Justicia de guerra

Según pudimos leer en los medios serios, la oposición de Juntos por el Cambio pensaba votar a favor del Presupuesto presentado por el oficialismo pero a causa de las ríspidas palabras de Máximo Kirchner decidió rechazarlo. Es una explicación asombrosa, aún para el estándar generoso del macrismo, ya que varios diputados opositores habían anunciado su intención de rechazarlo, incluso de “voltearlo”, según la expresión de Martín Tetaz, ex economista independiente, apolítico y apartidario que una mañana se descubrió radical (“Estamos a un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el Presupuesto”).

Para justificar su rechazo, Tetaz acusó al oficialismo de usar en el presupuesto “pautas macroeconómicas irreales”. Sólo pedimos que nunca se entere que el gobierno de Cambiemos que apoyó con tanto ahínco proyectó una inflación promedio del 4,1% para el año 2019, cuando en realidad fue del 50,1%. Le daría un patatús republicano. Por su lado, el diputado Bazze explicó que el radicalismo hizo grandes esfuerzos para “no dejar al país sin presupuesto”. Una vez más, los esfuerzos de la UCR resultaron inútiles.

A diferencia de Tetaz, su colega Neuromanes insistió con la versión del enojo opositor: “Íbamos a acompañar hasta que habló Máximo Kirchner”. Si fuera cierto y votar el presupuesto les parecía lo correcto pero no lo hicieron por una palabra ruda de Máximo, los diputados opositores deberían buscar un empleo que les genere menos stress. Tal vez sean demasiado sensibles para llevar adelante las responsabilidades que asumieron. Aunque teniendo en cuenta que Cambiemos fue un gobierno jardín de infantes, sin responsabilidad alguna sobre las consecuencias de sus iniciativas, no es extraño que como oposición elija el berrinche infantil para justificar sus decisiones. Es, al contrario, un encomiable ejemplo de coherencia política.

Además, teniendo en cuenta que hace unos días, el senador radical Alfredo Cornejo adelantó que no votaría el acuerdo con el FMI si no contaba con el apoyo explícito de CFK, podemos deducir que la familia Kirchner- sus apoyos, sus palabras e incluso sus silencios- inciden más en el voto de la oposición que la búsqueda del interés común. La Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo debería tomar cartas en el asunto.

Para festejar su elección como presidente de la UCR, su excelencia Gerardo I, visir de la Puna, maharajá del Potosí, califa de Humahuaca, marqués de Ledesma, mariscal del Altiplano, Martillo de herejes, zar de los Siete Colores, León de Tilcara, Orgullo Radical y Azote de Dios, ordenó la entrega de doble ración de tasajo a cada preso político. La Fundación Blaquier y la Sociedad Rural del imperio de Ledesma organizaron por su lado una generosa suelta de esclavos para conmemorar el evento. Otra Argentina es posible.

Luego de una breve espera, la Corte Suprema acaba de declarar inconstitucional una ley votada en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, un coso creado por la reforma constitucional de 1994. Como ya es costumbre, Clarín adelantó el fallo de los cortesanos, lo que aporta la previsibilidad jurídica que tanta falta le hace a nuestro bendito país. La Corte, que tardó 15 años en expedirse, le dio 120 días al Congreso para votar una nueva ley y si no lo hace ordena restablecer la anterior, que disponía como presidente del Consejo de la Magistratura nada menos que al presidente de la Corte, es decir, a Horacio Rosatti. Exige de esa forma restablecer una ley derogada por ese mismo Congreso, una decisión extravagante digna de nuestra #JusticiaFabioZerpa, de máxima creatividad.

El argumento de los cuatro cortesanos para declarar la inconstitucionalidad de la ley fue que “se perdió el equilibrio entre los estamentos” y que el “estamento político” prevaleció sobre el resto. Al parecer, lo único político en la Argentina son los poderes ejecutivo y legislativo, casualmente, los únicos que cuentan con la legitimidad del voto popular. Los representantes del poder judicial en el Consejo, así como los de las asociaciones profesionales de abogados, no serían políticos. Una honesta declaración de principios.

Para ganar tiempo deberíamos entregarle la suma del poder público a la Corte, como pedían los republicanos durante el primer peronismo. Eso terminaría con los abusos del estamento político, tan contaminado de voto popular, además de aportar un ahorro significativo a las arcas del Estado.

En todo caso, la Corte y la oposición de Juntos por el Cambio acaban de tener la cortesía de declararle la guerra al gobierno de forma explícita. Sólo falta que el gobierno se entere.

Imagen: Máximo Kirchner y oficiales de La Cámpora se prueban las máscaras de amedrentar diputados opositores (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)