Fake news y pandemia: el Estado frente a la desinformación

La pandemia de COVID-19 lleva poco más de un año presente en Argentina. No solo habita nuestro territorio, nuestros hospitales, reuniones sociales y espacios laborales, también se encuentra como eje central vertebrador (con altibajos) de las agendas mediáticas y líneas editoriales. El coronavirus llenó (y ahora vuelve a hacerlo) páginas de diarios, horas de transmisión en radios y canales de TV, también homepages de portales informativos. 

El término infodemia se hizo presente para acompañar la crisis sanitaria para referir al exceso de información sobre este tema en particular. Tanto verdadera como falsa. Una abundancia extrema con la capacidad para generar problemas en las audiencias para encontrar fuentes confiables, distinguir entre rumores y noticias, orientarse informativamente y separar información verídica de la falsa. Porque claro, en la infodemia, la desinformación corre como reguero de pólvora de manera intencionada y con muchos productores de noticias como artífices.

En las últimas semanas, Viviana Canosa fue (otra vez) protagonista de propagar de manera deliberada información falsa: desinformar. Como cuando al aire, y antes de terminar su programa, tomó dióxido de cloro (aunque, bien asesorada legalmente, no lo recomendó), el último martes embistió contra las vacunas junto a un invitado. En plena entrevista en horario central de la señal de noticias A24 (Grupo América de Vila, Manzano y, paradójicamente, Belocopitt, dueño de Swiss Medical), Marcelo Peretta dijo: “una vacuna te puede matar”. El Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, doctor en Farmacia y Bioquímica, se refirió de esa manera a la muerte del periodista y conductor Mauro Viale por coronavirus y su vacunación días antes de quedar internado. Podría mencionarse también el programa donde la conductora dijo que los hisopados se adulteran para que den positivo.

¿Qué puede hacer el Estado, el gobierno, ante estas acciones deliberadas que ciertas empresas y periodistas realizan con el ánimo de propagar información falsa?

Primera gran aclaración: el derecho internacional y universal a la libertad de expresión protege incluso a quienes difunden información falsa, la veracidad de los mensajes no es una condición para el ejercicio de este derecho. Por este motivo, el Estado no debe impedir que estos mensajes circulen ni sancionar su emisión, publicación o transmisión. Tal es así que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no establece ni prevee sanciones en base a la veracidad o falsedad de las informaciones vertidas en radio y televisión. Sí, la libertad de expresión es también para quienes tienen la intención de desinformar.

Los Estados tienen la obligación de generar escenarios amplios, diversos y que fomenten reglas de circulación de información y opiniones justas y equitativas. En ese marco, la desinformación debe combatirse con información y formación. El Estado, y en este caso el gobierno, debe y puede actuar en esos dos sentidos. A través de la Defensoría del Público, organismo creado por la Ley Audiovisual y con un amplísimo reconocimiento internacional sobre su trabajo, las audiencias pueden denunciar discursos nocivos o informaciones malintencionadas que se emiten por radio y TV. Si bien la Defensoría no puede sancionar a periodistas, canales o radios, sí tiene un gran rol formador en cuanto a explicar el correcto uso de la información, mejores prácticas para el tratamiento de distintas situaciones (desde catástrofes climáticas hasta violencia de género) y los impactos de este tipo de acontecimientos.

Por su parte, el gobierno cuenta con gran capacidad de incidencia en el debate público. Una de sus formas es la gestión de los medios estatales, desde donde debe ser un ejemplo del tratamiento informativo de la pandemia y de comunicación de las políticas sanitarais y cuidados ciudadanos. Por otro lado, cuenta con una herramienta menos utilizada para este fin: los mensajes de la publicidad oficial. Allí, el gobierno tiene la gran capacidad de diseñar mensajes que, en tiempos de gran capacidad viral de la desinformación, den datos certeros, precisos y que contesten a esos “rumores” o “mensajes falsos” instalados en el debate público. Incluso, esos mensajes pueden ser educativos –tal como se propuso el mismo Presidente al momento de asumir su cargo- para que las audiencias y usuarios de internet incorporen la práctica de chequear información, identificar fuentes confiables y no diseminar mensajes falsos.

Las democracias occidentales están amenazadas por la circulación de manera intencional y articulada de informaciones falsas y su viralización. Los límites que pone el derecho a la libertad de expresión pueden ser discutidos a la luz de los efectos nocivos de estos mensajes sobre la salud pública y el estado del debate público (digital y también analógico). Si algo queda claro y puede (debe) ser hecho por el gobierno es combatir la desinformación con más información y con mensajes útiles y enriquecedores frente a la pandemia.