La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que existió conflicto de interés en los funcionarios que avalaron la fusión Telecom-Cablevisión durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de el ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Compretencia (CNDC) Esteban Greco y la ex vocal Roberta Bidart, que antes de la función pública tuvieron consultoras donde Telecom y Cablevisión eran sus clientes. El caso de Greco fue denunciado durante el macrismo ante la OA, donde Laura “técnicamente no es delito” Alonso reconoció el vínculo previo pero dictaminó que no pasaba nada. El de Bidart fue denunciado hace poco, la nueva gestión de la OA a cargo de Félix Crous reabrió el expediente y determinó que sí existió el conflicto de interés.
La resolución de la OA abre varios escenarios, aunque es poco probable que se anule la fusión de Telecom-Cablevisión. El hecho puede más que el derecho cuando se trata de Héctor Magnetto y sus socios, que incluso hace unos días hicieron que la Corte Suprema convalide que el Estado no puede controlar esa fusión. El dato es público, pero fue apenas publicado por El Destape. Lo que sí hizo Crous fue enviarle la resolución donde muestra que Bidart violó la ley de Ética Pública tanto al Ministerio de Producción (bajo cuya órbita está la CNDC) como a los juzgados que intervienen en este tema.
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Bidart, ex vocal de la CNDC, firmó a favor de la fusión pese a que había trabajado en la consultora GPR, que tuvo como clientes a Cablevisión y Telecom. En la resolución de la OA queda claro que llegó al cargo por la insistencia de Greco, que también trabajó en GPR Economía SA antes de asumir como presidente de la CNDC. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, “técnicamente no es delito” Alonso, firmó un dictamen donde dijo que Greco no violó la ley de Ética Pública “toda vez que resulta razonable sostener que desconocía el asesoramiento brindado por GPR Economía S.A. a una de las partes”. La consultora de la que Greco era socio tuvo como clientes a Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín.
La propia “técnicamente no es delito” Alonso reconoce en su dictamen que “el Lic. GRECO asesoró a TELECOM en marzo de 2014 (a través de GPR), en el procedimiento de fusión con la firma FINTECH”. Pero a continuación, en el mismo párrafo, Alonso escribió: “Esa vinculación con TELECOM tornó operativo un deber de abstención respecto de la empresa (en virtud del cual el Lic. GRECO se ha abstenido de intervenir en otras actuaciones), y que subsistió hasta marzo de 2017 (al cumplirse tres años de la última prestación de servicios informada por GPR) pero no se encontraba vigente durante el trámite de la fusión que aquí se analiza, el que comenzó en septiembre de 2017”. O sea, para salvar a Greco alegó que cuando firmó el aval a la fusión de su ex cliente ya habían pasado 3 años desde que dejó la consultora. Como si el entonces presidente de la CNDC recién se hubiera enterado del expediente de fusión Telecom-Cablevisión cuando se lo pusieron arriba del escritorio para la firma.
La OA pudo reabrir el expediente ante una nueva denuncia y ahora afirma que “BIDART debía abstenerse de intervenir en las cuestiones particularmente relacionadas con GPR (y cualquier otra persona o asunto al que se haya vinculado en los últimos tres años antes de asumir como Vocal de la CNDC), hasta transcurridos Tres (3) años de su desvinculación”.
Bidart trabajó en GPR al menos hasta febrero de 2015, por lo que hasta 2018 no podía intervenir como funcionaria en casos de sus ex clientes. Fue designada en la CNDC el 1 de junio de 2016 con efecto retroactivo al 23 de febrero de ese año. Entre 2016 y 2017 intervino en dictámenes sobre Fintech (socio de Cablevisión), Telecom y Cablevisión. Es evidente que no cumplió el plazo de los 3 años.
Una gran pregunta es qué pasa con las cosas que firmó Bidart en violación a la Ley de Ética Pública. “En relación con la nulidad absoluta de los actos dictados en conflicto de intereses y la eventual responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados al Estado, también corresponde a la autoridad con competencias sustantivas sobre la materia proceder al dictado de tal nulidad, así como también le corresponde evaluar si se produjeron daños resarcibles en los términos expresados por la Ley” dice la resolución de la OA. En criollo, tendrá que definirlo el Ministerio de Producción -bajo cuya órbita está la CNDC- y el gobierno podría iniciar alguna acción judicial, no está en poder de la OA anular todo lo que hizo.
Las impugnaciones a la fusión Telecom-Cablevisión tanto en sede judicial como ante la CNDC las presentó la abogada Liliana Zabala, que patrocina a trabajadores de Telecom. Estos reclaman por su participación en las ganancias de Telecom desde la privatización de Entel. ¿Qué plantea la impugnación? Que “se prohiba la fusión Cablevisión-Telecom por haber sido autorizada por una autoridad incompetente, en contra de legislación vigente y afectando derechos de los consumidores y competidores”. Sostiene además que durante el gobierno de Macri los funcionarios que validaron la fusión desde la CNDC violaron la ley de Ética Pública. Se trata de Greco y Bidart, presidente y vocal de la CNDC durante la gestión Macri. La denuncia de Zabala se basó en una publicación de Leonardo Rosso y Javier Llorens en el portal Striptease del Poder, que en julio de 2018 reveló que "la fusión de Cablevisión con Telecom fue aprobada por asesores de Cablevisión y Telecom y esconde un fraude" y mostraba que Greco y Bidart habían tenido como clientes a Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín. Sobre esto resolvió ahora Crous desde la OA.
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