No es una buena semana para la familia Macri en el caso Correo. La Cámara Comercial les rechazó por segunda oportunidad la maniobra de llevar el caso a la Justicia Porteña y así tenerlo bajo control. Esta vez fue por la recusación de Mauricio Macri y su familia contra la jueza Marta Cirulli, que hace unos días dejó a la empresa al borde de la quiebra, algo inédito en los 20 años que lleva este expediente. Es la misma respuesta que recibieron ante su persistencia por sacar del medio a la fiscala Gabriela Boquin.
Tal como informó El Destape, luego de 20 de trámite en la Justicia Nacional ahora los Macri quieren mudar el expediente Correo Argentino a la Justicia porteña. ¿El motivo? Que se les terminaron los vericuetos y triquiñuelas en la primera y apuestan su control sobre los tribunales de la ciudad.
Los Macri plantearon que son inconstitucionales los rechazos que recibieron para desplazar a la jueza Cirulli y a la fiscala Boquin. Los rechazos provinieron de la Sala B de la Cámara Comercial, que integran las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini. Los Macri no están acostumbrados a negativas de unas juezas que hace unos meses decidieron actuar a derecho pero hace dos décadas son parte del letargo de este expediente. Pero la Constitución no dice en ningún lado que puedan elegir a los jueces y fiscales que les gusten.
La Sala B ya rechazó la maniobra en el caso de Boquin. Los Macri plantearon un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño y éste aceptó tratarlo. Ahora la Cámara Comercial hizo lo mismo con el caso de la jueza Cirulli. Les contestó que “el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal,Civil y Comercial de la Nación”.
Es esperable que los Macri vuelvan a ir en queja al TSJ, más en el contexto actual en el que corren los días para la quiebra de Correo Argentino. Harán todo lo posible por evitar esa quiebra, ya que si sucede será SOCMA, su accionista controlante, la que deberá afrontar su multimillonaria deuda.
A la jueza Cirulli los Macri la recusaron en noviembre pasado, cuando iba a definir lo mismo que esta semana: ponerle un plazo de 20 días hábiles al salvataje de Correo Argentino y, si no se resuelve, la quiebra. A mediados de febrero las jueza Gomez Alonso y Ballerini rechazaron ese pedido, su colega Cirulli volvió a intervenir en el expediente y resolvió.
A la fiscala Boquin buscaron correrla de mil maneras. Primero plantearon que la fiscala no debía investigar, algo que fue rechazado por todas las instancias judiciales y hasta por la Corte Suprema. Luego apostaron a las amenazas físicas y mediáticas, desde el robo de papeles de su auto o tirarle su gato muerto en la puerta de la casa hasta toda la plana mayor del PRO apuntando contra ella. Un nuevo paso lo dieron gracias al procurador interino Eduardo Casal, que aún actúa bajo directivas de Macri, y que le dio impulso a una falsa denuncia por maltrato laboral en su contra. En paralelo a Boquin le iniciaron una contradenuncia en Comodoro Py, en la que involucraron a la jueza Cirulli.
Macri tiene copadas las dos cabezas del Poder Judicial porteño. El TSJ lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el Gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. Ésta última quedó asignada como la jueza de trámite del expediente Correo.
Por el otro lado Macri cuenta con el jefe de los fiscales porteños: Juan Bautista Mahiques. Fue el armador de la persecución judicial durante la presidencia de Macri. Ante la derrota electoral encontró cobijo en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta. Hace unas semanas, un grupo de jueces porteños alertó sobre las medidas que tomó Mahiques para tener bajo control todas las causas que puedan preocupar a Macri o Rodríguez Larreta. Si el caso Correo cae en la Justicia porteña pasará por su escritorio.
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