Operación Olivos: una prueba definitiva para refundar la justicia y enterrar el Lawfare 

En 2015 Mauricio Macri llegó para quedarse. Al menos esa era la ambición del ex presidente y, sobre todo, del dispositivo de poder y negocios que patrocinó el arribo del macrismo a la Casa Rosada. La intención expresa -y confesa- era demoler la matriz económica, política y social construida durante los doce años de gestión kirchnerista para reinstalar el modelo de inequidad y miseria planificada conocido como "neoliberal". Pero para hacerlo, claro, debía borrar de la faz política a la dirigente que encarna un proyecto antagónico: Cristina Fernández de Kirchner.

El proceso de persecución política contra la ex presidenta y varios de sus funcionarios se implementó mediante una triple alianza de Medios, Espías y Poder Judicial.

Los documentos de la Operación Olivos demuestran que el propio Macri estuvo a la cabeza de ese dispositivo.

Las quince visitas del juez de Casación Mariano Borinsky -clave para convalidar el desarrollo de causas emblemáticas del lawfare-, la asistencia frecuente de magistrados como Gustavo Hornos y Raúl Plée -patrones de Comodoro Py- y la convocatoria puntual de jueces y fiscales que debían decidir sobre expedientes “K” son una prueba irrefutable de la promiscuidad político-judicial durante el macrismo.

Al límite de la obscenidad intelectual, los involucrados aducen que se trató de encuentros recreativos, partidos de fútbol, tenis o padel, sin roce con la realidad que debían administrar. 

Los tres datos reproducidos en el informe de El Destape que derrumban la coartada

• Buena parte de los encuentros coinciden en tiempo y circunstancia con decisiones judiciales o montajes mediáticos contra ex funcionarios kirchneristas.

• El propio ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, agendó hablar “Tema Denuncia” con el juez de casación Mariano Borinsky, uno de los magistrados más activos en el libro de visitas y en la persecución a ex funcionarios. La anotación de Nieto fue descubierta en el marco de una causa donde se lo investiga por su presunta participación en el sistema de espionaje ilegal utilizado para el lawfare.  

• En 2018, el gobierno de Macri ocultó los nombres de los magistrados en las planillas de visitas a Olivos que le entregó a Poder Ciudadano. El hallazgo surge de comparar los documentos cedidos entonces por el gobierno macrista a la ONG y los obtenidos ahora por El Destape. El cotejo determina que en las planillas de 2018 brillan por su ausencia los nombres de jueces, fiscales y periodistas que pasaron por Olivos. 

¿Por qué ocultarlos si sólo se trataba de reuniones sociales sin relevancia institucional?

No más preguntas, señor juez…

Los medios y periodistas que participaron del lawfare buscan bajarle el precio al hallazgo periodístico con exóticas teorías conspirativas sobre el origen y el objetivo de la información que El Destape reveló. Lógico: la prensa canalla cree a todos de su condición.

Pero la tesis conspiraonica tiene fallas de origen: la información se obtuvo mediante un pedido de acceso a la información pública, que el Estado está obligado a proveer por ley. Y es indiscutible el interés público de conocer la frecuencia, fechas y detalles de las tertulias entre funcionarios de dos poderes que, se supone, deben controlarse entre sí.

De hecho, los medios y periodistas que ahora justifican como “asuntos privados” o “relaciones naturales” las visitas de jueces a Olivos, en su momento se indignaron con la visita imaginaria del juez Sebastián Casanello a CFK. Aquel hecho se demostró falso. Las decenas de visitas a Macri, en cambio, hasta fueron admitidas por los involucrados.

Un caso de distinta vara para el Guiness.

Es cierto, sin embargo, que la revelación de la Operación Olivos puede tener consecuencias en las causas creadas contra la ex presidenta, su familia y ex integrantes de su gestión. En principio debieran llover pedidos de recusación y revisión de decisiones tomadas por magistrados bajo sospecha de prevaricar. Es lo mínimo que todo defendido esperaría de su abogado defensor: que busque, cuánto menos, la realización de un proceso justo e imparcial.

También debieran activarse en el Consejo de la Magistratura investigaciones sobre el comportamiento de los magistrados involucrados. El camarista Gustavo Hornos ya tiene un expediente abierto por sus visitas a la Casa Rosada. Es de suponer que su colega Mariano Borinsky recibirá la misma deferencia por la quincena de visitas a Olivos registradas en las planillas oficiales.

Entre los efectos colaterales del hallazgo es probable que se cuenten la creación de una Comisión Bilateral en el Congreso -primero anunciada y luego depreciada por el presidente Alberto Fernández-, la reactivación de la "reforma" en la justicia federal -dormida en Diputados- y la sanción de la Ley de Ministerio Público Fiscal.

Todo eso, en lo inmediato. Pero tienen razón el poder real y sus falderos mediáticos en ponerse nervioso. La revelación de la Operación Olivos es la prueba definitiva sobre el Lawfare, de modo que puede dar el tiro del final al método de persecución y disciplinamiento político que asoló América Latina. Y con algo más de esfuerzo político, quizá también detone la demolición de un servicio de justicia que es percibido por la sociedad como deficiente y corrupto, implacable frente a los delitos de la escasez pero dócil ante los latrocinios de los dueños del dinero y el poder.