Un grupo de excombatientes de la Guerra de Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM), provincia de Buenos Aires, lanzó un fuerte y duro comunicado tras la confirmación del fallecimiento de la Reina Isabel II de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. "Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz", expresaron y pidieron luego de conocerse la noticia. La salud de la monarca de 96 años había empeorado en las últimas horas.
En un conciso comunicado, los ex soldados escribieron: "Ante la muerte de Isabel Alejandra María Windsor, Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la cara de la monarquía a nivel mundial, que detentó el trono durante 70 años, anteponemos que encarnó el sufrimiento de los pueblos sojuzgados bajo el dominio colonial y económico durante todo su reinado, un sistema arcaico como lo es la monarquía británica".
Isabel II asumió la corona en 1952, con tan solo 25 años y tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI; comenzando así, el reinado más largo en la historia del Reino Unido y en 2015, convirtiéndose en la monarca con más tiempo en el trono tras superar a Victoria (1837-1901). En sus 70 años como monarca, vio cómo perdireon todo su imperio salvo las Islas Malvinas. "El tratamiento edulcorado de la figura de la Reina Isabel II de los sistemas dominantes de la cultura estratégica, contrasta con los rostros de las Madres de los Soldados muertos bajo el fuego enemigo durante la Guerra de Malvinas en 1982", agregaron.
Sobre la misma línea, los excombatientes de Malvinas manifestaron: "El imperialismo británico con su monarquía, continúa con la ocupación neocolonial militar en nuestras Islas Malvinas, Geórgias, Sándwich del Sur y sus mares circundantes en contra de los intereses de los argentinos, amenazando la paz de Argentina y de la región con una fortaleza militar en la Base de Monte Agradable". Y sentencian firmemente: "Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz".
El comunicado completo
Torturas en Malvinas: ¿en qué estado se encuentra la causa?
Desde el año 2007, en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, se encuentra activa una causa judicial que investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la Guerra de Malvinas. Si bien a principios del 2020 se había procesado a cuatro exmilitares imputados; el 4 de mayo del 2021, luego de un pronunciamiento dictado por mayoría en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.
Actualmente se encuentra en un letargo indefinido, luego de que el fallo fuera recurrido por la Fiscalía y los querellante, entonces la jueza Mariel Borruto determinó que esperará por un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia acerca de si los hechos investigados constituyen o no a delitos de humanidad. En el caso de ser así, la condición les otorga "imprescriptibilidad". Según la magistrada, la paralización de las pequisas es necesaria para "evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios" y ante situaciones similares, "preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia".
La investigación se dio a partir de una denuncia del en ese entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó 25 casos de supuestos tormentos a soldados -incluyendo, entre ellos. estaqueamientos y enterramientos por pedir alimentos, sufriendo situaciones de "hambre extremo"-. En la causa lo que se analiza es si los hechos eran parte de un "plan sistemático" contra los soldados, siendo así calificados como delitos de lesa humanidad o si fueron "sucesos aislados" protgonizados por un grupo de militares particular.
Los denunciantes sometidos declararon que llegaron a comerse una oveja por hambre y por ello fueron "obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre 9 y 10 horas". A uno de ellos, se lo castigó "obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes".
Un tercer soldado denunció que fue "estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida" mientras que un cuarto excombatiente fue "estaqueado durante 4 o 5 horas en los que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno" por la misma razón. Otros dos fueron obligados a "realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución" mientras efectuaba disparos entre sus piernas y les pegaba con una barra de acero; y al último "le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por quedarse dormido en guardia".
Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), querellante en la causa, aseguró en diálogo con Agencia Télam que las torturas a soldados son "una asignatura pendiente de la democracia" y dijo que se cumplen "40 años de impunidad" para los acusados. Mientras que reflexionó en marzo pasado: "El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones. Además de la impunidad judicial enfrentamos la impunidad biológica, porque con tantos años de proceso están falleciendo tanto los imputados como las víctimas".
Asimismo, había pedido a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión y recordó que existe un expediente presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Allí constan todas las pruebas que existen a partir, incluso, de la desclasificación de archivos secretos de 2015, de donde surgieron documentos oficiales de las propias fuerzas armadas reconociendo los abusos", manifestó. Y concluyó: "El pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados, precisa una respuesta que no sea la impunidad".
Cinco meses más tarde, todavía no hay respuestas.
Cerrar sesión