Desde la última ola de asesinatos vinculados a los grupos que dominan el narcotráfico en Rosario, el Gobierno nacional de Javier Milei está sobreactuando sus decisiones. Primero anunció que enviaría a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, pero luego reconoció que no se desplegarían uniformados, sino que colaboran con vehículos. Ahora, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberano, comunicó al Poder Judicial y el Ministerio Público de Santa Fe que tienen solo cuatro días para implemente el régimen de enjuiciamiento del Código Procesal Penal que fue reformado primero en 2013 y luego en 2019. Eso sí, junto con su resolución, el miembro del gabinete nacional no anunció más fondos para crear más fiscalías, por ejemplo, como requiere el nuevo modelo judicial, basado en un sistema acusatorio. El Procurador General interino, Eduardo Casal, ya adelantó que no es posible llevar adelante su pedido antes de los próximos tres meses.
De hecho, este nuevo sistema de investigación y enjuiciamiento solo se implementó -y de manera muy defectuoso porque no se adaptaron las estructuras institucionales de manera correcta- en dos provincias: Salta y Jujuy. El principal cambio de este sistema es que el juez ya no es el responsable de las investigaciones -y por lo tanto, de autorizar y analizar las medidas de pruebas pedidas por cada parte. Ahora, ese rol lo cumplen los fiscales en audiencias que deben garantizar más celeridad y transparencia a los procesos judiciales. Pero claro, esto pone una carga mucho más grande sobre las fiscalías que ven multiplicadas sus tareas y, por lo tanto, deben crearse nuevos fiscales y sumar más fondos.
Nada de esto incluye la resolución del Ministerio de Justicia nacional publicada este jueves: "Disponer la plena e inmediata entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019), en el ámbito de la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024". Y agregó: Exhortar a las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida, a fin de que, en coordinación con el MINISTERIO DE JUSTICIA, ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen de enjuiciamiento instituido por el CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019)".
El texto oficial tampoco hace mención a la complejidad de la transición y la falta de fondos y reformas de fondos en sus considerandos. En cambio, apeló como justificación "el clamor social" y "la firme voluntad que nos transmitieron los funcionarios" locales.
Milei también quiere reformar el Código Penal
El Gobierno amplió esta semana por decreto la Comisión para la Reforma del Código Penal para incluir a otros jueces y abogados. Entre ellos se encuentra María Eugenia Capuchetti y Mariano Hernán Borinsky, dos jueces claves en la persecución a Cristina Kirchner y los beneficios de Mauricio Macri. Recientemente, Capuchetti sobreseyó a Macri, Germán Garavano y "Pepín" Rodríguez Simón en la causa "Mesa Judicial".
Además, incluyó en la Comisión María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, Julio César Báez, Carlos Alberto Manfroni y Fernando Oscar Soto. Ellos se sumarán al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem, según la resolución. Al justificar la ampliación, Cúneo Libarona destacó que los nuevos integrantes "cuentan con una amplísima experiencia tanto en el ámbito profesional como académico".
Lo cierto es que Capuchetti se destaca en sus funciones por haber sobreseído a Mauricio Macri en la causa “Mesa Judicial” pero también acusada por la ex presidenta Cristina Kirchner por sus relaciones incompatibles como magistrada y su falta de imparcialidad en el caso del intento de magnicidio en su contra. La ex mandataria apuntó contra las actividades y relaciones incompatibles de la magistrada con el Ministerio de Seguridad de CABA y su falta de imparcialidad en la investigación contra la Policía de la Ciudad.
También Borinsky cuenta con “una amplísima experiencia” pero en este caso también por sus incompatibilidades a su cargo como magistrado. Una investigación de El Destape reveló que el juez se reunía con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos a escondidas para luego sobreseerlo en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.
Casal, el primero en rechazar el pedido
El Procurador Casal, en una nota dirigida a Cúneo Libarona, advirtió que es imposible implemente el régimen de enjuiciamiento del Código Procesal Penal en apenas cuatro días, si es que quiere que funcione correctamente. "La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige", subrayó.
Al citar la puesta en funcionamiento del mismo sistema en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en 2019, indicó que se necesitarían al menos 3 meses para disponer el nuevo sistema "como mínimo, teniendo en cuenta las necesidades y complejidad de la jurisdicción en cuestión".
"Los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma", recalcó Casal.
Por eso, le reclamó que disponga una prórroga en sus pretenciones para hacer posible "aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos en la jurisdicción de referencia, y permita desarrollar un proceso de implementación que asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial".
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