A diferencia de la discusión sobre el veto a los jubilados, el debate sobre el veto a las universidades generó una división más profunda dentro del PRO. Mientras que en el primer caso el 90% del bloque estaba de acuerdo con anular la ley aprobada por el Congreso para mejorar las jubilaciones, en esta ocasión la brecha se amplió. Se habla de una división cercana al 50%, aunque aquellos más inclinados a votar con el gobierno esperan que la mayoría del bloque termine apoyando la medida presidencial. Se estima que aproximadamente el 65% de los diputados respaldaría el veto, mientras que un 35% se opondría, aunque esta proporción podría reducirse en los próximos días.
El macrismo solicitó al gobierno una señal que ayude a resolver el conflicto. Como mínimo, se espera que se otorgue el aumento salarial rechazado por los gremios, considerado insuficiente. Un incremento del 5,8% podría calmar los ánimos. De máxima, avanzar con una recomposición mayor para intentar reducir la oposición al veto. Sin embargo, los votos a favor del veto siguen siendo inciertos, y algunos señalan que solo una orden directa de Mauricio Macri, instando a respaldar la medida, podría asegurar su éxito. Aun así, el gobierno no cuenta solo con los votos del PRO y sus aliados, por lo que se espera que otros espacios, como el MID, los tucumanos y Creo, se sumen a la postura oficialista.
Durante una reunión con senadores, aunque Macri mencionó la importancia de la educación, aclaró que la decisión sobre la votación recaería en los diputados. Esto no fue interpretado como una invitación a la libertad de acción, sino como un intento de buscar consenso en el Congreso. Se espera que esta cuestión se resuelva entre el lunes y el martes, aunque el nivel de éxito del consenso es incierto. Algunos diputados están dispuestos a seguir la decisión mayoritaria, pero no todos lo harán, lo que podría generar fracturas internas. Como contó El Destape, la línea del ex presidente es en favor de la educación pública pero en contra de la falta de rendimiento de los gastos, algo de lo que acusan a esta norma.
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Entre los legisladores que no apoyan el veto de Javier Milei, predomina la percepción de una "mala praxis" por parte del gobierno, al priorizar su posicionamiento político sobre el equilibrio fiscal. Como en otros debates, el macrismo advirtió al oficialismo sobre la necesidad de encontrar soluciones y asegurar los votos necesarios para sostener la medida, pero una vez más, el intento fracasó.
Aquellos que respaldan el veto argumentan que es necesario para alcanzar un objetivo macroeconómico, pero en debates más profundos surgen discusiones que diluyen las prioridades, terminando en un simple "no podemos votar junto al kirchnerismo". Según un estudio de la consultora Analogías, el 84,3% de la población tiene una visión positiva de las universidades, mientras que el 59,3% respalda la ley aprobada por el Congreso y luego vetada por Milei. La marcha del miércoles inclinó la balanza a favor del financiamiento universitario, siendo aún más numerosa en las provincias que la realizada en abril. Al menos tres gobernadores de Juntos por el Cambio no tomaron una postura clara, aunque tampoco recibieron indicaciones para activar un operativo político. Estos son Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, ambos del PRO, y el aliado Marcelo Orrego.
Al gobierno se le ofrecieron algunas alternativas intermedias para no llegar a la instancia de discutir un veto total, pero los libertarios no parecieron querer aceptarlas en línea con una nueva construcción discursiva: la soledad frente a todo el resto. Una épica. Algo de lo que dejó el acto en Parque Lezama fue en esa línea, la autodependencia y endogamia partidaria.
Uno de los puntos de mayor incertidumbre surgió en el ámbito radical pocas horas después de la movilización. Roxana Reyes, tras reunirse con autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, reafirmó su "compromiso con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional, una decisión responsable que asegura el funcionamiento de nuestras universidades".
De los centenarios que apoyaron el veto a los jubilados, solo Mariano Campero se pronunció públicamente respecto a este nuevo debate. El 20 de septiembre afirmó que "se vienen muchos más temas nobles en el Congreso, y todos buscarán romper el equilibrio fiscal", destacando este último como el principal objetivo. Otros legisladores, como Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier y Gerardo Cipolini, no se manifestaron aún, siendo las grandes incógnitas del debate.
Varios de estos diputados están vinculados a Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad volvió a recorrer la provincia de Buenos Aires, en un contexto de definiciones electorales cruciales. En el PRO consideran que Bullrich está alineada con La Libertad Avanza, por lo que creen que la lista legislativa debería dividirse en dos y no en tres, salvo que se sume un sector de la UCR. Sin embargo, el bullrichismo no comparte esta visión.
Por segunda vez en el año, Bullrich visitó San Isidro el viernes, donde, junto al intendente Ramón Lanús y el ministro bonaerense Javier Alonso, recorrió el túnel del frustrado robo al Banco Macro. El recorrido fue documentado en un video que la ministra compartió en su cuenta de Instagram. Además, participaron en una reunión en la Fiscalía General de San Isidro, donde se discutieron temas de seguridad, como la presencia de fuerzas federales en el barrio La Cava, la lucha contra el narcotráfico en zonas vulnerables y la situación de los uruguayos detenidos por el intento de robo al banco. En total, hay cuatro detenidos por el intento de asalto.
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