Luego de la viralización de un video de una pelea de estudiantes secundarios en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo avanzó en un decreto en el que habilita una virtual baja de la imputabilidad.
Organizaciones de Derechos Humanos salieron al cruce de la medida tomada por el gobernador aliado al presidente Javier Milei, que habilitó la detención de los menores que protagonicen una pelea e insta a las instituciones educativas que los expulsen.
"La policía tiene instrucciones directas del Gobernador de detenerlos", afirmó Jaldo en declaraciones a la prensa, ratificando que encarcelará a los menores y los pondrá en celdas con mayores.
"Los vamos a detener igual (...) y esos lugares van a ser comisarías, alcaldías y le vamos a habilitar algunos pabellones en (el Penal de) Villa Urquiza", informó.
En la semana, se viralizó un video de una batalla campal entre estudiantes de la Escuela Técnica y del Instituto Privado Tucumán. La gresca, que inició con insultos entre los participantes, incluyó golpes y patadas. Por momentos, la policía ni los adultos que presenciaron el hecho pudieron controlarlo. Pese a esto, no se reportaron heridos.
Ante esto, Jaldo firmó el decreto 1290/1 del 2024, que remarca que "corresponde instar a la comunidad a propiciar entre los integrantes del núcleo familiar, conductas de respeto y compromiso con la ciudadanía y el resguardo del orden social" y que "es necesario involucrar a los agentes públicos a colaborar con la actividad del Estado para asegurar la correcta convivencia y el cumplimiento de los presupuestos mínimos de seguridad"
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El decreto instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán "a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial".
También a los establecimientos educativos - de gestión publica y gestión privada- a los que pertenezcan los alumnos involucrados "a adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia de Tucumán, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de los mismos. Tales alumnos no podrán ser admitidos en ningún otro establecimiento durante el presente ciclo lectivo".
También se instruye a los padres o tutores de tales alumnos "a involucrarse directamente en el asunto, pudiendo el Poder Ejecutivo adoptar sanciones disciplinarias en caso que resultaren agentes públicos provinciales, municipales y comunales; sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda".
Desde la entidad Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) definieron a las medidas de Jaldo como "ilegales, regresivas y demagógicas".
"La intervención de las fuerzas de seguridad y la privación de libertad de los adolescentes en comisarías es ilegal y regresiva, pero además no va a brindar una solución a esta problemática, sino que va a exacerbar la violencia y exponer a los adolescentes a situaciones de riesgo para su integridad psicofísica, en un contexto de grave crisis carcelaria, en el que todas las comisarias y centros de detención se encuentran con sobrepoblación y condiciones indignas de alojamiento", señalaron desde ANDHES a través de su cuenta de Twitter.
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