La Inspección General de Justicia (IGJ) multó a Socma y Sideco, las naves insignia del holding Macri, por diversas y reiteradas irregularidades en la presentación de sus balances y estados contables. El organismo que comanda Ricardo Nissen les aplicó una multa de 100.000 pesos a cada una. Es el máximo que permite la ley. Tienen 15 días para pagarlo y el mismo tiempo para poner en orden sus papeles frente a la IGJ.
El caso de Socma consta en la resolución 254. Está firmada por Nissen pero el expediente comenzó el 23 de abril de 2018, durante el gobierno de Macri. En principio era por demoras en presentar documentación del 2017. Pero el Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales de la IGJ encontró incumplimientos en las presentación de los balances de 2017 y también de 2011, 2012, 2013 y 2020. Y también detectaron que Socma no respondió a las observaciones sobre papeles que presentaron en 2017, 2018, 2019 y 2020.
En definitiva, la IGJ encontró que en Socma los Macri hace añares que no tiene su papeles en regla. No es menor: es la nave nodriza de todo entramado de sociedades que hoy controla Mauricio Macri pese a que se ocupó de no figurar en los papeles.
Algo similar ocurre con Sideco Americana, el otro portaaviones de la familia Macri. La resolución de Nissen tiene el número 253 pero el trámite comenzó el 17 de septiembre de 2019, también en el gobierno anterior. Le faltaban presentar papeles de una asamblea de 2019 y los estados contables de 2018. La IGJ también encontró que Sideco no contestó observaciones sobre documentación irregular de 2017, 2018 y 2019.
En ambas, Socma y Sideco, las resoluciones señalan desmanejos en dos sociedades controladas por ellas: Yuto SA y Virtual Gasnet International SAU. La primera se dedica a forestación en Salta, la segunda al gas.
Las reglamentaciones de la IGJ establecen que las sociedades tienen que comunicarle la fecha de sus asambleas con 15 días de anticipación y en ese plazo acercar la documentación para que el organismo pueda fiscalizar lo que allí sucede. Las empresas de los Macri no lo hicieron en reiteradas oportunidades. Lo mismo con sus estados contables anuales.
La resolución de la IGJ remarca “la omisión de comunicar la convocatoria a asamblea a la autoridad de contralor, y por ende la obstrucción a la fiscalización que corresponde a este organismo”.
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