El Gobierno amplió la Comisión para la Reforma del Código Penal para incluir a otros jueces y abogados. Entre ellos se encuentra María Eugenia Capuchetti y Mariano Hernán Borinsky, dos jueces claves en la persecución a Cristina Kirchner y los beneficios de Mauricio Macri. Recientemente, Capuchetti sobreseyó a Macri, Germán Garavano y "Pepín" Rodríguez Simón en la causa "Mesa Judicial".
La decisión de sumar a más integrantes fue formalizada por la Resolución 48/2024, firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario nacional incluyó en la Comisión a María Eugenia Capuchetti, María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, Julio César Báez, Mariano Hernán Borinsky, Carlos Alberto Manfroni y Fernando Oscar Soto.
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Ellos se sumarán al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem, según la resolución. Al justificar la ampliación, Cúneo Libarona destacó que los nuevos integrantes "cuentan con una amplísima experiencia tanto en el ámbito profesional como académico".
Lo cierto es que Capuchetti se destaca en sus funciones por haber sobreseído a Mauricio Macri en la causa “Mesa Judicial” pero también acusada por la ex presidenta Cristina Kirchner por sus relaciones incompatibles como magistrada y su falta de imparcialidad en el caso del intento de magnicidio en su contra. La ex mandataria apuntó contra las actividades y relaciones incompatibles de la magistrada con el Ministerio de Seguridad de CABA y su falta de imparcialidad en la investigación contra la Policía de la Ciudad.
"En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", denunció la ex vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
También Borinsky cuenta con “una amplísima experiencia” pero en este caso también por sus incompatibilidades a su cargo como magistrado. Una investigación de El Destape reveló que el juez se reunía con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos a escondidas para luego sobreseerlo en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.
Borinsky, que en Casación intervino en casi todas las causas contra CFK, visitó más de una decena de veces al entonces presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos. Esas visitas coincidieron con las fechas de sus fallos en casos de alto impacto político como la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la mediática “Ruta del dinero K”, la causa Dólar Futuro, la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz y hasta el caso Ciccone contra Amado Boudou. Todas pasaron por Borinsky, a quien Macri recibía con excusas variopintas como jugar al paddle o al tenis. En todas las causas, el juez falló en contra de CFK y sus ex funcionarios.
Reforma del Código Penal
En tanto, luego de que el líder libertario subrayara en todo 2023 que "el que las hace las paga", el ministro de Justicia había formalizado la semana pasada la creación de una Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación a través de la Resolución 25/2024 publicada en el Boletín Oficial. Ese grupo de trabajo tendrá a su cargo la "elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo".
Para fundamentar la reforma y actualización del Código Penal, el ministro de Justicia advirtió que durante los 100 años de vigencia del cuerpo normativo se introdujeron gran cantidad de modificaciones "afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original".
"Asimismo, se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional", planteó el funcionario nacional.
Tras recordar que en los últimos 20 años se registraron diversos intentos por abordar esa problemática, Cúneo Libarona remarcó que "subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias".
"Dicha tarea deberá tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada", manifestó.
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Y agregó: "Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito".
El titular de la cartera judicial destacó los "valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los dos últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky".
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