El titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, se refirió a la denuncia que realizó el organismo a la ex ministra Patricia Bullrich por las compras irregulares para el G20 que se llevó a cabo en el país. Allí descubrió que la maniobra consistió en una licitación de "pertrechos de seguridad sofisticados y cuantiosos para que preveían la entrega a una fecha posterior a la propia cumbre, es una cosa ridícula”
Las declaraciones de Crous se conocen una semana después de de que el propio titular de la Oficina Anticorrupción haya realizado la denuncia. Justamente se originó a partir de una investigación desarrollada por la Oficina Anticorrupción impulsada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que dio cuenta de que en los llamados a licitación se había dejado expresa constancia de que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, pero como los funcionarios consintieron que la entrega de los mismos fuera posterior al 1 de diciembre.
En diálogo con El Destape Radio, por otro lado, Crous agregó que "la gente de auditoría detectó sobreprecios, que el oferente fue una sola empresa". Y agregó: "Detectamos que tenía un punto de contacto con una alta funcionaria de la alianza gobernante”. En este punto, esa persona es justamente Patricia Bullrich.
En este punto, lo comprado por el gobierno argentino y que no llego a tiempo para el G20 fueron: 5 camiones hidrantes, 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, 900 uniformes ignífugos, 2 scanners de vehículos, sistemas de comunicación, equipos antiexplosivos y 120 pistolas tácticas pudieron utilizarse con la finalidad que se había argumentado para hacer su compra. Además, el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.
Más allá de Patricia Bullrich, entre los imputados por el titular de la Oficina Anticorrupción están otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de la nación durante la época de Cambiemos. Entre ellos están Alberto Fernando Föhrig, quien fuera subsecretario de Planeamiento y Formación y, por otro lado, Martín Siracusa, que fue subsecretario de Gestión Administrativa de la de la Secretaria de Comunicación, Planeamiento y Formación. Se los acusa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
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