Las llamadas de Mauricio Macri serán peritadas, pero de forma más acotada, en el marco de la causa donde se investiga si el ex Presidente integró una asociación ilícita para quitarle el grupo Indalo a Cristóbal López y Fabián De Sousa y que fuera manejado por empresarios afines. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.
La jueza María Romilda Servini había ordenado un amplio peritaje de las llamadas de Macri, con entrecruzamientos de contactos con varios miembros de su gobierno y empresarios. Macri apeló la decisión y ahora los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Leopoldo Bruglia resolvieron anular el peritaje más abarcativo y limitar su alcance.
Bruglia es uno de los jueces puestos a dedo por Macri que se atrincheró en el cargo mientras se revisa su traslado irregular. Doctrina Irurzun fue el único sobreviviente de la limpieza que Macri y su mesa judicial, investigada en esta causa, hicieron en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde sacaron a 3 de los 4 camaristas que había cuando llegaron a la Casa Rosada.
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El 6 de julio, la jueza Servini ordenó un peritaje sobre todas las llamadas entre Macri y otros funcionarios entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. Los cruces de llamadas son con los que integraban la mesa judicial de Macri y los que participaron de la persecución a López y De Sousa, dueños del grupo Indalo. Son el apoderado del PRO José Torello, su amigo del alma Nicky Caputo, el monje negro de tribunales Fabián “Pepín” Rodríguez, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex secretario de Energía Javier Iguacel y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli. También los empresarios martín Rappallini, Oslando Terranova e Ignacio Rosner, que son quienes buscaron quedarse con esas empresas mientras López y De Sousa fueron encarcelados.
Para los camaristas Irúrzun y Bruglia el entrecruzamiento de llamados que pidió la jueza Servini “excede los límites” de lo que se necesita para la investigación y le encomiendan que “emita un nuevo pronunciamiento donde se limiten los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso”.
La intervención llega por apelaciones presentadas por Macri, Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, que fueron denegadas por la jueza Servini. Los camaristas dijeron que estuvieron mal denegadas, revocaron el peritaje original y le encomendaron a Servini que haga uno nuevo más limitado.
En la resolución, a la que accedió El Destape, los camaristas Doctrina Irurzun y Bruglia sostienen “que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”. En criollo, que eliminen cualquier información que no esté vinculada a la causa. Esto corresponde, pero que lo tengan que aclarar muestra cómo se vulneró en otros casos, en especial cuando involucraban a CFK.
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