Luego de la denuncia iniciada por El Destape sobre la retención de más de 5 millones de kilos de alimentos, el Ministerio de Capital Humano finalmente asumió sus errores, tras días de justificaciones vagas, y anunció que entregará la comida almacenada a través del Ejército. La cartera que dirige Sandra Pettovello dio a conocer que llevó a cabo una auditoría en la que corroboró estado y fechas de vencimiento de los productos y apuntó la responsabilidad contra el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.
"Ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería", dijeron, en un mensaje indirecto hacia Pablo de la Torre. Hasta el momento, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, se había limitado a apelar la decisión de la justicia federal, que le dio un plazo de 48 horas para delinear un plan de entrega de los alimentos para entregar a comedores y merenderos afectados en medio de la crisis económica.
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“Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”, dice, también el comunicado del ministerio que acopió durante seis meses la comida que le negó -y niega- a merenderos y comedores barriales que hay a lo largo y ancho de todo el país.
Ahora, el ministerio a cargo de Pettovello, apuntó la responsabilidad al secretario de Estado De la Torre, supuestamente a cargo de informar sobre las fechas de vencimiento de la comida que decidieron retener durante seis meses en galpones ubicados en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires; y en Tafí del Valle, Tucumán.
Desde que se dio a conocer la información, fueron varias las excusas que expuso el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, que desde que asumió comenzó una fuerte campaña de criminalización contra referentes políticos y comedores por considerarlos "truchos". Cuando se dio a conocer la información sobre la comida retenida el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que estaban dispuestos para "catástrofes" y "emergencias", pese a que hubo situaciones así que lo habría ameritado y los alimentos no fueron entregados.
El pasado 24 de mayo, fue el mismo De la Torre el que aportó una razón para continuar con el acopio de alimentos a punto de vencerse mientras millones de personas esperan recibir un plato de comida, al menos, por parte de la organización social o política del barrio. Se trata de "alimentos reservados para emergencias climáticas. Hoy la comida está llegando a la gente que la necesita", había afirmado el ahora ex funcionario en una respuesta que le dio en redes sociales al dirigente social y político Juan Grabois.
Las denuncias contra los funcionarios
El pedido de acceso a la información que reveló las toneladas de comida retenidas por el Gobierno derivaron en, al menos, dos denuncias judiciales. Una de ellas es una denuncia a cargo de Grabois que recayó en el despacho del juez federal Sebastián Casanello, que el lunes de esta semana dio un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda "de inmediato" a su distribución.
El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza. "De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva", sostuvo.
Como si fuera poco, el Gobierno nacional apeló con un escrito rubricado por la subsecretaria legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien se mostraba identificada con el peronismo hasta hace poco tiempo. Entre varios argumentos que dieron, dijeron que la decisión de entregar los alimentos es una decisión política del gobierno de Milei y por lo tanto no es "judiciable" y dijeron que se trata de paquetes de yerba mate por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa, esto es, la cuestión humanitaria.
Por otro lado, el mismo lunes se abrió una causa colectiva contra los funcionarios de Capital humano. El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició un proceso colectivo contra el Gobierno nacional y abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.
Así lo resolvió el magistrado en un fallo que dictó y que corre en paralelo a la causa penal que tramita el juez federal Casanello.
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