presidente, algo que Patricia Bullrich no piensa perdonarle.

Macri le dio de comer a un monstruo y ahora sus márgenes se reducen. Los senadores del PRO querían votar el dictamen de minoría que no salió y del dictamen de mayoría aprobado rechazaron los artículos 2, 4 y 10, en línea con lo que votó el bloque oficialista. Entre la confusión y el oportunismo, algunos se dieron cuenta de que habían quedado mal parados y amanecieron con genes populistas: pretenden que Milei deje de financiar a la SIDE, aumente Bienes Personales y le cobre más a los que van a entrar en el blanqueo. 

Si algo caracteriza la exhibición de los últimos días es la sensación de que el precario andamiaje que construyó Milei sobre las ruinas de la polarización entró en un temprano estado de descomposición. La dirigencia política le perdió el miedo a la cacería en redes y Villarruel ya se burla ante las cámaras de la autoridad presidencial. 

El enfrentamiento interno derivó en la repentina designación de Lousteau como presidente de la Bicameral de Inteligencia. La disputa entre el peronista converso Edgardo Kueider -que promovía Santiago Caputo-  y el macrista Martin Goerling que tenía los avales del PRO y de Villarruel terminó en callejón sin salida. El gobierno no puede decir que nadie le avisó. Hace dos semanas, Lousteau habló con la vicepresidenta. "Yo no estoy para votar a Goerling para que Caputo nos diga que somos los culpables y volver a ser carne de cañón. Tampoco estoy para votar a Kueider y darle el control de la SIDE al mismo que la maneja y tenemos que auditar", le dijo. 

Para Caputo, la derrota no es absoluta porque Emiliano Yacobitti es un nexo de enorme poder que lo conecta con el titular de la UCR. Ahora, mientras Milei acusa de kirchnerista al radical que más aborrece, Macri lo denuncia por acordar con el asesor estrella. Lousteau cerró un acuerdo con Leopoldo Moreau para conseguir el apoyo del kirchnerismo y quedarse con un lugar desde el que podría, si quisiera, condicionar los movimientos de la extrema derecha. 

Las malas noticias para Milei tal vez no se hayan terminado. Desde la oposición ya anuncian que el DNU rechazado en Diputados también lo será en el Senado en las próximas semanas. El espionaje desvela a Macri, que carga con una causa en Comodoro Py por espiar a dirigentes de la oposición y su propio partido con una banda de policías y lúmpenes. Fue lo que le dijo Guillermo Francos a Mariano Martin en El Destape. “El expresidente está equivocado (..) tiene bastante experiencia en estos temas. Su gobierno tuvo una gran cantidad de fondos para aplicar a la tarea de inteligencia del Estado y ha sido criticado por eso. Tiene causas, su gobierno ha tenido varias causas y denuncias penales por este tema”.

Los fondos reservados y la pelea interna por la Bicameral no pueden leerse desligados de la designación de Lijo en la Corte. Es otro tema clave en el que se multiplican las negociaciones detrás de escena. Preocupado por el fracaso de su plan, Milei apuntó en las últimas horas directamente contra Julio Cesar Saguier y lo acusó de “operar” en su contra “todo el tiempo” a través de sus “esbirros mediáticos”. Saguier está unido en este tema a Macri y Villarruel. 

Emblema del poder extorsivo de Comodoro Py, Lijo tiene un modus operandi que le rinde altos dividendos: define en casos que no le traen costos y demora durante años causas con las que mantiene condicionada a la clase política. De hecho, su paso por la comisión de acuerdos del Senado fue casi un picnic. En una muestra más de un pacto opaco de espaldas a la sociedad, el Senado no habilitó una audiencia pública para que las organizaciones de la sociedad civil que impugnaron el pliego del juez fueran escuchadas. La audiencia se hizo el jueves en el anexo de Diputados organizada por el CELS, Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), pero no tuvo difusión en los medios. 

Unión por la Patria todavía no hizo pública su posición sobre un magistrado emblema del lawfare que Cristina denunció durante los años del macrismo. Lousteau, que tampoco anticipó su posición, espera que los costos los pague el peronismo y se haga cargo del dictamen. Por su trayectoria viscosa y la infinidad de denuncias en su contra, Lijo genera contradicciones en el bloque de poder. García Mansilla, en cambio, tiene méritos para contar con el apoyo incondicional del establishment. Sin embargo, el INECIP plantea en su impugnación que, en términos de independencia, su caso es todavía más preocupante que el de Carlos Rosenkrantz. Especializado en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral defiende desde hace 20 años a empresas petroleras y es, desde hace 10 años, el Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Si obtiene apoyo para su pliego, dos de los cinco miembros de la Corte tendrían una trayectoria de defensa de los intereses de los grupos empresarios. Una forma de hacer manifiesto el sesgo de clase de la justicia argentina, desde la cabeza del Poder Judicial. 

No es lo único que se le objeta a García Mansilla: también que desconoce la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, niega los derechos de los consumidores y rechaza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos límite. La impugnación de Ongs como la Fundación Siglo XXI y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer señala el rechazo de García Mansilla al fallo de la Corte que eximió a una adolescente de 15 años, víctima de una violación, de la necesidad de realizar denuncia penal, solicitar dictamen médico o requerir autorización judicial para acceder a un aborto.

Los problemas de Milei se replican en Diputados. Martin Menem solo se beneficia por contraste con Villarruel pero le llueven críticas por su amateurismo. El sobrino del ex presidente no heredó la capacidad de su familia y los Milei solo disponen de una remake clase B de lo que fue el menemismo. Desde que Oscar Zago fue eyectado de LLA, Gabriel Bornoroni está pintado y Menem pretende ejercer la conducción del bloque, pero la oposición lo madruga en forma sistemática. El miércoles pasado, cuando bajaron al recinto, los diputados del oficialismo suponían que no iba a haber quórum para rechazar el DNU de los fondos reservados de la SIDE. Algo similar pasó en algunos opositores que se escondieron hasta último momento. La ausencia de Gisella Marziotta generó tensión en Unión por la Patria y potenció las teorías sobre el poder transversal de Santiago Caputo, lo que le permitiría extender su blindaje mediático también a los medios del Grupo Octubre.

Las revelaciones de Lourdes Arrieta sobre la visita a los genocidas tensan tanto la relación de Bullrich con Menem como la de Milei con Villlarruel. En el oficialismo admiten que el proyecto de la ultraderecha para liberar a los genocidas no sólo incluía al cura Javier Ravasi. También hay ex jueces y fiscales que participaban de los preparativos.