La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que les pasará la factura del operativo de seguridad a las "organizaciones" presentes en la manifestación en el Congreso la semana pasada, donde hubo represión de las fuerzas de seguridad. El monto total anunciado por la ministra es superior a los $134 millones.
"Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos. A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!", tuiteó Bullrich.
El gasto de $134 millones lo dividió en cuatro: más de $55 millones para la Gendarmería, casi $40 millones para Prefectura, más de $555 mil para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y más de 32 millones para la Policía Federal.
Ultimátum judicial al protocolo antipiquetes de Bullrich: investigan si cumple con los acuerdos de derechos humanos
El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la "causa anti-protocolo" que se inició a raíz de la aplicación del protocolo antipiquetes que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación y le requirió a la ministra Patricia Bullrich que informe el procedimiento que dio origen al mismo.
En su despacho, pidió que informe en el plazo de 72 horas cómo fue el procedimiento que precedió a la emisión de este protocolo que ya se aplicó en distintas marchas como la de la CGT y la de distintas organizaciones frente al Congreso por el debate de la ley ómnibus. "Informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados", apuntó el magistrado en la causa que caratuló como "hábeas corpus".
"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales. Corresponderá precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos", sumó.
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