Cristina Kirchner volvió a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue víctima de una persecución política – que también causó la muerte de Héctor Timerman – después de que una jueza federal revelara haber sido presionada por altos funcionarios del macrismo para reabrir la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum de entendimiento con Irán.
El nuevo dato
Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo el sábado en una entrevista con el programa Toma y Daca que había recibido pedidos de un funcionario de rango menor al entonces ministro de Justicia Germán Garavano para resolver la reapertura de la causa del memorándum.
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Fue el fiscal Alberto Nisman quien el 14 de enero de 2015 presentó una denuncia diciendo que el acuerdo firmado con Teherán buscaba procurarle impunidad a los presuntos responsables del atentado a la AMIA de 1994. La denuncia de Nisman fue entonces desestimada por el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal y la Casación Federal archivó la causa – después de que el fiscal Javier de Luca sostuviera que no había delito para investigar. Sin embargo, la denuncia volvió a abrirse tras la llegada de Mauricio Macri al gobierno con un fallo firmado el 29 de diciembre de 2016 por la propia Figueroa junto con Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Además, gracias a la duplicación de la causa, el juez Claudio Bonadio (fallecido este año) se hizo con la investigación.
Rápidamente trascendió que el encargado de “hablar” con la jueza Figueroa había sido Juan Bautista Mahiques – aunque Figueroa dijo ante un llamado de Infobae que ella no se había referido al actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El Destape se comunicó con funcionarios cercanos al propio Mahiques, que insisten en que el exsubsecretario jamás habló con la jueza de la causa y que sólo habían coincidido en eventos sociales en el Consejo de la Magistratura y en la Corte. Al momento del fallo, Mahiques era el subsecretario en el Ministerio de Justicia que tenía a su cargo dos papas calientes: la relación con los jueces y la situación en las cárceles. Además, el mercedino representaba al Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, lugar clave para impulsar la designación o el juicio político de magistrados.
La historia de las presiones a Figueroa es conocida en los pasillos del primer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde tiene sede la Casación Federal y donde, además, tiene su oficina el padre de Juan Bautista, Carlos Mahiques, colega de Figueroa. Según cuentan allí, la jueza le había advertido al propio Garavano que no volviera a enviarle emisarios. Integrantes de la mesa judicial del macrismo apuntan hacia otro asesor del entonces ministro, lo que muestra que tras la salida del poder las internas se agudizaron. Más allá de eso, el caso trascendió e incluso el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, incluyó a Figueroa entre los funcionarios judiciales que sufrieron la persecución durante los cuatro años del gobierno de Macri.
El pedido de Cristina
Cristina Fernández realizó la primera presentación ante la CIDH en febrero de 2018 con la asistencia de los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. Ayer, tras la revelación de Figueroa, los letrados hicieron una ampliación que apuntaba a denunciar que tras la asunción de Macri hubo un proceso judicial “absolutamente viciado e irregular” y que la persecución buscó afectar los derechos políticos de CFK y tuvo gravísimos efectos sobre la salud del excanciller Timerman hasta matarlo.
En la presentación, Rúa y Peñafort apuntan que la propia Figueroa dijo en su fallo que era irregular que interviniera la Sala I de la Casación Federal – que ella integra--, ya que la causa AMIA está asignada a la Sala II. Esa situación – según Figueroa -- era contraria a la garantía del juez natural y la imparcialidad que debe regir la actuación de los magistrados. Por eso, los abogados pidieron que la CIDH admita la petición de CFK y le tome declaración a Figueroa.
"En consecuencia con nuestras denuncias aludió 'al empleo del conocido mecanismo del fórum shopping, cuya traducción sería foro de conveniencia'", escribieron Peñafort y Rúa.
Además, le solicitaron a la Comisión que incluya una audiencia sobre el “lawfare” en su próximo período de audiencias.
El juicio
La causa del memorándum con Irán está elevada a juicio y en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 8. En diciembre del año pasado, Carlos Zannini, reclamó que se le tome declaración testimonial al exsecretario general de Interpol Ronald Noble, que públicamente desmintió que Argentina haya buscado la caída de las alertas rojas que pesaban sobre los acusados del atentado con el memorándum. Bonadio siempre rechazó hacerlo. El Destape consultó a fuentes del TOF y confirmaron que aun no habían tomado decisión alguna frente a ese planteo.
Desde el TOF informaron que sólo decidieron por la pandemia suspender la comparecencia ante el tribunal de quienes están procesados por el memorándum y que deben hacerlo todos los meses para esperar el proceso en libertad. La resolución incluye a la exprocuradora del Tesoro Angelina Maria Esther Abbona, al exvicecanciller Eduardo Zuain, Fernando Esteche, Ramón Allan Héctor Bogado, Jorge Alejandro Khalil y Andrés “Cuervo” Larroque, actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
Peñafort y Rúa, también, le solicitaron a la CIDH que designen un observador internacional si el juicio finalmente se celebra, ya que consideran que será una "verdadera farsa". En el juicio de AMIA que naufragó en 2003 hubo asistencia de un observador internacional. La presencia -- aunque esporádica -- de un observador se mantuvo en el proceso por el encubrimiento del atentado, que comenzó en 2015 y terminó el año pasado.
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