Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien hoy cumple seis años detenida, y advirtieron que "con presos políticos no hay democracia plena".
En el texto, los firmantes expresaron "una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal".
"El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública", añadieron.
En ese marco, plantearon que "la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices".
"El caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presas y presos políticos de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables", sostuvieron. Por último, advirtieron que la detención de Milagro Sala "debe cesar cuanto antes" debido a que esta situación "lesiona gravemente la Democracia."
La solicitada fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
También lo hicieron el premio Nobel por la Paz Adolfo Pérez Esquivel Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Asimismo, suscribieron los ministros nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Aníbal Fernández, Daniel Filmus, Elizabeth Gómez Alcorta, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Jaime Perczyk, Martín Soria, Tristán Bauer y Santiago Cafiero.
Desde el Gobierno se sumaron además la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra; y los secretarios de Relaciones Parlamentarias Fernando "Chino" Navarro, y de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Además, acompañan la solicitada los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cru), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas.
También, los senadores del FdT Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Juliana Di Tullio, Nora Del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, María Teresa González; Alejandra RodenasAlejandra Rodenas, Ana Ianni y María Eugenia Catalfamo. Otros que suscriben son los sindicalistas Hugo Yasky, Pablo Moyano y Víctor Santa María; y los diputados nacionales del FdT Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Mara Brawer, Leopoldo Moreau, Gisela Marziotta, Vanesa Siley y Eduardo Valdés, entre otros.
En esta misma línea, un grupo de abogados y trabajadores de la Justicia pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy y cargan contra el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. Se trata del espacio "Palabra Justa", integrado por dirigentes como Juan Grabois, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Graciana Peñafort, Alberto Binder y Gabriela Carpineti. "Entendemos que existen suficientes fundamentos jurídicos, políticos e institucionales para la procedencia de una intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por parte del Congreso de la Nación", afirman.
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Por medio de un comunicado, apuntan contra los diferentes magistrados y los acusan de que la estructura de poder jujeña está "corrompida" por los manejos "discrecionales" del Poder Ejecutivo que lidera actualmente el máximo mandatario perteneciente a la Unión Cívica Radical. Por esa razón, solicitan la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy por parte del Congreso de la Nación. Esto se debe a la constante persecución y hostigamiento del gobierno provincial contra referentes sociales y dirigentes militantes, no respetando garantías y derechos.
"Desde Palabra Justa -espacio y encuentro de profesionales comprometidos con la justicia y abogados/as militantes por un nuevo poder judicial y un mejor servicio de justicia-, consideramos imperioso compartir con la ciudadanía información que revela que la estructura de poder corrompido que describe a la justicia jujeña y pone en evidencia las influencias y manejos discrecionales del PE en manos de Gerardo Morales", denuncian. Y suman: "Así, cínicamente, quienes desbordan sus discursos hasta el hartazgo en defensa de la 'República y la independencia de poderes', resultan a la postre sus principales agresores".
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