Una semana le alcanzó a Javier Milei para consumar el fraude político más impactante de la historia argentina reciente. Pocos días bastaron para que el presidente echara por tierra todos sus compromisos de campaña y revelara su verdadera faz. No es el primer presidente libertario del planeta, ni un experimento de vanguardia de la derecha moderna; es el cuarto ciclo neoliberal en la Argentina, con los mismos protagonistas de siempre y el impulso de una ultraderecha desatada como no se veía desde los días de la última dictadura.
Milei no vino a terminar con la casta sino a aliarse con ella para transformar a la Argentina, nuevamente, en un exportador de productos primarios, sin industria, ni clase media, ni proyecto de país. Solamente un impúdico catálogo de negocios para unos pocos. En algo no mintió. Si logra su cometido, si consigue implementar su programa de reformas, las más regresivas del último siglo, el país va a parecerse mucho al que existía en el año 1900. Todo lo demás que dijo durante la campaña era mentira. Un fraude.
“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, decía en campaña. Una vez en el gobierno, mientras sigue recluido en un hotel, sin hablar con los medios ni dar la cara más que en las redes sociales, decidió delegar sus responsabilidades en los mismos de siempre: Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Viejos conocidos que tuvieron sobradas oportunidades de demostrar su valía para la cosa pública y cada vez, sin excepción, se fueron por la puerta chica, dejando al país en ruinas.
Sturzenegger fue la mano derecha de Domingo Cavallo en 2001 y el autor intelectual del Megacanje, una operación financiera que convirtió una deuda de 20 mil millones de dólares en una de 50 mil millones y precipitó la caída del gobierno de Fernando De La Rúa. En esa maniobra, un grupo de bancos elegidos a dedo se hicieron con 150 millones de dólares por tareas de intermediación, lo que culminó con los funcionarios procesados en una causa penal por negociaciones incompatibles con la función pública.
El sobreseimiento alivió a Sturzenegger en 2016, a pocos meses del comienzo del gobierno de Mauricio Macri, que volvió a designarlo, esta vez al frente del Banco Central. Desde ese lugar, encabezó la fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, en la que apenas horas después de que el Congreso aprobara el presupuesto para el año siguiente, se modificaron de forma sustancial los parámetros macroeconómicos. A partir de ese día comenzó la debacle que poco más tarde culminaría con el regreso de la Argentina al FMI.
Luis Caputo fue secretario de Finanzas en los primeros dos años del gobierno de Macri. Su principal tarea fue acordar el pago a los fondos buitre, respaldado por la mayor emisión de deuda registrada para un país de renta media en más de veinte años. El procedimiento fue irregular y el monto desembolsado mayor a la sentencia. El principal beneficiario, Paul Singer, se llevó más de 4 mil millones de dólares. En una entrevista Singer admitió haber aportado 2,5 millones a la campaña de Macri a cambio de destrabar ese litigio.
Fue promovido a ministro en 2017 y desde ese lugar impulsó un bono a cien años con condiciones muy costosas para el fisco y también los llamados botes que pronto se convirtieron en el instrumento favorito de los fondos especulativos que ingresaban dólares a la Argentina para hacer la bicicleta. En junio de 2018 sucedió a Sturzenegger en el BCRA. A poco de asumir se desató una crisis cambiaria que marcó el principio del fin del gobierno de Macri. Cuatro meses más tarde tuvo que renunciar a pedido del FMI.
Patricia Bullrich también tiene, como Sturzenegger, una tercera oportunidad. Fue, también, funcionaria de la Alianza. Ese paso por la administración nacional será recordado porque, como ministra de Trabajo, fue la vocera del recorte del 13 por ciento de los salarios y las jubilaciones. Años más tarde se recicló como macrista y desde el ministerio de Seguridad fue la funcionaria encargada de intentar que vuelva a ser legal en la Argentina disparar por la espalda. No lo logró y ahora llega a concluir esa tarea.
El organigrama dice que el gobierno de Milei tiene nueve ministerios pero en la práctica, al menos esta primera semana, solamente funciona con estos tres. El ministerio de Economía, a cargo de Caputo, encargado de implementar el brutal ajuste; el de Seguridad, en manos de Bullrich, que tendrá la tarea de garantizar el orden que permita avanzar con esa hoja de ruta; y un ministerio fantasma de Reforma de Estado, tomado por Sturzenegger, que a pesar de no tener un cargo da órdenes en las reuniones de gabinete como si fuera el jefe.
El resto del gobierno es, por ahora, decorado. Nada hace el ministerio de Capital Humano, que Milei puso en manos de Sandra Petovello; ni el de Infraestructura, cuya función es un misterio toda vez que el Estado decidió no realizar obra pública. Cancillería sigue sin asignar embajadores clave, Defensa no tiene hipótesis de conflicto, y así con todos. Aún hay cientos de oficinas vacías y miles de empleados que, sin certezas sobre su futuro, trabajan a la espera de indicaciones de las nuevas autoridades.
Hay un tuit extraordinario del nuevo presidente, que dejó un cuantioso archivo para medir la magnitud de su fraude político. Es del 9 de agosto, días antes de las PASO. Milei se pregunta: “¿APARECIO EL PLAN? ¿Este es el plan económico de Larreta y Bullrich? Licuar a los que ganan en pesos con una hiper y aumentar las tarifas para ajustar al sector privado. El mismo plan de hace 70 años. El mismo plan que viene fracasando. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.
Una vez que llegó a la presidencia, no solamente delegó el gobierno en los mismos de siempre (que salieron terceros lejos en las elecciones generales) sino que está aplicando ese plan al pie de la letra: precipitar una hiper autoinflingida y subir las tarifas para ahogar el nivel de actividad. Sólo que ahora la culpa de la inflación es del gobierno saliente y al aumento de tarifas le dice “ajustar a la casta”. Hay muchas preguntas para hacer al respecto pero el hombre que saltó a la fama polemizando en los medios hoy rehuye a las cámaras.
El tema de la hiper es llamativo. Mientras el INDEC mide un 160 por ciento de aumento en los precios para los últimos doce meses y el propio Milei, durante la campaña, decía que la inflación estaba corriendo a una velocidad del 300 por ciento anualizada, ahora el presidente y su vocero asustan con cifras mucho más altas. El viernes por la mañana Manuel Adorni y Milei hablaban de 3600 por ciento anual. Por la tarde, en un tuit, el jefe de Estado inflaba esa cifra a más de 7500 por ciento. Como si buscara causar pánico.
Una hipótesis tiene que ver con acelerar el daño mientras es plausible, aún, echarle la culpa al gobierno anterior. Otra, que no es incompatible, es que quiere precipitar el conflicto mientras dure el crédito social, que podría (aunque no es seguro) licuarse muy rápidamente en este contexto de crisis. Además, una reacción opositora en las primeras semanas de gestión permitiría poner en escena una victimización más creíble y acusar a la oposición de golpismo, como paso previo a endurecer el aparato represivo. Ya volveremos sobre eso.
El fraude político es completo. En campaña, Milei dedicó incontables minutos de aire a explicar que el ajuste era inevitable pero que la diferencia entre su propuesta y la de Sergio Massa era que él haría recaer el peso de esas medidas sobre la casta y no sobre la gente. Hay muchísimo archivo que deja en evidencia la mentira. Lo primero que hizo en el poder fue sellar una alianza con la crema de la casta argentina. No solamente los Caputo, Bullrich y Sturzenegger, personeros con sueldos de lujo, sino también con los dueños del país.
Mientras sube el precio del pan, la leche y la carne a un ritmo que no se veía desde hace más de treinta años, florecen envidiables oportunidades de negocios para los principales empresarios argentinos. El 0,01 por ciento más rico, la verdadera crema de la casta. Mientras los medicamentos duplicaron su valor en diez días, se disparó el valor de los activos financieros. Mientras bajan las retenciones a la soja y se duplica el dólar que cobran los exportadores, cancelan la devolución del IVA a la canasta básica.
Caputo dijo esta semana que fueron los gobernadores quienes le pidieron restablecer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, deslindando responsabilidad del presidente en esa decisión. Es mentira. Este viernes, en un zoom con el ministro de Interior, Guillermo Francos, los gobernadores peronistas le plantearon esa situación. Gildo Insfrán, de Formosa, Axel Kicillof, de Buenos Aires, y Sergio Zilloto, de La Pampa, tomaron la voz cantante. Van a repetirlo en un encuentro presencial con Milei el martes, en Casa Rosada.
Es cierto que las provincias necesitan recuperar los recursos resignados a partir de la eliminación de ganancias, pero plantean que eso debe hacerse por otras vías, para no afectar aún más el poder adquisitivo de un millón y medio de trabajadores que ya están siendo afectados por la altísima inflación. La propuesta alternativa de coparticipar el impuesto al cheque y el impuesto PAIS cuenta con el respaldo de gobernadores de todos los signos políticos, incluyendo al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
La pregunta es cuánto tiempo soportará la sociedad el daño de la crisis económica y social sumado al insulto de la mentira sistemática. Los mismos voceros informales que hasta hace un mes decían que no se podía estar peor y era necesario un cambio a cualquier costo ahora sostienen que la gente estaba viviendo demasiado bien, por encima de sus posibilidades. Las reservas para las vacaciones de este verano están derrumbándose. Al menos dos provincias, San Luis y Santa Fe, pagarán los salarios en cuotas. No era la casta.
Resulta pertinente en este punto recordar las palabras del multimillonario norteamericano Warren Buffett, uno de los primeros que salió a denunciar las injusticias estructurales del sistema fiscal que le cobra un mayor porcentaje de los ingresos a su secretaria que a él. En una entrevista en el año 2006, Buffett dijo que contra lo que se supone, la guerra de clases no había terminado con la caída del muro de Berlin. “Es mi clase, los ricos, los que seguimos haciendo la guerra, y vamos ganando”.
En Argentina estamos presenciando el comienzo de una nueva ofensiva en ese conflicto. Milei, el presidente que venía a acabar con la casta, puso al Estado al servicio de los megaricos, los únicos que van a salir ganando mientras el país se hunde en niveles de pobreza, desigualdad e indigencia inéditos, con la violencia que eso trae aparejado. Si tienen éxito, cuando todo termine, la clase media habrá desaparecido, el ascenso social será una utopía y nuestra sociedad estará rota de tal forma que costará muchísimo reparar.
Para eso no escatimarán en herramientas, como quedó claro con la presentación del plan de Bullrich contra la protesta social. La iniciativa, entre otras cosas, deroga el protocolo vigente que, hasta esta semana prohibía a los agentes involucrados en el control y represión de marchas la utilización de armas de plomo. Además permite que se haga inteligencia sobre los individuos y organizaciones que forman parte de manifestaciones, e involucrar a personas afiliadas a esas organizaciones aunque no estén presente en el lugar.
Lo que se presentó como un decreto antipiquetes es lisa y llanamente un estado de excepción, que limita los derechos de expresión y protesta, y choca contra todas las garantías constitucionales y los pactos internacionales. Así lo entiende el relator especial de ONU para la libertad de asociación y reunión, Clement Voule. “Argentina. Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”, advirtió.
Bullrich está, una vez más, dispuesta a derramar sangre de argentinos. El viernes recibió en su despacho al diputado José Luis Espert, que horas antes había amenazado de muerte a dos de sus pares, los legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás Del Caño. En su cuenta de X, Espert los señaló: “Cárcel o bala”. La ministra de Seguridad, que en otro momento había mandado a detener a personas por postear mensajes mucho menos violentos que ese, ahora festeja graciosamente la ocurrencia del economista.
Esta semana, el diario La Nación hizo algo que acostumbra hacer ante cada cambio de gobierno: publicar un editorial exigiendo la liberación de los militares y civiles presos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La nota va en línea con lo que expresó la activista de esa causa Cecilia Pando en un video que publicó hace pocas semanas: si no hay impunidad para quienes cometieron aquellos crímenes, las fuerzas de seguridad podrían negarse a volver a hacerlo ahora.
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