Argentina y México buscaron meter presión al gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega por las detenciones a opositores con el comunicado conjunto en el que anunciaron el llamado a consulta de sus embajadores en Managua, algo que en lenguaje diplomático es una muestra de rechazo por lo que está sucediendo en ese país. El Gobierno intentó realizar una gestión de buenos oficios en el país centroamericano, pero no sólo no obtuvo ninguna respuesta sino que las detenciones continuaron. Así que, siempre de común acuerdo con México, decidieron endurecer la posición que hoy tendrá un segundo capítulo cuando -adelantaban en Cancillería- el representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exponga en Ginebra.
Lo de ayer fue el capítulo que complementó lo sucedido el martes pasado, cuando Argentina y México se abstuvieron en una votación en la que 26 países del continente condenaron la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, se había comunicado en la previa con Felipe Solá para persuadirlo, pero el canciller argentino le explicó la intención de trabajar con México en una gestión de buenos oficios ante el gobierno de Ortega que apuntara a la liberación de los dirigentes detenidos. Un voto condenatorio, argumentó, inhabilitaría cualquier negociación.
Era sólo una parte de verdad. Porque el gobierno argentino no quiere formar parte de ninguna iniciativa que lleve adelante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le gustaría ver fuera de ese organismo desde su bochornosa participación en el golpe a Evo Morales en Bolivia. "No tengo ninguna duda de que la OEA tuvo que ver y que si Almagro tuviera dignidad, debería dar un paso al costado”, dijo alguna vez Alberto Fernández sobre esa intervención. "Es un inmoral absoluto que se puso a las órdenes de Donald Trump", afirmó entonces Felipe Solá.
Por eso, principalmente, el voto argentino por la abstención expresado la semana pasada por el embajador en la OEA, Carlos Raimundi, quien alegó que la condena representaría una intervención en los asuntos internos del país. No obstante, en un adelanto de lo que sería el comunicado de este lunes, también allí marcó su preocupación por la detención de figuras políticas de la oposición, "cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados". También indicó que casos de persecución similares se habían visto en otros países de la región. En la mayoría de los casos -salvo que se trate de Venezuela y ahora de Nicaragua- la OEA prefiere mirar para otro lado.
La Cancillería emitió el comunicado este lunes, horas antes de que Solá y su jefe de gabinete, Guillermo Justo Chaves, inicien un viaje para participar en Nueva York de la reunión del Comité de Descolonización de la ONU y en Italia del encuentro de ministros del G20. Era útil también que subieran al avión con una posición definida en un tema por el que seguramente serán consultados. En el Palacio San Martín aseguraban que no había ningún cambio de posición.
"Los términos del comunicado son similares a la carta que presentamos en la OEA, lo que nosotros no podíamos hacer era acompañar una declaración de Almagro. Hay una situación política en Nicaragua donde están presos políticos opositores y buscamos que el gobierno de Ortega tome conciencia de que lo está haciendo no es viable en una democracia", comentaban cerca de Solá. Luego del voto por la abstención, recibieron una carta de Denis Moncada, el canciller nicaragüense, agradeciendo la decisión. Eso dio pie para pensar en una negociación que permitiera avanzar en normalizar la situación en el país centroamericano, pero no hubo nada de eso.
Por eso la decisión de no esperar más y sacar el comunicado en el que se llamó a consulta al embajador Daniel Capitanich. En términos diplomáticos, eso significa que se lo convoca a la Cancillería para que brinde un informe de la situación y reciba instrucciones acerca de cómo debe actuar. Se lo interpreta como el primer paso hacia una medida más grave como podría ser el retiro definitivo de esa representación en Managua, pero todavía no es el caso.
Adelantaban que el representante argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas Beltrán, expondrá sobre el tema en la reunión que se realizará el martes en Ginebra. Adelantaban que iría en el tono del comunicado, en cuanto a marcar la política tradicional del país de "defensa del pleno respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y profesión". Pero también -como se plantea para el caso venezolano- trabajar en el camino del diálogo para que sean los propios nicaragüenses quienes superen la situación, sin intervenciones externas.
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