La paritaria del 40% para trabajadores legislativos, con la firma de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa, dos de los pilares que sostienen el Frente de Todos, y el visto bueno del tercero, Alberto Fernández, es el primer reconocimiento oficial de que la pauta de inflación del 29 por ciento prevista en el presupuesto quedó obsoleta antes de mitad de año. También muestra el camino que el gobierno imagina para lo que resta de este 2021 que sin haber dejado atrás la pandemia comienza a tomar color electoral. La opinión en el oficialismo es unánime: es necesario que haya más plata en los bolsillos, ya mismo. Más difícil, se ha dicho, es ponerse de acuerdo en las herramientas.
Sin embargo empieza a asomar una hoja de ruta, que se traza a partir del último debate saldado al interior del gobierno. En el marco de la pandemia y después de una larga recesión, las transformaciones estructurales necesarias para encarar un proceso de crecimiento sostenido deben ir al ritmo que permitan las urgencias económicas y sociales. Ni más lento, porque en este país el riesgo de un nuevo tropiezo siempre está a la vuelta de la esquina, ni más rápido, porque no hay margen en el humor social para pedirle paciencia a los argentinos. Sobre ese filo, con un abismo abriéndose a cada lado, el oficialismo debe construir el camino a las elecciones de noviembre.
La primera pieza del puzzle es la que pusieron CFK y Massa en el Congreso, habilitando paritarias por encima de la pauta del 35 por ciento que se manejaba hasta ahora. La señal de largada rebotará en la mesa de negociación de gremios como Camioneros, que tradicionalmente se abren a esta altura del año. Pablo Moyano ya anticipó que espera un acuerdo que supere el 40 por ciento. También acelerará la reapertura de acuerdos ya cerrados que incluyen alguna cláusula de revisión, algo que la mayoría de los gremios tuvo el recaudo de hacer. También está previsto que los aumentos de jubilaciones y AUH superen el nivel de la inflación y no se descarta que haya bonos para reforzar los ingresos de esos sectores.
En los próximos días el gobierno dará a conocer más detalles de su plan de inversión social para compensar los efectos de la pandemia este año. No está previsto el regreso del programa ATP, pero eventualmente podría haber una nueva ronda de IFE o un nuevo bono extraordinario como el de 15 mil pesos que se repartió en el AMBA ante las nuevas restricciones. También se anunciarán más refuerzos para los mecanismos de transferencias directas (como AUH y Tarjeta Alimentar); un programa para subsidiar la contratación en el sector privado a través del pago de aportes no reembolsables (que ya fue promulgado en el boletín oficial del viernes) y estímulos y créditos para PyMEs.
Esta tanda de anuncios, que irán desgranándose de acuerdo a lo que convengan Fernández y CFK en esa mesa de dos que funcionará como terminal última de toda la campaña del Frente de Todos, no sera la última. En el gobierno preparan una secuela en agosto, algunas semanas antes de las PASO, que se postergaron esta semana en el Congreso, por motivos epidemiológicos. Para entonces se espera que se haga efectivo el desembolso de los más de 4 mil millones de dólares que le corresponden a la Argentina por la ampliación de la cartera del FMI y que desde el gobierno ya corroboraron que van a utilizarse para financiar gasto social y medidas de morigeración de la pandemia.
De todas formas, para que la transferencia de recursos se transforme en una mejora efectiva del poder adquisitivo es necesario que los precios dejen de subir al ritmo que vienen llevando, y esa es la tarea más importante, mientras el operativo de vacunación avanza al ritmo previsto: esta semana se aplicaron casi dos millones de dosis. En el gobierno aseguran que ya está prácticamente acordado el pacto con productores y frigoríficos para establecer precios populares de varios cortes de carne a un valor menor al de ahora; debería oficializarse en las primeras horas de la semana. En Economía trabajan para cerrar otro trato similar que alcance a productos de la canasta básica.
Son medidas de contención mientras se trabaja para solucionar los problemas de fondo que alimentan la inflación. El freno de mano al dólar ya lleva dos meses y no parece incompatible con el fortalecimiento de las reservas, que sumaron en mayo más de 1700 millones. De la misma manera, se decidió finalmente pisar los aumentos de las tarifas energéticas. Debe leerse en igual sentido el compromiso que asumió el gobierno de no volver a permitir un aumento de combustibles este año. El plan siempre fue que la desaceleración en la suba de precios se notara fuerte en la segunda mitad de 2021, aunque el punto de partida termina siendo bastante más alto que el que estaba planeado.
De todas formas, incluso en el escenario más optimista, resulta impensable que los 25 puntos de poder adquisitivo que perdieron los trabajadores durante los cuatro años de macrismo y la pandemia se puedan recuperar no en un año ni en dos, sino siquiera en una década. No sucedió algo así ni en los años de crecimiento a tasas chinas, cuando sólo la implementación de una política de transferencias directas como la AUH logró bajar los niveles de pobreza más allá del 30 por ciento con el que chocaba la puja distributiva. En el gobierno entienden que, una vez quede atrás la pandemia, es necesario un shock si se quiere rescatar a los argentinos que se cayeron de la clase media en el último lustro.
Existen dos maneras de hacerlo. La primera es intentar repetir la experiencia de la AUH, es decir la implementación de un nuevo derecho a través de transferencias directas de una cantidad significativa de recursos a una población amplia, como podría suceder a través de una Renta Básica Universal. Hay un sector del gobierno que viene estudiando esta alternativa desde que comenzó la pandemia, como se consignó oportunamente en El Destape. Por ahora no cuenta con luz verde del Presidente. Son dos los obstáculos que debería sortear antes de volverse realidad: encontrar un esquema que resulte financieramente sustentable y vencer las resistencias y la desconfianza de un sector fuerte de la coalición oficialista.
La segunda forma de sacar a una cantidad significativa de argentinos de la miseria en un plazo tolerable socialmente es garantizando el acceso a la vivienda. Dejar de pagar un alquiler tiene un impacto tan fuerte en la economía de una familia que muchas veces significa la diferencia entre estar o no por encima de la línea de pobreza, de manera inmediata. Por eso Fernández prepara un programa que apunta a fabricar 250 mil unidades habitacionales hasta el final de su mandato, lo que alcanzaría a resolver la situación de uno de cada cinco hogares con déficit de vivienda en el país. Desde noviembre, cuando asumió Jorge Ferraresi al frente del ministerio de Hábitat, se comenzó a trabajar con ese objetivo.
El martes, Ferraresi y Fernández encabezaron un acto en el que se hizo entrega de la vivienda número 10 mil desde que el exintendente de Avellaneda asumió esa cartera, en noviembre del año pasado. Habrá más anuncios en los próximos días, vinculados a la compra de terrenos para edificar por parte del Estado en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, lanzado hace un año. El gobierno nacional abrirá esta semana una licitación para adquirir lotes que alcancen para construir casas y departamentos para 80 mil familias e invitará a las provincias y los municipios a sumarse al programa, que contrasta con el antecedente macrista de venta de tierras públicas a emprendimientos privados.
Por último, la apuesta por la vivienda muestra repercusiones virtuosas en el plano económico y en el político. En primer lugar, porque la construcción es una actividad que tiene efecto multiplicador en la economía, intensiva en el uso de mano de obra y que requiere de insumos provistos por otras industrias subsidiarias, en muchos casos de manera local, retroalimentando el crecimiento en cada rincón del país donde se avance. Además, la enorme mayoría de los insumos que se requieren son producidos en el país, de manera tal que un incremento en la demanda no significa presión extra sobre el tipo de cambio mediante el aumento de las importaciones.
Y la entrega de viviendas es algo que impacta de manera directa en la vida de las familias y que, de forma capilar, llega directamente a todo el país. Son, como las vacunas, y también como el precio de la carne, actos de gobierno cuyo efecto no está mediado por otros narradores sino que se siente en la propia piel, para bien o para mal. Quizás no se vea reflejado en las portadas, pero el que recibe la casa propia, el que se aplica la vacuna o el que va una vez por semana a la carnicería contando los billetes para comprar un par de churrascos no necesita que nadie se la cuente. Hasta allí no alcanzan los largos dedos del márketing ni hace efecto la desinformación. Sólo queda la política.
Cerrar sesión