La disputa entre Estados Unidos y China ya se ha convertido en un conflicto global desembozado que se manifiesta, con particularidades, en todos los rincones del planeta. Solamente en lo que va de este mes, la escalada ha tenido episodios de intensidad creciente que dan cuenta de la contienda por el orden internacional:
Luego de asumir un tercer mandato como presidente chino, Xi Jinping ordenó a su canciller a elevar el tono de las quejas contra la política exterior de Washington. Qin Gang, en su primera conferencia de prensa, advirtió que “si Estados Unidos continúa en la misma dirección, ninguna cantidad de barreras podrá impedir un conflicto”.
De manera inconsulta y en detrimento del principio de “una China, dos gobiernos” que sostiene desde la década del 70, Estados Unidos decidió multiplicar la cantidad de tropas asentadas en Taiwán. La presidenta de la administración insular realizará, por primera vez, un viaje a Washington.
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El presidente norteamericano, Joe Biden, firmó un acuerdo con Australia para proveer a ese país de submarinos de propulsión nuclear. De ese pacto también forma parte Gran Bretaña, que esta semana anunció el envío a Ucrania de municiones de uranio agotado, cuya utilización será considerada por Rusia como un acto de agresión nuclear.
El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió esta semana a Xi en Moscú, donde ratificaron la alianza estratégica entre ambos países y anunciaron “cambios que no se vieron en cien años” y que ambos líderes prometieron encabezar. Se trata de una referencia clara a la primacía militar, económica y política de Estados Unidos.
En esa misma cumbre, Putin anunció que utilizará a partir de ahora el yuan chino como moneda en el intercambio bilateral y auspició la extensión de ese enroque a todo el comercio de ambos países con África, Asia y América Latina. En paralelo, la crisis bancaria de occidente sigue desplegándose y alcanzó al Deutsche Bank, en el corazón de Europa.
El presidente ruso recibió, también, a cuarenta mandatarios africanos. Horas después de esa cumbre, Chad anunció la nacionalización de los activos en ese país de Exxon Mobile, una de las principales petroleras. Rápidamente, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció una gira africana para tratar de reducir daños.
En Medio Oriente, tras facilitar la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán a partir de un acuerdo que se refrendó en Beijing, China sigue desplegando su diplomacia y consiguió la reapertura de embajadas entre el reino saudí y Siria, después de más de una década.
Simultáneamente las posiciones norteamericanas en Siria fueron atacadas, durante varios días, por fuerzas combinadas del presidente Bashar al-Asad y milicias respaldadas por Irán. Al menos un “contratista” (es decir un soldado de ejército privado, o mercenario) norteamericano falleció y varios efectivos de las Fuerzas Armadas resultaron heridos.
En las últimas 72 horas se confirmaron las inminentes visitas a Beijing del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a fines de marzo, y del presidente francés, Emmanuel Macron (en medio de la peor crisis política que tuvo su gobierno) y de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en abril.
Los tres le pedirán a Xi que medie ante Putin para alcanzar rápidamente un acuerdo de paz en Ucrania. Esto contradice taxativamente la posición oficial de Estados Unidos, que recientemente, a través de autoridades civiles y militares, se manifestaron en el sentido contrario y promueven la profundización del conflicto.
Finalmente, desde la propia Casa Blanca dejaron saber que esperan desde hace varias semanas que se concrete una comunicación telefónica entre Biden y Xi, que el gobierno chino está demorando, al igual que la visita que ya estaba programada del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Beijing.
Azul como el mar azul
En ese contexto resulta por lo menos inocente creer que la Argentina, con activos estratégicos tanto en sus recursos naturales como en su ubicación geográfica, pueda quedar al margen de esta disputa. Una de las cuestiones más importantes que debería estar atendiendo la dirigencia es cómo pararse ante este nuevo escenario global.
Tal como señalan expertos en geopolítica, lo ideal sería un posicionamiento común entre las fuerzas políticas mayoritarias que permitan que el país despliegue una estrategia sostenida a lo largo del tiempo e independiente de ambos polos del conflicto, para maximizar los beneficios y reducir al mínimo los riesgos. No está sucediendo.
Un ejemplo claro fue la participación de políticos y medios de comunicación opositores en una operación conjunta que se llevó a cabo esta semana y que tuvo como objetivo cuestionar la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur y poner a China en el lugar de antagonista a partir de la denuncia de pesca ilegal en el llamado “Agujero Azul”.
Se trata de un área de un área de 6600 kilómetros cuadrados, al este del Golfo de San Jorge y al norte de las Islas Malvinas, ubicada parcialmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina y en aguas internacionales, caracterizada por su alta productividad pesquera en especies codiciadas como el calamar, la merluza negra y las vieras.
El vuelo de la ONG Solidaire, que pertenece a Enrique Piñeyro, piloto, cineasta, humorista, empresario teatral, restaurador y heredero de la fortuna de la familia Rocca, apuntó a la depredación causada por pesqueros chinos en el Mar Argentino. Un prejuicio que no pudo comprobar aunque eso no impidió que se llevara a cabo un montaje en la prensa amiga.
Durante el sobrevuelo del Agujero Azul el avión entró en contacto con el patrullero Storni, de la Prefectura Naval Argentina, que realizaba una operación de vigilancia y control, exactamente lo que denunciaba que no sucedía. Piñeyro, en su cuenta de twitter, se burló de esa desmentida, pero las imágenes satelitales de ese día no dejan lugar a duda.
Del viaje formó parte la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mariana Zuvic, que el mismo día del vuelo lanzó una campaña con el slogan “Salvemos al Mar Argentino”, replicada por otros políticos de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro, Hernán Reyes y Juan Manuel López, y con amplia cobertura de medios opositores.
El mismo hashtag, #SalvemosAlMarArgentino, había sido utilizado unos meses antes en la campaña para oponerse a la exploración petrolera offshore a más de 300 kilómetros a la costa bonaerense que demoró en más de un año el comienzo de una actividad que podría reportarle al país exportaciones por unos 500 mil millones de dólares.
Según el periodista Fabián Waldman, la ONG Greenpeace, que estuvo detrás de aquella campaña, también formó parte de la tripulación del vuelo de Solidaire. Un día después de esa travesía, publicaron en su página oficial un artículo sobre la “depredación pesquera” y pidiendo “un tratado global de los océanos”: una tutoría externa a la soberanía argentina.
Lo que terminó de comprobar la naturaleza de la operación fueron los mensajes que tuitearon al unísono los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, usando las mismas palabras para denunciar “las impactantes imágenes” de “la pesca no regulada en el Atlántico Sur” que se solucionarían con la “cooperación entre todos los Estados”.
Detrás de esas propuestas, aparentemente bienintencionadas, puede verse el intento de obligar a que el Estado argentino, en pos de la preservación de las especies marítimas, reconozca al Reino Unido, a partir de su ocupación de las Islas Malvinas, como un interlocutor válido en asuntos del Atlántico Sur, erosionando su reclamo de soberanía.
Lo cierto es que, como se confirmó por las imágenes satelitales, la depredación no se da en la zona argentina sino en aguas internacionales. La modificación de la ley de pesca en 2020, el trabajo conjunto de PNA y Marina y los convenios con Interpol que permiten los pedidos de captura internacional de los infractores redujeron las incursiones ilegales al mínimo.
Piratas, embargos y aviones
Resulta particularmente insidiosa la participación, en el vuelo de Solidaire, de la embajadora británica, Kirsty Hayes, representante en Buenos Aires del país que mantiene un enclave colonial militar en el Atlántico Sur contrariando a todas las normas de la Organización de Naciones Unidas, y que desde ese lugar también otorga licencias de pesca en la zona.
No hubo, hasta el momento, ninguna reacción oficial del gobierno nacional contra esta maniobra evidentemente coordinada por Hayes y sus pares de Estados Unidos y Japón, con el concurso de la oposición política, aunque fuera de micrófono fuentes oficiales no dudan en responsabilizar por el episodio “a los servicios de inteligencia yanquis”.
Esta semana, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se reunirá con los ministros de Defensa, Jorge Taiana; Seguridad, Aníbal Fernández y Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; para analizar una posición en conjunto ya no sobre este episodio en particular sino sobre la problemática del control del Atlántico Sur en particular.
El martes pasado, en la inauguración de los debates del cara a la confección del Libro Blanco de la Defensa 2023, Taiana sostuvo que “la zona de paz del Atlántico Sur tiene un problema y ese problema se llama el Reino Unido y su vocación de mantener usurpadas las Islas Malvinas y sus espacios marítimos”.
Las declaraciones de Hayes, Marc Stanley y Yamauchi Hiroshi no son la única injerencia externa en asuntos estratégicos que se hizo pública en los últimos meses. Las recientes manifestaciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos respecto al litio, el petróleo, el cobre y el oro tuvieron amplia publicidad.
Menos repercusión tuvo la amenaza de la legisladora republicana Maria Elvira Salazar que advirtió sobre las consecuencias que tendría un pacto entre la Argentina y China para la compra de aviones militares. “Hay dos mundos, un mundo libre y otro mundo de esclavos. Espero que Argentina permanezca en el mundo libre”, dijo a comienzos de este mes.
“Su presidenta y su presidente están haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no van a quedarse de brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos”, dijo.
La legisladora cuenta con mala información: no existe, actualmente, ningún acuerdo para que la Argentina fabrique ni exporte aviones militares chinos, pero sí se concluyó, el año pasado, el trabajo de negociación en los contratos para la adquisición de ocho jets JF-17. Los papeles están listos para la firma, según pudo averiguar El Destape.
La compra de los caza supersónicos artillados, que volverían a darle a las Fuerzas Armadas capacidad aérea comprensiva, y que tendría un valor total aproximado de 800 millones de dólares, fue incluida en el presupuesto aprobado por el Congreso para el año 2023 como parte de las inversiones para el área de defensa.
Sin embargo, por un descuido o una picardía, el financiamiento (los chinos ofrecen la venta a crédito y con un período de gracia de dos años) fue quitado a último momento de las planillas anexas donde se detallan las autorizaciones para endeudamiento. Por lo tanto para que se concrete la compra hace falta un DNU firmado por Alberto Fernández.
Desde el gobierno nacional, por ahora, aseguran que el asunto no está entre las prioridades. En diciembre del año pasado, en una entrevista al Financial Times en la que fue consultado por este asunto, el presidente dijo que “la Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que a la compra de aviones militares”.
Este miércoles, de no mediar otro imprevisto, se concretará finalmente la postergada visita de Fernández a la Casa Blanca, donde será recibido por Biden. Será una foto con más impacto doméstico que internacional. A lo mejor, una vez que haya llenado ese casillero en su lista de pendientes, Fernández se decida a dar luz verde a la compra.
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