Uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría con el que el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó la denuncia que da origen a la causa de la obra pública en Santa Cruz demolió la acusación que sostiene el caso. En el marco del juicio, que tiene por principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner, el especialista Justo Pastor Romero fue convocado como testigo y aseguró que no hubo sobreprecios en los proyectos que analizó, que jamás consideró que el trabajo que hizo para Vialidad iba a ser usado para una acusación penal y que un informe televisivo que emitió el programa Periodismo para Todos contenía información incorrecta. Fue tal el impacto de su declaración –duró casi 7 horas- que hasta hubo pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos; y el fiscal de juicio, Diego Luciani, acusó a las defensas de preparar al testigo, lo que terminó en un fuerte cruce con los abogados.
“De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, afirmó este lunes el ingeniero Pastor Romero sobre la auditoría que realizó en Santa Cruz a pedido del macrismo apenas Mauricio Macri llegó al Gobierno. “Yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de Vialidad de ese entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel a partir de nuestro informe de auditoría”, agregó quien integra la Auditoria de Ejecución y Gestión de Obras Públicas en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Durante todos su relato, Pastor Romero cada vez que se refería a Iguacel lo llamaba “ingeniero en petróleo” para, evidentemente, demostrar que el entonces funcionario no estaba preparado para ejercer la función en la que había sido designado.
"Este fue un trabajo que surgió por un pedido del administrador de Vialidad, que había asumido en diciembre de 2015. A través de su primera resolución, la 1/2016, nos pidió hacer un relevamiento integral de la gestión de obras en la provincia de Santa Cruz”, explicó el testigo. Es decir, apenas asumió, Iguacel ordenó hacer una auditoría en un solo distrito: Santa Cruz.
Según repitió Pastor Romero durante la audiencia, desde el gobierno de Macri querían ver si las obras estaban terminadas y si la certificación se correspondía con lo ejecutado. “Si era cierto lo que informaban programas de televisión”, mencionó.
El ingeniero fue contundente: dijo que "no se apreciaron diferencias entre lo ejecutado y lo certificado" en las obras analizadas, muchas de las cuales habían sido adjudicadas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez. "Es decir, prácticamente todo lo ejecutado estaba pagado. La diferencia fue muy ínfima y despreciable”, aclaró. Señaló que “los desvíos totales de lo que vimos nosotros representa el 0,006%; con lo cual el objeto se cumplió”.
Otro informe de Lanata, en la mira
Una de las preguntas que le hicieron a Pastor Romero fue si en su auditoría se encontraron con “rutas que se dirigiesen al medio de la nada”, tal como había surgido de un informe de PPT de abril de 2014.
“Yo me preguntaba cómo puede ser que habiendo un sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional integrado por la SIGEN, por la AGN, por las auditorías internas, cómo podía ser que ese sistema hubiera sido vulnerado de tal manera que se construyeran o certificaran obras que no estaban ejecutadas”, señaló el ingeniero. “Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema de control público había sido vulnerado. Al hacer nuestro recorrido se comprobó que no era así”, aseguró.
De acuerdo al testigo, “una de las rutas que se mostraba (en el programa) era en Puerto Deseado. Se mostraba un pequeño tramo de 6 km. que ni siquiera era una ruta nacional, que iba dirigida a lo que iba a ser el Parque Industrial de Parque Deseado. La obra vial de 6 km. se hizo y el Parque Industrial no se llegó a realizar en ese momento”, aseguró. Respecto a la ruta 47, explicó que “conecta el puerto de Puerto Deseado con una mina de extracción de oro que es conocida como Cerro Vanguardia. Entonces construir esa ruta tenía un sentido estratégico, que no era solo acortar distancia al puerto sino también sacar de la ruta nacional el tráfico pesado” para llevarlo a la ruta 47. “Esas fueron las dos rutas que se expusieron en este programa que se llamaba PPT y que supuestamente iban al medio de la nada”, señaló. Y concluyó: “Todas las rutas que vimos fueron con un sentido estratégico para desarrollar una provincia que estaba postergada en el sentido de su red vial”.
En noviembre de 2016, en la semana en la que la actual vicepresidenta se presentó a prestar declaración indagatoria en la causa de Vialidad, PPT volvió sobre el tema con un informe titulado “Las rutas de Cristina. Una estafa millonaria”. Uno de los entrevistados en el programa fue el propio Iguacel. “Cristina pagó. Lazaro no hizo las obras”, decía uno de los graphs del informe que se encuentra en YouTube.
Ruina de obra
Pastor Romero explicó que es la “ruina de obra”: “Es cuando una ruta se arruina y no sirve más”. Por eso dijo que “desde el punto de vista técnico, el mayor perjuicio patrimonial para el Estado Nacional fueron las obras abandonadas y sin terminar. Probablemente cuando se quieran reanudar ya no sirvan más. Seguramente sean miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”.
Uno de los abogados defensores le preguntó al especialista: “¿El perjuicio por el abandono sería mayor al desfasaje en las certificaciones?”. Pastor Romero, respondió: “Infinitamente mayor e infinitamente más graves. Es un perjuicio muy grande para el Estado”. “Y esto no pasó solo en Santa Cruz”, agregó.
El ingeniero reveló además que como el resultado de su trabajo no era el que quería Iguacel, se contrató una auditoría privada a cargo de la consultora Consulbaires. Respecto a la pericia privada que hizo esa firma, dijo: “El trabajo de campo lo hicieron los técnicos y profesionales de Vialidad nacional. Los ensayos de las muestras extraídas también”. ¿Qué hizo la empresa contratada? “Analizó los resultados y los plasmó en una informe”, explicó y sostuvo que “Vialidad nacional podría haber realizado ese informe porque tiene una subgerencia de control de calidad”.
Ante este cuadro de situación, desde las defensas se solicitó al tribunal que se le corra vista al Ministerio Público Fiscal “por la probable comisión de delitos” como “violaciones a los deberes públicos y cohecho” por parte de Iguacel y otros exfuncionarios. Piden que se investigue “el abandono de las obras y el muy posible perjuicio patrimonial” así como “la contratación de la firma Consulbaires para realizar tareas propias que podría haber realizado la DNV”.
Respuestas molestas
Con su exposición, Pastor Romero desacomodó la línea que pensaba seguir el fiscal de juicio, Diego Luciani, quien fue uno de los que pidió que se lo cite a declarar. Luciani parece más interesado en perseguir a la actual vicepresidenta que en perseguir la verdad y se mostró molesto con el testimonio de Pastor Romero. Es más, llegó a pedir que se anule parte de lo que dijo el testigo y hasta insinuó que estuvo preparado por las defensas lo que derivó en un fuerte cruce con los abogados.
“Estamos asistiendo a una irregularidad absoluta”, se quejó el fiscal. “Me preocupa el testimonio de este testigo”, dijo luego. “Estamos viendo una tendenciosidad del testigo. Vamos a pedir que se excluya todo lo que dijo el testigo respecto esta situación”, afirmó sobre una serie de cuentas que realizó Pastor Romero en torno al tema sobreprecios.
La respuesta de las defensas fue inmediata y en cadena “Al fiscal le molesta el contenido al respuesta. Se ofusca de la respuesta, no le gusta lo que dice”, indicó el abogado Gabriel Palmeiro, que defiende a Julio De Vido. “Se tergiversan los principios. El fiscal debe tener claro la objetividad que debe mantener” y “si le gusta la verdad, debe abrirse a escucharla”. Otro de los letrados recordó que el testigo fue pedido por la fiscalía: “Por una respuesta que no lo satisface, el fiscal no puede pedir que se lo excluya”.
Mientras que un tercer defensor puso blanco sobre negro: “El Ministerio Público Fiscal ha imputado a las defensas haber preparado a un testigo. Esto es gravísimo. La imputación demuestra que no está a la altura de ser el representante del MPF para llevar adelante este juicio. Lo hizo sin pruebas, con sospechas. Hasta ha pedido cercenar la declaración de un debate. Esto es una clara obstaculización del juicio. Es una demostración de impotencia lo que está expresando el fiscal".
El caso
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició por una denuncia de Iguacel en base a la mentada auditoría de Vialidad y la instruyeron en primera instancia el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el TOF 2. Se trata del proceso en el que CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del año pasado, en una audiencia en la que se impidió la televisación. Durante aquella ponencia, que se extendió por más de 3 horas y media, la actual vicepresidenta se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.
La acusación central contra Cristina es que desvió fondos públicos a través de la adjudicación de obra vial a un “empresario amigo”. Entre otras cosas insólitas, le imputan haber utilizado las leyes de presupuesto como herramienta de “desvío”. En el marco de este juicio –que no está claro si llegará a culminar el año próximo- se esperan testimonios de peso político como el del presidente Alberto Fernández y el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros. Ambos fueron propuestos como testigos ya que fueron jefes de gabinete de CFK en el período en que se le achacan los hechos. También deberá declarar Iguacel.
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