El doble sombrero de Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente, obliga a cierta heterodoxia en términos de protocolo. El acuerdo con la CAF, el banco de Desarrollo de América Latina, para conseguir un préstamo puente por mil millones de dólares hasta que el directorio del FMI apruebe los desembolsos ya acordados, en la segunda quincena de enero, se cerró desde los vestuarios del estadio Super Domo, en La Rioja, minutos después de bajar del escenario tras el acto central de la mini gira que emprendió por el oeste y el norte del país.
Los pagos por más de 3500 millones de dólares que deben ejecutarse entre el lunes y el martes se saldarán con este puente compuesto por el préstamo de la CAF, un aporte del BIS, un consorcio de bancos centrales que opera desde la ciudad suiza de Basilea, y yuanes del SWAP con China. La jugada sigue deteriorando la posición del FMI como prestamista de última instancia, lo que significa una merma en el poder del organismo en la negociación. En el equipo de Massa no dudan: sin este mecanismo, nunca se hubiera podido evitar la devaluación que exigían desde el primer momento.
El ministro tiene argumentos para exponer lo acordado como un triunfo. No solamente pudo evitar la depreciación brusca del tipo de cambio (el pedido del FMI empezó siendo el 100 por ciento de devaluación), también consiguió los desembolsos que necesitaba para transitar el resto del año electoral sin grandes sobresaltos, evitó una revisión en septiembre, durante lo más intenso de la campaña electoral, sostuvo la meta fiscal de 1,9 por ciento del producto (cuando el FMI pedía un recorte adicional) y tuvo otras concesiones inéditas, como el reconocimiento a la política de intervención sobre tipos de cambio múltiples.
También puede exhibir como un logro haber llevado a cabo esa negociación sin dejar de sostener una posición crítica con el Fondo, completamente encuadrado en la línea marcada por Cristina Fernández de Kirchner y que él supo resumir en la fórmula nestorista de “pagar para sacárselos de encima”. En ese sentido, esta semana, en un acto el jueves en Ituzaingó, Massa recuperó otra idea de la vicepresidenta: el proyecto para la conformación de un fondo nacional para cancelar la deuda con un “aporte especial de emergencia” recaudado entre los capitales argentinos no declarados en el exterior.
Nada de eso será suficiente si no consigue sortear dos obstáculos cruciales. El primero es el índice de inflación. Está descontado que las medidas que adoptó para destrabar los desembolsos van a tener algún impacto en la evolución de los precios. En el ministerio de Economía calculan que hasta un punto de aumento en el IPC de julio no significa una amenaza a una estabilización que deje ese índice flotando entre los cuatro y los seis puntos mensuales en la recta final antes de la elección y el ballotage. Si se dispara más, eso encenderá otra luz de alarma para la campaña del ministro candidato. Hay varias prendidas.
El segundo obstáculo es lo que suceda la mañana del 14 de agosto. El recuerdo traumático de 2019 da cuenta del poder de daño que tiene ese ajuste de expectativas a escala nacional. Puede ser devastador para las chances del ministro candidato, si el corset que teje para sostener las expectativas se desmorona en una corrida. Un mal resultado del oficialismo o una buena performance de las opciones aceleracionistas, Patricia Bullrich y Javier Milei, que prometen desregular la economía desde el día uno, son catalizadores que pueden gatillar una crisis descalificadora. El acuerdo con el Fondo ayuda, hasta ahí.
Ese peligro tiene una contrapartida positiva, aseguran cerca de Massa. Si, en otro escenario, de las PASO surgen fortalecidos él y Horacio Rodríguez Larreta, la reacción positiva del establishment y de los mercados puede tener un influjo benéfico sobre la economía, otorgando una tregua, a la espera del resultado definitivo, que le permita al oficialismo una mejor gestión de las cosas en los meses finales. Es uno de los argumentos de los que creen que es más probable ganar un duelo mano a mano contra el alcalde porteño que contra la exministra de Seguridad. Como si se pudiera elegir.
La campaña de Unión por la Patria, en esta etapa de la carrera electoral, está enfocada en la movilización de todas las herramientas territoriales con las que cuenta el peronismo para garantizar la afluencia de votantes el domingo de las PASO, como se anticipó el domingo aquí mismo. Eso se vio reflejado en la campaña “Barrio por barrio. Puerta a puerta. Voto a voto, para defender la patria” que durante este sábado llevaron adelante varias organizaciones que componen la coalición oficialista en todo el país. La capilaridad y el aparato deberán contrarrestar la apatía y el descontento para consolidar el piso histórico.
En la mini gira de esta semana, los gobernadores se comprometieron con Massa a encabezar personalmente las campañas en cada provincia. Apuntan a repetir en agosto las performances de las elecciones locales y crecer a partir de ahí. El Norte Grande es una pieza crucial de la matemática electoral del oficialismo, con casi ocho millones de votos, más del 22 por ciento del padrón nacional, en juego. Ellos fueron protagonistas en la decisión final sobre la fórmula, ahora tienen que ponerse al frente para hacerla competitiva, reclamaban desde el ministerio de Economía. El reclamo fue escuchado.
El asunto se torna más espinoso en otro bastión trascendental, el Gran Buenos Aires. Los intendentes prefieren municipalizar las elecciones, bajándole el tono en sus distritos a una campaña nacional que no enamora. Este fin de semana Massa tenía previstas dos actividades fuertes en dos distritos icónicos para el peronismo: una caravana en La Matanza y un plenario con todos los candidatos en San Vicente que impulsaba el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Las dos se suspendieron. En la provincia desdramatizan: en el conurbano, la única que mueve el amperímetro es CFK.
Ante la posibilidad de que no estén allí los votos que alcancen para ganar un ballotage, la estrategia apunta contra dos territorios cruciales, favorables a la oposición, pero donde (creen) se pueden encontrar los votos que falten en otro lado. Son Córdoba y Santa Fe, que entre los dos acumulan un 16,7 por ciento del padrón: uno de cada seis votantes del país. Si el oficialismo consigue achicar la distancia en estos distritos y mantener el piso de las elecciones locales en el Norte Grande, no dependerá de sacar una ventaja extraordinaria en tierra bonaerense para tener chances de ganar un ballotage.
La agenda todavía no está confirmada pero es probable que el candidato presidencial visite estas dos provincias la semana que viene. En Santa Fe, el viernes se implementaron dos mesas de trabajo, una en la capital, para el norte de la provincia, y otra en Rosario, para el sur. Las coordina el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y participan el candidato a gobernador, Marcelo Lewandowsky (que estuvo reunido con Massa el jueves) y el jefe de bloque de diputados, Germán Martínez, entre otros. Apuestan a achicar la ventaja de casi medio millón de votos que sacó la oposición en las PASO locales a la mitad.
En San Juan, el candidato hizo un guiño a los cordobeses cuando citó al gobernador electo, Martín Llaryora, y habló de los “pituquitos de Buenos Aires”. Massa ya había hecho un guiño al ganador de la elección por la intendencia de la ciudad capital, Daniel Passerini. Los dos están alineados con el actual gobernador Juan Schiaretti, al menos hasta las PASO. No es solamente lealtad: Llaryora aspira a comandar políticamente al bloque de diputados que hoy responde a su antecesor, y que depende de un buen resultado en agosto y en octubre para sumar algunas bancas y convertirse en el fiel de la balanza en un Congreso fragmentado.
No corre lo mismo para los intendentes peronistas del interior cordobés, que en las elecciones locales arrimaron votos a Llaryora pero que en la nacional jugarán para Unión por la Patria. Encabezados por Martín Gill, de Villa María, Fabián Francioni, de Leones, y Juan Pablo Vassia, de Idiazabal, serán los encargados de organizar la campaña de Massa en territorio cordobés junto al operador todoterreno Juanjo Alvarez, funcionarios cordobeses en el gobierno nacional y el ex senador Carlos Caserio. En 2019 Alberto Fernández sumó 666.445 votos, un 29 por ciento del total del padrón. El objetivo es repetir esa marca.
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