El juicio político es, por ahora, un holograma: parece que está ahí pero no existe. Algunos personajes intentan impostar una centralidad que no tienen arrogándose la iniciativa, a la que no pueden aportar un solo senador o diputado, por carecer de esa módica representación institucional. En el mundo real no hay ningún proyecto en tal sentido que tenga estado parlamentario ni el tema figura en la agenda de ningún bloque. Si alguien lo impulsara, los votos no están.
La amenaza de un juicio político, por otra parte, sí existe. Es una herramienta que utilizó Mauricio Macri para saldar a su favor el eterno tira y afloje con los Milei por el reparto de poder. Por momentos, la semana pasada, estuvo cerca de conseguirlo. Con un tuit, Cristina Fernández de Kirchner le mojó la pólvora al jefe del PRO e hizo retroceder las negociaciones a foja cero. Sin los votos del peronismo que aún responde a CFK, las amenazas del expresidente perdieron peso.
Tampoco le alcanzan las cartas que tiene en la mano para ofrecerle a Milei un blindaje legislativo, no ante la posibilidad remota de una destitución sino ante la amenaza inminente de que el Congreso insista con dos tercios de los votos sobre una ley vetada por el presidente. La mejora en la fórmula jubilatoria será el primer test para el gobierno, pero difícilmente el último. Esta semana el Senado podría sancionar la nueva ley de financiamiento de las universidades.
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En la cámara alta, con la salida del formoseño Francisco Paoltroni, el oficialismo sólo tiene 6 de 72 senadores y está expuesto a derrotas muy abultadas, como sucedió la semana pasada con la fórmula previsional. Las esperanzas del gobierno están puestas en conseguir suficientes diputados para que la cámara baja se convierta en la última línea de la defensa de Milei ante los frenos que pueda intentar ponerle la oposición en el Congreso.
El bloque de LLA tiene 37 diputados y el PRO otros tantos. En total 74 bancas, 12 menos que las necesarias para bloquear una mayoría calificada. El bloque que conduce Oscar Zago acompañará al oficialismo. Son tres. Faltan nueve que deberán ir a buscar de a uno entre aliados como Ricardo López Murphy, Carolina Píparo, y su compañera de bancada Lorena Macyszyn, la tucumana Paula Omodeo y dos sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego.
Si consiguen alinear todas esas voluntades, llegan a 82 votos, todavía cuatro abajo del número necesario. Con el correr de las horas se va tornando cada vez más importante lo que haga la recién expulsada Lourdes Arrieta. También la posibilidad de nuevas fugas de la bancada oficialista. Durante el fin de semana continuaron las hostilidades online entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, cuya convivencia en el ámbito legislativo está en cuestión.
Para evitar una derrota resonante el gobierno deberá ir a buscar ayuda entre quienes no acompañaron cuando el proyecto se trató por primera vez. Por ejemplo, los tres que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que estuvieron ausentes, al igual que el entrerriano Francisco Morchio, hombre de Rogelio Frigerio, y el chubutense Jorge Avila, que juega en tándem con Ignacio Torres. Como los dos tercios se calculan sobre los presentes, cada falta es una ayuda a la oposición.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, después de algunas semanas corrido de las negociaciones, retomó el diálogo con los gobernadores, intentando romper los bloques del peronismo (99 diputados) y la UCR (34), que ya anunciaron que insistirán contra el veto. Apuestan a que la colaboración del catamarqueño Raúl Jalil, del mendocino Alfredo Cornejo y del correntino Gustavo Valdés pueda torcer algunos votos que le saquen las papas del fuego al gobierno.
El problema para que esas gestiones lleguen a buen puerto es triple. Por un lado, porque la ley vetada incluye los fondos para las cajas jubilatorias en las provincias. En segundo lugar porque el gobierno incumplió los acuerdos que había hecho para conseguir la aprobación de la ley de bases. Esta semana el ministro de Obras Públicas de Tucumán reclamó porque de los 93 mil millones de pesos que la Casa Rosada les había prometido solamente llegaron unos mil millones.
El tercer problema, que se deriva de esos incumplimientos, es que en dos semanas el gobierno debe presentar el proyecto de presupuesto para el 2025 y los gobernadores saben que esta es su última chance de negociar los fondos que Milei les retacea por otras vidas y van a exigir ver reflejados en el texto que llegue al Congreso el fruto de negociaciones pasadas y actuales. El nudo del asunto es que no hay forma de cumplir con todos sin sacrificar el superávit fiscal.
Mientras el equipo de Toto Caputo trabaja en los últimos detalles del presupuesto, en la Casa Rosada hay quienes se preguntan qué pasaría si no se aprueba. La Constitución prevé que si un año no se logra sancionar, debe trabajarse sobre la prórroga del presupuesto anterior. Sin embargo, no hay ninguna ley que explique ni un antecedente que sirva como jurisprudencia sobre un segundo año consecutivo sin presupuesto. A algunos colaboradores del presidente eso no les preocupa demasiado.
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