Resulta obsceno, y caracteriza con certeza a la dirigencia que supimos conseguir, que en una ciudad acostumbrada desde hace meses a sufrir una muerte violenta cada veinticuatro horas y que es escenario, desde hace más de una década, del más salvaje conflicto violento entre argentinos de 1983 a esta parte, la línea roja se haya cruzado con nueve disparos a la fachada de un supermercado y un mensaje dejado allí para que todos reaccionaran exactamente tal como reaccionamos.
Fuimos partícipes, involuntarios pero necesarios, de una macabra maniobra de marketing. Messi no tiene nada que ver con esto, es apenas el señuelo que dejaron los autores del ataque, de la misma forma que otros usan su imagen para vender camisetas, medias, mochilas o carpetas. Los expertos recomiendan minimizar la difusión de esta clase de mensajes, que son materia de fiscalía y no de redacciones. Como sucede con la violencia de género o el suicidio, urgen protocolos para el tratamiento mediático de estos episodios.
No se va a avanzar un centímetro en la lucha contra el narcotráfico, uno de los peligros más acuciantes para estas y las próximas generaciones de argentinos, una fuerza arrasadora que puede transformar para siempre la fisionomía de la sociedad, bailando al ritmo que proponen, desde sus celdas, los jefes de estas bandas que controlan jueces, fiscales, políticos y policías, que lavan su dinero a través de bancos y constructoras en manos de la crema y la nata de la sociedad rosarina.
Tampoco ayuda en nada el circo montado por comunicadores y políticos que parecen preocupados en sumar unos votos o un punto de rating más que por aportar a la solución de esta verdadera tragedia que, sin embargo, puede todavía volverse mucho peor. Ni el Antón Pirulero que jugaron, en los últimos días, los gobiernos de Rosario, Santa Fe y la Nación, tratando de repartir culpas como si creyeran que va a quedar algo en pie si no se detiene la ola antes de que se transforme en tsunami.
Por supuesto, involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico puede desatar un infierno, como lo indica la experiencia mexicana. Después de 17 años de guerra contra los carteles la cantidad de muertos y desaparecidos se estima en 300 mil y los militares trabajan para los capos o se volvieron, ellos mismos, los patrones del tráfico de drogas. La situación sigue siendo trágica pero ahora se tiran con armas más grandes. Nada distinto podemos esperar si se aplica esa receta en Rosario.
El otro fetiche de estos días entre los políticos de derecha (que los hay en todos los frentes) es el de El Salvador. Bajo el influjo de la propaganda del expublicitario Nayib Bukele, proponen imitar sus métodos, que incluyen el encarcelamiento del 1,5 por ciento de la población del país, detenciones arbitrarias y torturas. No se va a solucionar el narco en Rosario metiendo presos por la pinta a todos los pibes pobres que usan gorrita y tatuajes. Eso hace el presidente salvadoreño y proponen sus fans locales, no otra cosa.
Aunque la llanura política a la hora de plantarse ante este asunto es transversal, las responsabilidades no son simétricas. Aunque intentan instalar un relato que iguala al peronismo con el narco (artefacto publicitario que les funcionó bien contra Aníbal Fernández en 2015 y nada contra Axel Kicillof en 2019), solamente un extraordinario blindaje mediático les ahorra a los candidatos de Juntos por el Cambio tener que dar explicaciones sobre los vínculos entre sus dirigentes y el narcotráfico:
- En agosto del año pasado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, vinculó en una entrevista televisiva a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo con una maniobra para apartarla de una investigación por narcotráfico que involucraba al fiscal Claudio Scapolan, funcionarios de su fiscalía y una veintena de oficiales de la Policía Bonaerense. “Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal”, dijo Arroyo Salgado.
- En diciembre de 2020, días después de dejar de ser intendente de Paraná (cargo que heredó de su padre en 1999 y ocupó en dos ocasiones), el radical Sergio Varisco fue condenado a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de una red de comercialización de estupefacientes. La condena fue ratificada un año más tarde. También formaban parte de la banda y fueron condenados una funcionaria del área de Seguridad y un concejal de Cambiemos.
- En Santa Fe se conocieron audios del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con policías condenados por brindar protección a bandas narco de esa provincia. Pullaro ahora es precandidato a gobernador por la UCR.
- Aunque resulte obvio recordarlo, pareciera que en el cartel que dejaron esta semana en la puerta del supermercado de la familia Roccuzzo sólo estuviera el nombre de Messi, cuando además aparece mencionado y vinculado al narco el intendente Pablo Javkin, de origen radical, lilito por crianza y larretista de última hora. Por supuesto, esa mención no equivale a culpabilidad, ni siquiera amerita por sí sola una sospecha, pero imaginemos, por un instante, qué hubiera pasado si el nombre en ese cartel era, pongamos, Aníbal Fernández.
Más allá de la cobertura mediática que permite que no paguen costo político por estas denuncias, la oposición aprovecha también un vacío que deja el peronismo, desde hace muchos años carente de agenda de la lucha contra el delito en general y el crimen organizado en particular. Es urgente que se articulen propuestas que, al mismo tiempo, establezcan sintonía con una sociedad que le da mucha importancia a estos temas y le dispute a la derecha un sentido común que, sin contrapesos, toma ribetes trágicos.
A partir del impulso que tuvo el tema esta semana, después de que la mención del astro llevase el drama de Rosario a todo el mundo, el gobierno nacional comenzó a mover algunas piezas para dar respuesta a la crisis. Además de la transferencia de sistemas de vigilancia e identificación cuya utilidad en un escenario como el actual está por verse, se intensificó la articulación entre Nación y provincia, lo que debería traducirse, en los próximos días, en medidas concretas a varias bandas.
Dos históricos adversarios en la política santafesina, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el gobernador, Omar Perotti, se pusieron al frente de las charlas, en las que asumieron el compromiso de “dejar de lado el carancheo político y abocarse a discutir soluciones de fondo”, según contaban en la Casa Rosada. El primer fruto de ese acuerdo es que este miércoles se firmará, finalmente, el convenio para abrir una agencia de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario.
Ese mismo día sesionará en la cámara de diputados un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación penal para dar curso al proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe, que apunta a la creación de nuevas fiscalías y juzgados que agilicen las investigaciones y juicios. La iniciativa, fragmento de la reforma judicial impulsada por el presidente al comienzo de su mandato, la promueven los legisladores Germán Martínez (jefe de la bancada del Frente de Todos) y Roberto Mirabella, y lleva la firma de los 19 diputados de esa provincia, de todos los espacios políticos.
En el gobierno creen que “está encaminado” un acuerdo con la oposición para que levante, en lo que hace a este tema, su negativa cerrada a tratar cualquier proyecto mientras dure el juicio político a cuatro miembros de la Corte Suprema. Avanza, en simultáneo, en el Senado, una negociación paralela para destrabar la aprobación de los acuerdos del juez Gastón Salmain y dos fiscales, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Dilario, para el Juzgado Federal Nº 1 y el Tribunal Oral Federal 2, respectivamente, ambos en Rosario.
Son medidas que van en el sentido adecuado pero resultan insuficientes si las investigaciones no remontan el curso del dinero para encontrar a los verdaderos responsables. Voltear kioskos o bunkers equivale a cortar una cabeza de la Hidra: vuelven a crecer dos en su lugar. El combate al narcotráfico, en serio, se da en los countries, no en las villas. Y en los bancos y constructoras, de fachada luminosa y dueños respetables, que se encargan de lavar el botín.
Hablando de dinero, otro punto central que debería discutir el Frente de Todos de cara a la sociedad es el de transparentar la financiación de las campañas políticas. Se trata de un inmenso mercado negro en el que el dinero de origen ilegal fluye en abundancia hacia los bolsillos de políticos que luego son rehenes de las organizaciones criminales que los enriquecieron y les facilitaron el acceso al poder. Sin cortar de cuajo estos vínculos espurios, el combate a la ilegalidad se da en una cancha inclinada y con el árbitro en contra.
Resulta imprescindible, asimismo, reforzar la presencia del Estado en el territorio. No con armas sino con alimentos, techos, colchones, crédito, programas sociales y trabajo. En cada barrio, en cada calle, en cada cuadra de la que se retira la política, entra el narco. La disposición estatal también debe reforzarse en las rutas y vías navegables que tienen en Rosario un epicentro. Por la hidrovía no se contrabandea solamente grano. Controlar la logística es otra forma efectiva de combatir al crimen organizado.
Sin embargo, todas estas herramientas solamente son parches y refuerzos para equilibrar una batalla desigual. La única solución definitiva al problema del narcotráfico es dejarlo sin clientes y eso se logra a través de la legalización del comercio de estupefacientes. El prohibicionismo, una política diseñada por el gobierno de Richard Nixon en 1972, más orientada a criminalizar sectores políticos y sociales (el movimiento antiguerra en Vietnam y los luchadores por los derechos raciales), ya ha demostrado sobradamente su fracaso.
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