La furibunda ofensiva macrista que se intensificó en el final de esta semana confirmó el diagnóstico de Cristina Fernández de Kirchner tras las primarias: la debilidad electoral del Frente de Todos sería leída por la oposición como una ventana de oportunidad para terminar con el gobierno peronista sin esperar hasta 2023. De allí se desprende buena parte de lo que hizo en los últimos veinte días, los riesgos tomados ante la falta de reacción de Alberto Fernández en las primeras 72 horas después de la derrota, el fortalecimiento de la coalición sumando un socio de las características de Juan Manzur, la conformación del nuevo gabinete, las medidas que apuntan a desescalar la tensión con sectores antagonistas, como el campo, o borderline, como los gordos de la CGT. El nombre del juego es gobernabilidad y, aunque CFK es del Lobo, se juega como lo haría el doctor Carlos Salvador Bilardo.
Los antecedentes preocupan. En las últimas dos décadas hubo en América Latina nueve golpes de Estado. Casi todos exitosos. En 2002, un alzamiento en Venezuela logró destituir a Hugo Chávez durante 48 horas. En 2004, el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide dimitió tras un ultimátum del ejército. En 2009 la Corte Suprema de Honduras depuso de forma ilegal a Mel Zelaya. En 2008, Evo Morales sofocó una sublevación paramilitar. En 2010 Rafael Correa fue secuestrado por un motín policial. En 2012 el paraguayo Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político exprés. En 2016 Dilma Rousseff sufrió un destino similar. En 2018, policías, militares y paramilitares forzaron la renuncia de Morales en Bolivia. Este año, un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami asesinó en Haiti al presidente Jovenel Moise.
Ya se conoce abundante evidencia, documental, material y testimonial, de que el gobierno de Mauricio Macri colaboró con el levantamiento de noviembre del 19 en Bolivia, enviando armas y municiones a los golpistas, además de que fue uno de los primeros países del mundo en reconocer al gobierno de facto de Jeanine Añez. El expresidente todavía niega, en las entrevistas, que se haya tratado de un golpe de Estado, y reclama por la libertad de Añez, a la que considera una presa política. También fue el primero en dar legitimidad al gobierno de Michel Temer tras la caída de Rousseff. Resulta imposible pasar por alto la advertencia que hizo poco antes de las PASO: “Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta va a haber un aire nuevo el lunes diciendo bueno, cambien o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo”.
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El resto de Juntos por el Cambio ya ni siquiera intentan disimular cuál es el rumbo. Este miércoles, en una entrevista por Twitch junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal blanqueó que busca sumar apoyos para desplazar a Sergio Massa de la presidencia de la cámara de Diputados, el tercer lugar de la línea sucesoria presidencial. El alcalde porteño, un día más tarde, hizo aprobar en la legislatura un proyecto de ley que literalmente interviene, desde la ciudad de Buenos Aires, la justicia nacional. También avanzó con más excepciones al código urbanístico para construir emprendimientos inmobiliarios de lujo en barrios donde no está permitido, al mismo tiempo que desalojaba a mujeres víctimas de la violencia de género del refugio que habían construido, precariamente, en un terreno baldío en la Villa 31. Y esa es el ala moderada.
En el gobierno creen que después del 14 de noviembre habrá una ofensiva de la oposición con el objetivo de máxima de terminar anticipadamente con el gobierno de Alberto Fernández y el de mínima condicionarlo de tal forma de bloquear cualquier iniciativa del oficialismo. Si se repite el resultado de septiembre, apuntarán contra la debilidad del mandatario; si el Frente de Todos logra mejorar su performance, denunciarán fraude, como anticiparon este viernes con la inédita y probablemente ilegal iniciativa de crear un Comité de Control Electoral para gestionar denuncias de fraude. Desde 1983, las elecciones en Argentina han ratificado y desbancado, alternativamente, a oficialismos de todos los colores, sin que jamás se haya puesto en cuestión la transparencia de los comicios. Es otro consenso democrático que el macrismo no tendrá problemas en romper si eso trae una ventaja circunstancial.
Hay varios factores que aceleran el ataque opositor. Por un lado, el avance de algunas de las múltiples causas que investigan a Macri y a dirigentes de primera línea de Juntos por el Cambio. Esta semana llegó la primera citación a indagatoria al expresidente, en un expediente sumamente sensible, a pesar de los lastimeros intentos de la prensa militante amarilla por bajarle el precio a la muerte de los 44 argentinos que navegaban en el ARA San Juan y también a la insostenible e ilegal decisión del gobierno de espiar a sus familiares mientras aún se desconocía el paradero del submarino y la tripulación. Aunque todavía sigan montados, en su mayor parte, los mecanismos del lawfare, la abundante evidencia que respalda la mayoría de las denuncias en su contra puede terminar causándole problemas. Y Macri, al menos en ese aspecto, es un hombre precavido.
En segundo lugar, un factor geopolítico también apura a los sediciosos. En un año habrá elecciones en Brasil y todos los pronósticos indican que Lula Da Silva, exonerado ya de los cargos que de manera fraudulenta le habían impedido de participar en las elecciones que ganó Jair Bolsonaro, logrará imponerse y volver a la presidencia. La complicidad de Bolsonaro, desde el Palacio de Planalto, es una condición indispensable para el éxito de una maniobra destituyente. Con Lula en el poder, en cambio, se alzaría un obstáculo prácticamente insalvable. El mapa de la región está en constante movimiento y lo que sucede en un país condiciona a los vecinos. Así como Macri garantizó el éxito de los golpes a Rousseff y Morales, ahora espera que Bolsonaro juegue un papel similar. La presencia recurrente de su hijo en la tevé argentina da cuenta de cierta coordinación.
El factor económico también pesa. La apertura anunciada esta semana, que prácticamente normaliza toda la actividad, terminará de impulsar una recuperación que este año puede alcanzar el 9 por ciento del PBI, según cálculos de economistas que no precisamente militan en La Cámpora. La decisión ya tomada de acordar con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año ayudaría a despejar el panorama en el corto plazo. Un puñado de medidas que se anunciará, al fin, en los próximos días, busca acelerar la llegada de los efectos de ese crecimiento a los bordes de la sociedad, esos que quedaron a la deriva en la pandemia y dejaron de votar en las PASO. Aunque el alivio no alcance a tiempo para cambiar el rumbo de la elección, el apoyo popular es, en última instancia, la garantía del gobierno contra cualquier aventura antidemocrática que pudiera intentar la oposición.
La recuperación y consolidación de ese vínculo, que garantice la continuidad del gobierno de Alberto Fernández y evite una parálisis política que estrangule las chances del Frente de Todos de cara a 2023, es el objetivo del nuevo esquema de poder que emergió después de las primarias. No es una tarea sencilla, porque las decisiones deben transitar un estrechísimo desfiladero, entre las necesidades impostergables de la sociedad argentina y la fragilidad de una macroeconomía al borde de un ataque de nervios. A esta altura del partido, cualquier desliz que termine en una corrida cambiaria y vuelva a alimentar a la inflación (que, pase lo que pase, en septiembre y octubre será mayor más que agosto) es leña al fuego que intenta encender el macrismo. Manzur, con su robusta red de contactos en el establishment nacional e internacional, es el encargado de desactivar esa bomba de tiempo.
Su llegada al gobierno arrimó otra silla a la mesa chica del Frente de Todos. El tucumano no es delegado de nadie ni responde a ninguna jefatura política más que a sí mismo y trae consigo a los gobernadores peronistas que hasta ahora miraron de afuera un gobierno al que le costaba salir más allá del primer cordón del conurbano, además de un esquema empresarial que trae consigo su propio proyecto de país, no necesariamente el mismo que el que imagina el Instituto Patria. Abrirle la puerta fue un reconocimiento explícito de cierto déficit político. Como en 2008, después de la crisis, CFK decidió recostarse en el peronismo para darle estabilidad a los cimientos del gobierno, tratando de recuperar el resuello, en el corto plazo, y la hegemonía, en el largo. Construir una empalizada que resista los embates de la derecha para garantizar las condiciones de gobernabilidad.
Es razonable que existan ciertas resistencias o la duda de que el giro pragmático implique dejar de lado el avance en una agenda de corte progresista, anticorporativa y de ampliación de derechos que forma parte nuclear (aunque no siempre en un rol protagónico) de la identidad del peronismo desde siempre. En ese contexto, es una señal muy saludable que este martes, en la reanudación de las sesiones de la cámara de Diputados, se vaya a tratar, y muy probablemente sancionar, la ley de etiquetado frontal de alimentos, a pesar de que muchos especularon que el vínculo estrecho de Manzur con la poderosa industria azucarera tucumana le pondría un freno a esa iniciativa. El desembarco de una vieja guardia de funcionarios feos, sucios y malos en el gabinete puede reperfilar el gobierno pero nunca cambiar su identidad. La patria, el movimiento, los hombres (y las mujeres).
En algo más de dos semanas comienza la veda de actos de gobierno. Antes, el gobierno prepara por lo menos dos anuncios importantes y con impacto directo en el bolsillo de los más necesitados. Es posible, y coherente con el nuevo perfil que adoptó la coalición oficialista, que las anuncie Fernández el domingo 17 de octubre. Ese día habrá un acto en el Mercado Central y el presidente será el único orador. Comprometieron su participación la CGT, los intendentes y las organizaciones sociales. También se espera que haya concentraciones en apoyo al gobierno en Plaza de Mayo y otras ciudades del país. El lunes 18, la central obrera convoca a otra manifestación, frente al monumento al trabajador, en el centro porteño. El peronismo comenzará a desentumecer el músculo callejero, atrofiado durante un año y medio de pandemia. Puede ser un factor clave en los próximos meses.
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