Exclusivo: el Gobierno lanzará el programa Acercar Derechos para casos de violencia de género

Mañana el Gobierno lanzará el programa Acercar Derechos con el objetivo de dar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. Es una política de cercanía que buscará fortalecer el acceso a derechos y al sistema de Justicia con una perspectiva interseccional e intercultural. Entre los objetivos se encuentran el acompañamiento psicosocial, asesoramiento legal, facilitar la comprensión de los procesos judiciales, realizar presentaciones en expedientes en trámite, mitigar el impacto de las violencias en los ámbitos sociales y emocionales, facilitar el acceso a las distintas iniciativas del Estado y acompañar en la realización de diversos trámites y gestiones.

“Viene a dar respuesta a una demanda histórica, tener mayor territorialidad por parte de un ministerio que se creó hace un año y medio”, explicó Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, a seis años del primer Ni Una Menos. El programa integrará 80 equipos a nivel federal pero se lanzará mañana con 25 funcionando, sumados a coordinadoras provinciales. Según la conflictividad territorial, avanzarán con la ampliación de esos equipos. Buscarán que tenga un anclaje territorial, que permita recorrer las provincias y articular con áreas provinciales y municipales. “Lo que buscamos es que se fortalezcan las respuestas del Estado, a dar mecanismos y generar los procedimientos que sean necesarios”, dijo la funcionaria en una ronda con periodistas.

Así, la implementación será en etapas con un monitoreo y evaluación periódica “para saber dónde es necesario reforzar y con qué cantidad de equipos”, detalló Florencia Sotello, directora Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en casos de Violencia por Motivos de Género. Son “equipos pensados desde una lógica de movilidad. Que no sean las mujeres las que tienen que acercarse sino que también se pueda hacer a la inversa. Va a existir una sede pero va a haber mails y el Whatsapp de la línea 144 para poder hacer una bajada más ordenada de las situaciones que ingresan”, agregó.

La idea, sostuvo Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, es “que los equipos estén en los lugares donde están las personas en situación de violencia de género. Que se de respuesta y se vayan construyendo articulaciones entre los distintos niveles del Estado para poder dar respuesta” porque “nunca la salida de una situación de violencia de género es individual, es colectiva”.

El objetivo es que el Estado “acompañe el acceso a derechos y el servicio de administración de Justicia” porque “las dificultades están vinculadas a que las personas atraviesan el proceso muchas veces en soledad, sin el acompañamiento del Estado”, dijo Malacalza. Así, se buscará que la persona en situación de violencia por motivos de género sepa en qué consiste el proceso judicial, cuáles son los obstáculos y qué pueden esperar de él. “La idea es que los equipos jamás busquen la revictimización”, apuntó Kelly.

Pero además apuntarán a enfocar la garantía de otros derechos como son el cuidado de niños y niñas, el acceso a una vivienda o programas de desarrollo social, porque la Justicia es “uno de los derechos fundamentales pero no el único que está vulnerado frente a situaciones de violencia de género”.

Muchas veces, las personas víctimas de violencia de género deben abandonar sus hogares sin nada encima y sin un lugar dónde ir. No todas tienen familiares, amigos o compañeros que las puedan albergar por lo que la respuesta del Estado es fundamental. Sobre este punto, y ante una consulta de El Destape, Malacalza explicó que trabajan en “generar criterios en los institutos de vivienda” de cada localidad “para personas en situación de violencia de género porque es algo que no venía habiendo”.

En ese contexto, la reglamentación del alquiler social es fundamental. Un punto que aún no tiene su guía de funcionamiento y que forma parte de la ley sancionada el año pasado. No se trata sólo de esperar que se desocupe una vivienda sino también de generar soluciones. Además, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades hicieron foco en el avance de líneas más concretas de llegada a la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta porque hay personas que necesitan “una respuesta inmediata”. “Algunas provincias tienen líneas de financiamiento específico pero no es suficiente y se trabaja con el ministerio de Hábitat para avanzar y dar respuestas”.

El miércoles, los ministros Jorge Ferraresi y Gómez Alcorta formalizaron la creación del Programa Interministerial Habitar en Igualdad con la finalidad de impulsar políticas públicas habitacionales y de desarrollo urbano con perspectiva de género, dirigidas a mujeres y a la comunidad LGBTI+. La iniciativa apuntará a generar líneas de acción para la inclusión, participación y formación de las mujeres y comunidad LGBTI+ en los procesos vinculados al acceso y construcción de viviendas, a la formación en los oficios asociados y a la generación de un espacio urbano más inclusivo. Se elaborarán de forma conjunta entre ambos Ministerios criterios de priorización para la asignación de viviendas que contemplen en particular las necesidades de las personas en situación de violencia por motivos de género para atenuar las consecuencias de dichas violencias interpersonales.

Acercar Derechos

El programa consistirá en la creación de equipos especializados en todo el territorio nacional, que trabajarán con el objetivo de favorecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+. A partir de este viernes, brindarán acompañamiento psicosocial y jurídico, acercarán programas y políticas públicas para abordar las situaciones de violencias de género, acompañarán la realización de trámites y gestiones articulando con las provincias y los distintos poderes del Estado.

Acercar Derechos tendrá en cuenta dos dimensiones. Por un lado, facilitar el acceso a las mujeres y LGBTI+ a los derechos que les permitan garantizar su independencia. Es decir, llevar a cabo políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que puedan desarrollar proyectos de vida libres de violencias de género. Por otro, impulsar articulaciones entre los distintos niveles del Estado para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Es decir, implementar territorialmente las políticas de acompañamiento y asistencia, junto con los distintos agentes institucionales, las organizaciones sociales y comunitarias y los múltiples dispositivos provinciales y locales.

El Programa prevé la creación de equipos interdisciplinarios en todo el territorio nacional, integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, con capacitación específica para desempeñarse como facilitadores interculturales bajo las premisas del federalismo; la especialización para atender necesidades específicas; la integralidad para considerar todas las vulnerabilidades presentes; el contexto de vida de cada persona; articulado con los distintos niveles del Estado; y ser preventivo, estando a disposición desde antes de la violencia para informar, acompañar y facilitar el acceso a recursos y derechos.

Según se informó, los equipos interdisciplinarios estarán distribuidos en todo el país, alcanzando también las zonas de ruralidad, en las que resulta más difícil para las mujeres y LGBTI+ acceder a sus derechos. Tendrán una sede fija en todas las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Además, estos equipos trabajarán en los territorios recibiendo consultas y atendiendo situaciones de violencia por motivos de género. En estos casos, los espacios de atención serán establecidos en instituciones públicas, espacios pertenecientes a organizaciones sociales o barriales que acompañen a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, o sitios propuestos por las personas en situación de violencia cuando existan riesgos para su desplazamiento o no puedan acercarse por falta de medios económicos.