La obra social del personal militar y de las fuerzas de seguridad (Iosfa), la segunda en importancia nacional por el número de afiliados y bajo la órbita del Ministerio de Defensa, quintuplicó su deuda en la gestión de Javier Milei y se prevé que terminará el año con un pasivo superior a los 122 millones de dólares y cuestionamientos a su funcionamiento y a la labor llevada a cabo al frente de la entidad por un funcionario nombrado por Luis Petri. El crecimiento exponencial del pasivo quedó de manifiesto en una nota firmada por casi todo el directorio de la organización -en su mayoría, altos rangos de las fuerzas- y dirigida esta semana al presidente, el mendocino Oscar Sagás.
Tras la publicación de esta nota, la misma obra social difundió un comunicado para asegurar que la deuda "es una deuda que se arrastra de la gestión anterior". Y agregó: "A valores constantes y en función de los ingresos de la obra social se ha mantenido el mismo nivel de obligaciones financieras sin afectar las prestaciones a los afiliados, incluso incorporando prestadores y mejorando la calidad de los mismos"
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Sin embargo, la anterior misiva, fechada el 16 de octubre, dio cuenta de una "delicada situación prestacional, presupuestaria y financiera" del Instituto Obra Social Fuerzas Armadas y de Seguridad que incluye quejas por "demoras en los pagos y reintegros a afiliados, proveedores y prestadores". Sobre la deuda, la nota relevó que a diciembre del año pasado alcanzaba casi 18.600 millones de pesos y que ya para mayo de este año había trepado a más de $ 57 mil millones, en tanto que al 30 de septiembre se situaba en más de 97 mil millones de pesos.
"La proyección estimada para fin del presente ciclo económico financiero se estima en un importe mayor a 122.500 millones de pesos, el cual se irá consolidando durante el presente trimestre y su variación final estará sujeta a los ingresos y costos de servicios y prestaciones", señaló la carta. El documento lleva la firma del vicealmirante Eduardo Urrutia (Armada), del general de Brigada Daniel Varela (Ejército), el brigadier Walter Lannutti (Fuerza Aérea), el contraalmirante Juan José Palermo (Armada), el comandante mayor Adalberto Ferreyra (Gendarmería), y los civiles Ricardo López y Valeria Calleja. Sobre dos de las firmas faltantes, las de los generales del Ejército Alejandro López y Germán Monge, la nota aclara al pie que se encontraban ausentes pero "en un todo de acuerdo" con sus pares. El único miembro del directorio cuya firma no figura es el prefecto general Francisco Sussini.
Las autoridades le advirtieron a Sagás, un médico exsubsecretario de Salud de Mendoza, que el deterioro del Iosfa se verifica luego de que se lograra alcanzar "un cauto equilibrio" en las cuentas de la obra social al cierre de 2023 "gracias a un gran esfuerzo conjunto" de directivos, empleados y aportantes, "sumado a la normalización de los sueldos de los afiliados militares en actividad y retiro". Y destacaron que los datos surgen de un informe expuesto de manera verbal por el propio presidente del directorio junto a otras autoridades en una reunión que mantuvieron el 9 de octubre pasado. "Cabe aclarar que de dicha reunión no se labró ningún acta ni se realizaron registros por escrito por decisión suya", le recordaron.
Y añadieron: "En el reporte verbal recibido, el Directorio tomó conocimiento de la comprometida situación del instituto, que plantea una proyección hacia fin de año de una deuda impaga mayor a tres recaudaciones mensuales. No somos ajenos al impacto que ha ocasionado el incremento de los costos en el área de salud, tanto en medicamentos como en prestaciones, los cuales subieron por encima de la inflación general y a un mayor ritmo que los ingresos de nuestros afiliados", apuntaron y, a continuación, advirtieron que "la situación planteada complicará el acceso a prestaciones médicas y sociales" a los afiliados.
En los últimos párrafos los directivos reclamaron por "la necesidad de poner en marcha en forma urgente todas las medidas de contención del gasto necesarias" así como de "elaborar un plan de contingencia para enfrentar la situación actual" a ser informada a los firmantes. También le exigieron poner en conocimiento de la situación de crisis del Iosfa a las máximas autoridades de las fuerzas militares y de seguridad y destacaron que de no haber un cambio urgente quedará "en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas, sociales y de recreación". Para finalizar demandaron una auditoría.
La debacle de la prestadora se da en un contexto en el que el Gobierno nacional ya intervino más de media docena de obras sociales sindicales tras alegar supuestos déficits inmanejables, falta de prestaciones e irregularidades, un panorama muy asimilable al expuesto por los directivos a Sagás. Sin embargo, y a diferencia de la casi totalidad de obras sociales sindicales que se encuentran bajo el monitoreo de la Superintendencia de Salud y, por lo tanto, en la órbita del nuevo ministro del área, Mario Lugones, en el caso de Iosfa se encuentra en los alcances de Defensa, a cargo de Petri.
La gestión de Sagás ya venía cuestionada desde las propias fuerzas armadas y de seguridad pero también por la diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta, expulsada del bloque oficialista. La legisladora, famosa por haber participado en reuniones de comisión con un patito en su cabeza y luego por su participación en una visita a represores -de la que se declaró arrepentida y haber ido bajo engaños- quien presentó un pedido de informes a partir de denuncias de afiliados de varias provincias por falta de prestaciones. También en agosto hubo cruce de cartas documento entre Sagás y un militar, José Luis Figueroa, que había renunciado al directorio tras denunciar manejos irregulares. En ámbitos castrenses también se menciona la aparente contratación por parte del funcionario de colaboradores de su confianza mendocinos, con salarios de varios millones de pesos y gastos permanentes en pasajes a Buenos Aires, adonde está asentada la administración del Iosfa.
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