Alberto Fernández confirmó esta semana su asistencia a la Conferencia sobre el Cambio Climático que se llevará a cabo en Glasgow en los primeros días de noviembre; a continuación de los encuentros de jefes de Estado y de ministros de Economía del G20 en Roma, a fines de octubre. Si todo sale como planea, y como acordó en negociaciones a varias bandas con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus socios en el Frente de Todos, inmediatamente después, unos días antes de las elecciones, la Argentina será el primer país del mundo en anunciar su adhesión a los canjes verdes que el FMI junto al Banco Mundial van a presentar en esa cumbre en Escocia.
En la práctica, eso permitirá anunciar la renegociación exitosa de la deuda de 44 mil millones de dólares que dejó Mauricio Macri en los últimos 18 meses de su presidencia con una condición clave: gracias a la novedosa cláusula que incluye el cuidado del planeta en la ecuación financiera, la Argentina podría optar por un plazo mayor a los 10 años que prevé la normativa actual del Fondo. Aunque los detalles del anuncio están guardados bajo siete llaves, en el gobierno creen que ese lapso se podrá hasta triplicar. También se avanzará en otras iniciativas propuestas o respaldadas por Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, como la eliminación de las sobretasas que castigan a los países más endeudados.
La extensión del plazo es una condición necesaria para un acuerdo viable con el FMI: la deuda es impagable en los plazos comprometidos. Para cumplir con lo pactado por Macri, Argentina debería desprenderse de 18 mil millones de dólares en 2022 y otros 19 mil millones en 2023. A causa de los vencimientos acordados con los acreedores privados, en un acuerdo que el propio Fondo apadrinó, una década tampoco alcanza para despejar el horizonte financiero del país. A efectos prácticos, evalúan en el gobierno, una renegociación en esos términos solamente sirve para patear unos años hacia adelante el fantasma del default, sin disipar la sombra que proyecta sobre la economía argentina y no la deja crecer.
Por el mismo motivo el Presidente y la Vice decidieron no tomar la opción que está sobre la mesa, a partir de las negociaciones de Guzmán y los buenos oficios de Sergio Massa en Washington, y que permitiría cerrar ya mismo el capítulo Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de facilidades extendidas contempla el recorte de sobretasas y una refinanciación a 10 años sometida a una cláusula pari passu que contemple la posibilidad de adherir automáticamente a un programa más extenso en caso de que se modifiquen los estatutos para permitirlo. Sin embargo, creen en el gobierno, al día siguiente de ese acuerdo el riesgo país seguiría por las nubes y las fuentes privadas de financiamiento continuarían cerradas.
El canje verde será el filo que corte ese nudo gordiano, confía Fernández. El FMI y el Banco Mundial ya anticiparon que lo presentarán, como una serie de opciones y herramientas, en Glasgow. No se trata de una reparación de los países más contaminantes, que son los de mayor desarrollo, a los de ingresos bajos y medios, sino que lo plantean como una manera de disuadir a esos países pobres de la explotación de recursos contaminantes (en muchos casos la única forma de sustentar el repago) y dar incentivos y margen fiscal para que adopten matrices productivas menos lesivas. “El canje verde tiene el potencial para facilitar un aceleramiento de la acción en esos países”, sostuvo Krystalina Georgieva en abril.
Entre las alternativas que estarán sobre la mesa, además de la extensión de plazos, también se destaca otra impulsada por el gobierno argentino: la de constituir un fideicomiso global para financiar la adopción de tecnologías verdes en países en desarrollo, financiado por derechos especiales de giro de países que no los necesitan. Mañana, el FMI repartirá entre todos sus socios 650 mil millones de dólares en el marco de una recapitalización para hacer frente a los gastos extraordinarios causados por la pandemia. Se calcula que 400 mil millones, casi dos de cada tres de esos dólares, irán a las arcas de países ricos, que no necesitan esa entrada extra de divisas, y podrían redirigirse a otras latitudes.
Una vez resuelto el problema de la deuda externa, con las elecciones en el espejo retrovisor y, por favor, la pandemia ya en retroceso definitivo, el 2022 deberá ser el año de la recuperación definitiva del poder adquisitivo de los argentinos. El gobierno nacional, a través de sus voceros más destacados, ya manifestaron la intención de que los salarios este año terminen cerrando por encima de la inflación. Las últimas paritarias, incluyendo la de los trabajadores estatales, que cerró esta semana, le ponen un número: “Entre tres o cuatro puntos”, según aclaró la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, este viernes en Habrá Consecuencias. Las jubilaciones tendrán un resultado similar.
En las últimas semanas, en el Frente de Todos se impusieron varios debates que giran en torno a lo mismo. La CTA y sectores de la CGT proponen la reducción de la jornada laboral. Juan Grabois y el Instituto Patria quieren implementar un ingreso básico universal y debaten si debe tener o no contraprestaciones laborales. El Movimiento Evita pidió ampliar el Programa Potenciar Trabajo. Otros hablan de volver a subir el SMVM o de dar un aumento generalizado por decreto. En el fondo, cada cual a su manera y de acuerdo a su propia idiosincrasia e intereses, todos proponen lo mismo: un shock de ingresos para recuperar de un tirón una parte grande de los 27 puntos que se dejaron en el camino desde 2015.
En el gobierno todavía no están convencidos de que sea el momento de hacerlo. Consultado al respecto de la propuesta de reducción de la jornada laboral, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la descartó por ahora, alegando que trabajar dos horas menos por día a cambio del mismo dinero equivale a un aumento salarial del 33 por ciento, y que muchas PyMEs no están en condiciones de hacerse cargo de esa suba. Argumentos similares se escuchan como justificación para no avanzar con las otras propuestas. El celo sobre el equilibrio macro en los equipos del Poder Ejecutivo a veces es interpretado por otros socios del oficialismo como falta de decisión política para avanzar ante algunas resistencias.
En otra iniciativa, anunciada oficialmente pero estancada ante esa misma falta de resolución, puede estar la clave para destrabar ese permanente debate interno en el Frente de Todos entre prudencia financiera y audacia política. Se trata de la posibilidad de que el Estado implemente su propia billetera virtual, un servicio como el que ofrece Mercado Pago o la app MODO de los bancos tradicionales, para canalizar programas como la tarjeta Alimentar y la AUH y que sus beneficiarios puedan utilizarla para comprar en comercios de barrio sin pagar costos financieros. Fue un anuncio del exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en mayo. Su sucesor, Juan Zabaleta, deberá tomar la decisión de concretarlo.
El primer paso, la interoperabilidad de la red, que permitirá que el código QR emitido por una billetera virtual sea reconocido por todas, se terminará de implementar en noviembre. El siguiente sería que la AFIP asigne un QR único a cada CUIL o CUIT. De esta forma, el acceso a esta tecnología se volvería universal. Hoy, como la tarjeta Alimentar no funciona en los comercios barriales que no tienen posnet, la gente viaja a un establecimiento de grandes superficies, donde compra alimentos no perecederos para todo el mes pero frescos solamente para los primeros días, porque luego se echan a perder. Si pudieran comprar via QR en la verdulería o carnicería del barrio, comerían alimentos de mejor calidad.
Para el Estado sería una revolución. Hoy, el dinero en la Argentina dura un promedio de 27 horas en el sistema bancario, porque la gente cobra y retira la plata por cajero para manejarse con efectivo. Si se lograra frenar ese drenaje de recursos que terminan en la economía informal, el efecto en la recaudación sería formidable. Un estudio de la OCDE señala que en este país de cada 100 pesos que deberían recaudarse por el IVA se evaden 54, lo que equivale a siete puntos del PBI. Con capturar una parte de eso, las arcas públicas tendrían suficiente resto para hacer frente a una política de redistribución de recursos mucho más agresiva, tal como ya piden públicamente casi todos los socios del Frente de Todos.
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