Cristina Fernández de Kirchner responsabiliza de manera directa a Emilio Pérsico y Fernando “el Chino Navarro”, plana mayor del Movimiento Evita, por el anuncio inconsulto de primarias abiertas en 2023 para todos los cargos en el Frente de Todos que hizo el presidente Alberto Fernández en noviembre pasado. Fue en un acto en Plaza de Mayo al que el kirchnerismo acudió convocado para apoyar al gobierno tras la derrota en las elecciones de medio término y se volvió aturdido por la novedad, que de un tirón y sin anestesia despojaba a la vicepresidenta de su potestad, en tanto accionista mayoritaria de la coalición, para trazar el rumbo estratégico. Allí, en ese momento y con ese acto y a causa de esa decisión, se terminó de romper un vínculo que ya mostraba fisuras a partir del pobrísimo resultado obtenido por el oficialismo en las urnas.
Este lunes, en la coda del largo discurso que dio ante un plenario de delegados de la CTA, CFK aceptó el desafío. Su propuesta de revisar el rol de los movimientos sociales y la estructura del sistema de seguridad social en general responde a motivos ideológicos y electorales, queda claro, pero sobre todo es un movimiento táctico pensado en función de la interna peronista, que llegará a su definición, a mediados del año que viene, revuelta en el mejor de los casos. Prudente, Fernández de Kirchner quiere evitar sorpresas En una misma jugada le hace un guiño a los sectores medios, congrega a su alrededor a gobernadores e intendentes, históricamente en conflicto con las “orgas”, e intenta limitar un financiamiento millonario que sale de las arcas del Estado y, anticipa, terminará alimentando una campaña en su contra.
Hay un punto donde son incompatibles las dos posiciones. Los dirigentes sociales creen que en el estadío actual del capitalismo existen niveles de exclusión estructurales que son irreversibles y que a quienes quedan en ese circuito, que llaman Economía Popular (trabajadores informales, precarizados, en negro, changarines, domésticos o a cargo de tareas de cuidado) el Estado sólo puede aspirar a garantizarles la subsistencia que el mercado les negó. Según esta misma lectura, la complejidad de las carencias y la lejanía que tiene esa cotidianeidad con las agencias y la infraestructura pública hacen necesaria su intermediación, aunque a ellos no lo plantean en esos términos porque se perciben como el emergente político de esa comunidad organizada, parte en interesada en lugar de intercesores de una relación ajena.
La vicepresidenta, por su parte, se resiste a resignarse a esa situación. No lo enuncia como una opinión personal sino con el peso de una sentencia política: “El peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja”, dijo el lunes. Lo que no dijo, pero está ahí, apenas por debajo de la superficie de su discurso, es que la mayoría de la sociedad argentina, particularmente aunque no sólo los sectores medios y medios bajos que se han acercado y alejado del peronismo pendularmente durante la última década, rechaza ese modelo. Cada vez que un dirigente kirchnerista recuerda ante un micrófono el caudal de votos que tuvo el Movimiento Evita cuando jugó por afuera debe leerse como un recordatorio sobre la falta de consenso que reúnen sus propuestas electorales, incluso dentro de sus propias filas.
Por el contrario, otro tipo de políticas públicas sí tiene un atractivo para los votantes argentinos, comprobado no en la teoría sino en la práctica en dos ocasiones. La Asignación Universal por Hijo entró en vigencia, por decisión de Fernández de Kirchner, en octubre de 2009, meses después de una estrepitosa derrota en las urnas. El programa alcanzó a tres millones y medio de niños y niñas. Dos años más tarde arrasó en la elección presidencial. En 2016, durante su primer año de mandato, Mauricio Macri decidió ampliar la prestación para incluir a más de un millón de nuevos beneficiarios, y eso redundó en un contundente triunfo oficialista un año más tarde en los comicios legislativos. Aumentar el número de los planes sociales no te ayuda a ganar elecciones, aseguran en el Instituto Patria. Consagrar nuevos derechos sí.
De ahí el renovado impulso que tomó, después del discurso de CFK, la iniciativa para transformar todos los programas focalizados que existen hoy en día en uno de cobertura universal bajo el nombre de salario básico. La lógica es que hoy en el país está garantizada una cobertura a todos los menores de 18 años a través de la AUH y a todos los mayores de 65 gracias a las moratorias previsionales y la PUAM, pero resulta necesario dar un soporte a los adultos que están afuera del mercado laboral formal y trabajan por sueldos de subsistencia o menos. Alcanzaría a siete millones de beneficiarios con un desembolso mensual que se acerque a la canasta básica alimenticia individual, que hoy está en unos 13 mil pesos. Esto debería reducir al mínimo la indigencia en el corto plazo y en el mediano impactaría de forma positiva en el mercado interno.
El costo aproximado del programa sería de dos puntos del PBI, aunque la mitad o más de esos recursos ya se destinan a ayuda social a través del Potenciar Trabajo (casi 1,4 millones de beneficiarios), la Tarjeta Alimentar (4 millones) y las becas Progresar (2,5 millones). Otra parte quedará saldada por el beneficio fiscal que resulte de inyectar esta asignación en los bolsillos; quedará para más adelante la idea de digitalizar el desembolso a través de una billetera virtual para que se reduzca al mínimo la cantidad de ese dinero que sale del circuito en blanco rápidamente. Resta también el debate de cómo financiar lo que falta. Desde el kirchnerismo proponen asignar partidas que se ahorren con la segmentación de los subsidios a la energía pero eso va en contra del acuerdo firmado con el FMI, que a esta altura del partido es casi un jarrón chino.
No es una idea novedosa. En Alaska existe desde 1983 una renta básica que una vez por año reparte entre todos los habitantes de ese estado norteamericano una fracción de los beneficios obtenidos por un fondo de inversión financiado por la explotación petrolera. Otros países tuvieron iniciativas similares o programas piloto desde la década de 1970, aunque con más frecuencia en los últimos años. Los estudios que se hicieron sobre estas experiencias concluyeron que existen efectos positivos comprobables de los programas de transferencia de ingresos universal, entre ellos una reducción marcada de la pobreza, la erradicación de la inseguridad alimentaria e incluso un efecto positivo en el mercado laboral, porque permite que los beneficiarios dediquen menos tiempo a hacer trabajos de subsistencia y tienen mayor libertad para formarse y buscar empleos de mejor calidad.
La llegada del coronavirus hizo que casi un centenar de países del mundo implementaran desembolsos directos para paliar los efectos destructivos de la pandemia en el mercado laboral, especialmente entre quienes pertenecen al sector informal. Uno de los primeros que planteó la necesidad de hacerlos permanentes fue el papa Francisco en una carta a los Movimientos Populares para las pascuas del 2020, cuando nadie imaginaba la dimensión que tomaría la emergencia, en la que escribió que “tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan (...) los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado, (...) trabajadores informales, independientes o de la economía popular”.
De esa época son, también, las primeras lecturas de CFK sobre el tema, al que llegó gracias al expresidente del Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social, el abogado Miguel Fernández Pastor, que le recomendó la lectura de los libros del inglés William Beveridge, el padre del Estado de bienestar británico de posguerra, que elaboró a mediados del siglo pasado una serie de informes en los que ya estudiaba el potencial de una cobertura social universal. Por ese entonces, el propio presidente estaba de acuerdo y llegó a reconocer, en una entrevista con El Destape radio, que evaluaba implementar un programa con esa premisa. “El IFE permitió descubrir que millones de argentinos están fuera del sistema. Esto está mal, hay que hacer algo. Si yo descubro esto y me hago el estúpido soy un hipócrita y yo no sé vivir con la hipocresía", dijo.
Sin embargo, en la Casa Rosada, por ahora no creen conveniente avanzar en ese sentido. No consideran conveniente el esfuerzo fiscal y se preocupan por los nubarrones que pueda traer tanto en la relación con el FMI como en las expectativas del mercado. En el kirchnerismo avisan que si el presidente no adopta la medida pronto, la impulsarán desde el Congreso de la Nación, como ya hicieron con otras iniciativas que fueron resistidas por el gabinete, desde el aporte extraordinario de las grandes fortunas hasta la suba del mínimo no imponible de ganancias o el fondo para pagar la deuda con divisas evadidas al fisco. Resignados, en el gobierno sólo esperan que el lanzamiento formal del proyecto sea después del martes, cuando el ministro Martín Guzmán debe pasar una prueba de fuego a la hora de renovar vencimientos por 270 mil millones de pesos.
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