El Partido Justicialista de Mendoza denunciará el lunes al gobierno de Mendoza liderado por Rodolfo Suárez, por el escandaloso subsidio que iba a entregarle el Gobierno provincial al exsenador y pastor Héctor Bonarrico. El decreto que establecía la transferencia de dinero fue dado de baja después de que el dirigente cometiera un sincericidio en una radio: confesó que el dinero era por un acuerdo electoral. El Destape se comunicó con voceros del gobernador que no dieron una respuesta a las consultas del medio.
Todo comenzó cuando el gobierno de Mendoza presidido por el radical Suárez firmó un convenio con la Fundación Acción Social, presidida por el ex senador aliado al oficialismo. El acuerdo por al menos $18 millones fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del decreto 684.
De acuerdo al anexo de la disposición, el Ejecutivo le dará "la suma de $9 millones distribuidos en 4 pagos trimestrales de $2.250.000, comenzando el primer desembolso a partir de la fecha de aprobación del presente decreto" que podrá "ser renovado tácitamente por igual término si las partes así lo quisieran".
Luego, en una entrevista en el medio MDZ Radio, el pastor confesó que el subsidio había sido a cambio de bajar su candidatura a senador provincial. Tras el sincericidio, el gobernador, Rodolfo Suarez, ordenó hacer una revisión del decreto que permitía el desembolso millonario.
El sincericidio
En la entrevista, Bonarrico contó que prefirió dejar de lado su candidatura para recibir los fondos del Estado. Para hacerlo, llegó a un acuerdo con el gobierno provincial. El ex senador confesó que negoció con abogados y que el gobernador Suárez estaba al tanto. La conversación con el periodista:
-Periodista: ¿Entonces ese dinero es parte de un acuerdo que hicieron entre el oficialismo, Cambia Mendoza y MásFe el año pasado?
-Bonarrico: Sí.
-¿Usted puede contar de qué trataba el acuerdo? porque estamos hablando de un acuerdo político, que se resuelve con plata del Estado.
-Los políticos deberían trabajar en pro de la gente que los vota. Se supone. A mi me votó el 18% que eran evangélicos y cristianos, porque no me conocía nadie más. Me movía en ese ambiente cristiano. Entonces, ellos (Cambia Mendoza) como yo, creímos que era necesario tener una voz dentro del Gobierno para promover la honestidad, transparencia, moralidad, familia, etc.
-No era en el Gobierno su voz, sino en la Legislatura en principio.
-Exactamente.
-Ahora, para que se entienda, ¿Cómo es que un acuerdo político y electoral termina dándole 9 millones de pesos que son del Estado?
-No, a mí no. A mi fundación. Las direcciones del Gobierno trabajan con dinero del Estado y se dedican a atender con plata del Gobierno específicamente a un grupo de personas. Como yo, presidente y fundador de MasFe, no quiero ser un empleado del Gobierno, llegamos a este acuerdo, en vez de abrir una dirección. En la dirección de género el Gobierno invierte 70 millones de pesos al año, porque hay una estructura muy grande. Entonces, para ahorrarle dinero a los mendocinos y para poder atender a ese 20% de los mendocinos patriotas, que pagamos impuestos y todo lo demás, se creó esto.
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-A ver si entiendo la lógica: ¿usted opera como una especie de dirección que se ocupará de asuntos sociales sin formar parte del Gobierno?
-Muy bien, espectacular. Perfecto, es eso.
-¿Está bien eso?
-Y claro, por qué no.
-Porque usted no forma parte de una repartición pública. Le han dado dinero de fondos públicos para una fundación que usted conduce, no es la creación de una dirección o secretaría dentro del Gobierno en el que lo ponen a usted a cargo, como debería haber sido la lógica.
-No. Lo que pasa es que esto es nuevo. Hay fundaciones en las que el Gobierno coopera para que atiendan a ciertas personas y no es una dirección, sino organizaciones intermedias que le ayudan al Gobierno a que cumpla su función con los ciudadanos mendocinos.
La conferencia del PJ: "Esta es la punta del ovillo"
La presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, legisladores provinciales y nacionales repudiaron el subsidio de $18 millones que el Gobierno de Mendoza acordó con el ex senador. Dejaron en claro que esto es "La punta del ovillo". El Partido Justicialista de Mendoza realizará el lunes una denuncia penal por el convenio con el ex senador.
La conferencia de prensa fue comandada por Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ; Lucas Ilardo, presidente de la Cámara de Senadores; Germán Gómez, presidente de la Cámara de Diputados y Alejandro Bermejo, vicepresidente del Senado, además de otros legisladores nacionales y provinciales del mismo espacio político. Resaltaron que el próximo lunes se presentarán en la Justicia y aseguraron que irán "Hasta las últimas consecuencias" para conocer la verdad.
"Nosotros lo que entendemos es que habrían varios delitos involucrados en esta situación por eso la figura que hemos elegido es la de “averiguación de delito”. Podríamos enumerar varios delitos, si los hubo por supuesto hay que hablar en potencial y lo va a confirmar la Justicia, pero estamos hablando de que puede haber un delito de cohecho e incluso podemos llegar a la figura de asociación ilícita, es decir, estamos hablando de corrupción a cambio de votar leyes y de bajarse de una de una candidatura", destacó la senadora nacional.
"Hemos encontrado la punta del ovillo y vamos a estar totalmente activos en la causa para presentar pruebas y que se investigue hasta las últimas consecuencias. También vamos a invitar a los partidos del Frente de Todos para que intervengan en la causa y que los mendocinos podamos saber qué prebendas o delitos se han cometido. Están negociando con fondos públicos que son de todos los mendocinos", agregó Fernández Sagasti.
Por su parte, Gómez agregó "No es la primera vez que venimos denunciando este tipo de situación, lo mismo sucedió con vialidad provincial y creemos que estos hechos no pueden quedar en la nada y tienen que ser investigados más allá de la situación jurídica y penal hay una situación tremenda desde lo político que muestra el manejo que tiene el oficialismo con los fondos públicos". "Es realmente escandaloso", disparó sin miramientos.
En tanto, Ilardo dejó en claro que la baja del convenio por parte del Gobierno solo contribuye a confirmar que se actuó de forma espuria: "El gobernador decidió retrotraer el decreto, esto implica que el gobernador admite en el mismo acto que existe la comisión de un delito porque si no hubiera existido el delito no hubiera vuelto atrás con el decreto y lo hace sin explicar absolutamente nada. El decreto es absurdo y realmente descollante en término de lo que se puede analizar y la justicia va a tener un trabajo enorme, el decreto no establece de dónde se va a imputar el dinero de los 18 millones de pesos algo que está absolutamente prohibido".
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