El 5 de octubre de 2021 la Sala I de la Cámara de Casación recibió el expediente donde el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti recusaba al juez Reinaldo Rodríguez, que lo investigaba por enriquecimiento ilícito. A las 48 horas, el 7 de octubre, la Corte le otorgó un importante contrato al juzgado a cargo de juez Diego Barroetaveña, uno de los que tenía que resolver el pedido de Rosatti y que luego falló a su favor.
El dato consta en la resolución 2143 de la Corte Suprema, disponible en su página web, y coincide con el testimonio del ex administrador general de la Corte Héctor Marchi ante la Comisión de Juicio Político. Marchi denunció "el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos" y señaló específicamente esta denuncia contra Rosatti por enriquecimiento ilícito. Los papeles muestran que Barroetaveña recibió un contrato apenas tuvo el caso en sus manos, que luego votó por apartar al juez Rodríguez y que es el único contrato que la Corte le dio a ese tribunal mientras tuvo el expediente que preocupaba a Rosatti.
El otorgamiento de contratos de la Corte a la Cámara de Casación no es cosa de todos los dias. De hecho, el contrato para Barroetaveña es el único otorgado a Casación entre el 5 de octubre de 2021 y el 4 de marzo de 2022, el tiempo que el expediente que preocupaba a Rosatti estuvo en ese tribunal. Todo consta en los registros públicos de la Corte Suprema. El cargo que la Corte le dio al juzgado de Barroetaveña fue para secretario de Cámara, el más alto cargo previo al de juez.
El fallo que favoreció a Rosatti, donde el ex administrador Marchi denuncia que hubo negociación a cambio de contratos, salió finalmente el 4 de marzo de 2022. También lo firmaron los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa. En el caso de Petrone le dieron dos contratos para su juzgado pero varios meses después, el 14 de septiembre de 2022, según consta en la resolución 2314 de la Corte. La jueza Figueroa no recibió ningún contrato en los últimos tres años, a pesar de reiterados pedidos. El último que recibió fue en mayo de 2019 y para un cargo menor. Todo consta en la web de la Corte.
Rosatti necesitaba este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que revisa casos de todo el país. Poco antes, el 16 de septiembre de 2021, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario rechazó la recusación de Rosatti contra el juez que lo investigaba por enriquecimiento ilícito. Rosatti apeló y el expediente llegó a los despachos de Barroetaveña, Petrone y Figueroa pocos días después, el 5 de octubre de 2021. A los 3 días Barroetaveña recibió el importante contrato para su juzgado, que es la vocalía 5 de la Cámara Federal de Casación Penal.
El fiscal ante Casación Raul Pleé también favoreció a Rosatti. Pleé, de estrecha relación con Macri al punto que se reunió con el entonces presidente y el jefe de los espías Gustavo Arribas en la Quinta de Olivos, dictaminó que el juez Rodríguez debía ser apartado. Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa le dieron la razón a Rosatti. La sospecha, instalada por la denuncia del ex administrador de la Corte Marchi, es que al menos en el caso de Barroetaveña ese fallo fue negociado a cambio de un importante contrato. El contrato existe.
La causa contra Rosatti se inició por una denuncia anónima. Decía que distintos funcionarios del ex intendente de Santa Fe Martín Balbarrey tenían que entregarle parte de su sueldo a Rosatti, también ex intendente de esa ciudad. El caso le tocó al juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, pero Rosatti lo recusó. El actual presidente de la Corte alegó que el juez Rodríguez tenía enemistad con él y su familia a partir de otra causa que impulsó contra Emilio Rosatti, su hijo, también a partir de una denuncia anónima. Esa coincidencia de que Rodríguez impulsara denuncias anónimas fue lo que determinó su apartamiento por temor a parcialidad.
El contrato que la Corte le dio a Barroetaveña coincide con la denuncia del ex administrador del máximo tribunal Marchi, que fue corrido de ese cargo tras informar sobre desmanejos millonarios en la Obra Social del Poder Judicial durante la supervisión del supremo Juan Carlos Maqueda pero que continuaron durante la gestión Rosatti.
En la Comisión de Juicio Político, según la versión taquigráfica de la sesión de su última sesión, Marchi dijo lo siguiente:
- "quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podrían convertirse en delito en función del pedido de contrato del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosatti por un exchofer de la Municipalidad de Santa Fe que declaró llevarle dinero todos los meses, que tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte del doctor Rosatti".
Robles es la mano derecha de Rosatti. No es abogado sino periodista, pero es su operador de confianza tanto en tribunales como en medios. Lo que denunció Marchi es que pudo negociar contratos para los jueces que favorecieron a Rosatti. Y El Destape encontró que efectivamente hay un importante contrato para el juez Barroetaveña que coincide con la llegada del expediente a su despacho para definir si Rosatti lograba apartar el juez que lo investigaba por enriquecimiento ilícito.
Ante la Comisión de Juicio Político el ex administrador de la Corte Marchi agregó que "los contratos son una herramienta coyuntural con que cuenta el Tribunal para atender las necesidades urgentes y prioritarias de la Justicia en todas sus instancias. Esta posible demostración de poder seguramente no fue advertida por los demás ministros ni por los jueces intervinientes". Se refiere a que el contrato para Barroetaveña lo firmó la Corte en pleno, tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Pero se sabe que es el presidente de la Corte el que maneja los hilos de las contrataciones y que Rosatti tenía especial interés en un voto a favor de apartar al juez que lo investigaba, algo que efectivamente hizo el camarista Barroetaveña.
Entre los jueces se sabe además que los contratos son una de las formas de ejercer poder que tiene la Corte, que retacea personal a los magistrados díscolos o en casos donde no tiene interés en que los expedientes avancen. Por ejemplo, tal como reveló El Destape, demoró casi 3 meses en otorgarle 3 contratos a la jueza María Eugenia Capuchetti, que (no) investiga tanto el atentado contra CFK como la toma de deuda con el FMI sin ningún tipo de papel que la justificara.
Según los registros que tienen en la Cámara de Casación, los jueces que más contratos tienen son Barroetaveña, Petrone y Mariano Borinsky, el que se reunía con Mauricio Macri en Olivos mientras resolvía los casos clave contra ex funcionarios kirchneristas.
El otorgamiento de contratos nuevos por parte de la Corte es información pública, figura en su página web. A partir de la denuncia de Marchi El Destape revisó cuantos se habilitaron para la Cámara Federal de Casación Penal en los años que el expediente por enriquecimiento ilícito de Rosatti estuvo allí, 2021 y 2022. Son pocos: en 2021 hubo 6 contratos otorgados. Lo curioso es que 2 de esos 6 fueron para el juez Barroetaveña, uno a las 48 horas de que le llegara el caso de Rosatti, otro en agosto. En 2022 la Corte le dio 8 nuevos contratos a la Casación: 2 fueron para Petrone. Y, como revela ahora este medio, el único que se facilitó durante el trámite de esta causa que preocupaba a Rosatti en Casación fue para uno de los jueces que tenía que resolverla.
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