La Oficina Anticorrupción denunció a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la compra de ambulancias, chalecos antibalas, entre otros, para la cumbre del G-20 en 2018 por parte de una empresa vinculada a la diputada Graciela Ocaña.
Los delitos presuntamente perpetrados por Patricia Bullrich y funcionarios del Ministerio de Seguridad como Alberto Fernando Fohrig, Martín Siracusa y otros se habrían consumado en 9 licitaciones destinadas a la adquisición de bienes a utilizarse en la Cumbre del G-20 llevada a cabo en Buenos Aires, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
La denuncia que involucra a la líder del PRO se originó a partir de una investigación desarrollada por la Oficina Anticorrupción impulsada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que dio cuenta de que en los llamados a licitación se había dejado expresa constancia de que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, pero como los funcionarios consintieron que la entrega de los mismos fuera posterior al 1 de diciembre.
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Lo que quiere decir esto es que hacia el final de la Cumbre, ninguno de los 5 camiones hidrantes, 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, 900 uniformes ignífugos, 2 scanners de vehículos, sistemas de comunicación, equipos antiexplosivos y 120 pistolas tácticas pudieron utilizarse con la finalidad que se había argumentado para hacer su compra. Además, el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.
Por otra parte, la investigación determinó en el caso de la licitación de equipos antiexplosivos, específicamente en la compra de 2 tolvas de protección, la entonces ministra de Seguridad aprobó su adquisición a la firma Everthron Marine Systems S.R.L, en un precio que excedió en más del 315% el precio testigo, previamente establecido por la SIGEN. Se trata de la Resolución RS-2018-59884329-APN-MSG firmada el 21 de noviembre de 2018.
De todos modos, el proceso que mayores irregularidades presentó, según la investigación de la Oficina Anticorrupción, fue en el que se adquirieron 475 chalecos antibalas a la firma ANTAAJ S.R.L en la que no sólo pagó un sobreprecio de 30% respecto del precio sinoq que fueron entregados más de dos meses después de concluida la Cumbre del G-20. Como si no fuera suficiente, cuando el plazo de entrega se encontraba vencido, se concedieron ANTAAJ S.R.L. dos “prórrogas” para permitirle cumplir con las entregas tardíamente, y con la Cumbre concluida.
Cabe señalar que correspondía aplicarle a la firma adjudicataria una multa por la demora en la que incurrió, la que de acuerdo a la normativa vigente debía detraerse del monto de la factura que debía pagar el ministerio de Seguridad por los chalecos, pero nada de eso sucedió sino que los imputados ordenaron el pago completo del monto debido.
La denuncia de la Oficina Anticorrupción también refirió que “desde el año 2016 hasta el 2021 todas las compras de chalecos antibalas (se refiere a las llevadas a cabo por el ministerio de Seguridad) excepto la presente, se concretaron con Fabricaciones Militares S.E mediante un procedimiento interadministrativo. De modo que no puede descartarse que la selección de un proceso más burocrático como es la licitación pública, el que se llevó a cabo con las irregularidades reseñadas, respondiera a un intento de direccionamiento para favorecer a ANTAAJ S.R.L.” que además fue la única oferente que se presentó a la licitación en cuestión.
El rol de Graciela Ocaña en la compra de 9 millones de dólares
La denuncia, que quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodriguez, con intervención de la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa, destacó que los “beneficios” que la adjudicataria ANTAAJ S.R.L. recibió por parte de las autoridades del ministerio de Seguridad, podían responder al vínculo que el socio gerente de dicha empresa, Alejandro Altoé, mantenía con la diputada Graciela Ocaña.
Lo que se pudo reconstruir es que que Alejandro Altoé fue contratado por el ministerio de Salud de la Nación entre 2008 y 2009 a instancias de la entonces ministra, Graciela Ocaña, y que ambos participaron en la Fundación Confianza Pública que Ocaña presidió, y en la que Altoé fue vocal.
Además, Altoé fue gerente de administración en PAMI, desde 2004, cuando Ocaña era directora. Altoé es íntimo amigo de la ahora diputada macrista y de su marido, Juan Elías Amado (en la web de Confianza Pública figura como tesorero de la fundación).
El partido político fue fundado el 27 de septiembre de 2012 por Graciela Ocaña, quien en 2017 encabezó la lista a diputada nacional de la Provincia de Juntos por el Cambio, obteniendo la banca que renovó en las pasadas elecciones legislativas de 2021.
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