El Estado nacional pidió disculpas y reconoció su responsabilidad en un caso de violencia de género. Olga del Rosario Díaz había realizado varias denuncias contra su ex marido por agresiones y amenazas pero no contó con ninguna medida de protección por parte del Poder Judicial al momento de ser víctima de una tentativa de femicidio. El pedido de disculpas es un hecho histórico por parte del Gobierno. Además, se presentó un acuerdo de “medidas de no repetición” destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Entre otras cosas, prevén la evaluación de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces o juezas por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
Las fallas del Poder Judicial estuvieron en el centro de la escena. La ministra de la Mujer, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, analizó que las intervenciones judiciales demuestran la vigencia de un engranaje basado en un sistema patriarcal y aseguró que en el caso de Olga “el accionar fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos”. Además, señaló que no hubo una escucha activa y respetuosa, algo clave a la hora de abordar, atender y dar solución a casos de violencia de género.
"Los derechos humanos son la columna vertebral del Estado argentino. La Secretaría va a seguir impulsando la plena implementación de este acuerdo para lograr cambios efectivos en la forma en que el estado interviene en casos como este”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la apertura del acto. "Lo que nos convoca es el resultado de un sistema judicial que carece de perspectiva de género y que no está a la altura de lo que exige la prevención de la violencia por motivos de género”, señaló en línea con Gómez Alcorta.
La ministra le agradeció a Olga del Rosario Díaz su reclamo y afirmó: "Es sumamente injusto y doloroso que sean las víctimas las que obliguen a los Estados a asumir sus responsabilidades. Nos ponemos a disposición para seguir trabajando con un compromiso muy grande, como lo venimos haciendo durante este año y medio, frente a un fenómeno complejo como son las violencias por motivos de género”.
La funcionaria, en su pedido de disculpas, destacó que el Estado argentino “ratifica su compromiso de implementar políticas contundentes para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos perpetradas en este caso. Es necesaria y urgente la reforma del sistema de justicia actual.
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Del encuentro también participó Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, organismo que representó a la víctima ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Ella le agradeció a Olga en nombre de todas las mujeres "porque va a ser siempre un ejemplo de que la lucha sirve. Siempre se puede lograr algo más. Estamos empezando a construir un futuro de dignidad para las mujeres”.
A su turno, Olga remarcó que vio cómo se está "trabajando sobre todos esos cambios judiciales para poder aceptar a las víctimas con empatía y brindarles la seguridad de que van a encontrar un respaldo y una solución, que esto no se va a volver a repetir nunca más. Nunca Más una Menos”.
El caso
El Estado argentino fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra Díaz, en particular por la tentativa de femicidio que sufrió el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.
El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. Luego, el acuerdo fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679.
Medidas de no repetición
El Acuerdo prevé la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición” destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Entre otras cosas, esas medidas prevén la evaluación de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces/as por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura, lo que se aprobó recientemente.
También, la realización de capacitaciones a integrantes del Poder Judicial y de la policía, la elaboración de un Protocolo de Articulación Institucional, para coordinar las intervenciones en procesos de violencia; el dictado de Principios Generales de Actuación para las intervenciones judiciales; y la ampliación del patrocinio gratuito y especializado a víctimas de violencia de género.
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