Máxima tensión: la oposición quiere acorralar al gobierno por el Presupuesto

La sesión para tratar el proyecto macrista de Ficha Limpia camina sobre terreno resbaloso y, con la certeza de que el quórum es una misión difícil de lograr, el PRO apuesta por dejar en evidencia a los aliados de "los corruptos", aquellos que opten no sentarse en sus bancas. Algunos de ellos analizan, por estas horas, la posibilidad de pedir una sesión por Presupuesto para dejar en evidencia la falta de intención del gobierno en aprobarlo.

Bloques del centro, como Democracia para Siempre y Encuentro Federal, en diálogo con Unión por la Patria, encararon un poroto fino para definir la posibilidad de pedir una sesión el jueves para tratar el Presupuesto. Tienen que solicitarla, en caso de avanzar, con 24 horas de antelación por lo que este miércoles puede ser un día clave.

Al tratarse de un proyecto sin dictamen de comisión, los convocantes necesitarán los dos tercios de los votos para habilitar su debate. Se descuenta que el gobierno no va a querer aportar a ese número, al igual que sus aliados, dejándolos en evidencia. En esa misma sesión se buscarían abordar el DNU de deuda y la limitación a la vigencia de los decretos presidenciales. De no acompañar los números para esta semana, podría darse la que viene. En el fondo, el objetivo es dejar en claro que la oposición sí quiere debatir la famosa "ley de leyes" y Casa Rosada no. 

La relación del gobierno con los aliados y dialoguistas entró en un momento de tensión difícil de resolver. Envalentonado por resultados positivos pese a la desventaja política, el presidente Javier Milei se endureció en las negociaciones y plantea avanzar con decisiones que pueden comprometer el vínculo con quienes, hasta hace algún tiempo, oficiaron de colaboradores. El pantanoso Presupuesto 2025 y la consiguiente falta de acuerdo con los gobernadores, el lanzamiento del “brazo armado” libertario, el desplante oficialista por la reforma sindical y el posible nombramiento de jueces de la Corte por DNU sacaron nuevos chispazos. 

La falta de presupuesto, en principio, se planteó como un escenario que no le conviene a nadie. El gobierno podrá, de no tenerlo, disponer de las partidas con gran libertad pero se verá complicado a la hora de dar un mensaje a los mercados. A fin de cuentas, es el “presupuesto de Sergio Massa”, se recordó. A los gobernadores no les sirve la ausencia de una hoja de ruta con un compromiso mínimo de los recursos, pero tampoco una ley de leyes que no incluya sus reclamos. 

Javier Milei apareció como una persona difícil para negociar. Ofreció a sus interlocutores dos malas opciones: o aceptar el déficit cero sin concesiones a las provincias que gobiernan sus aliados, o rechazarlo y dejarle las manos libres para disponer a gusto y piacere. 

Otro de los grandes fails del martes fue el naufragio del proyecto radical para impulsar una reforma sindical. La iniciativa había contado con el apoyo del gobierno, en primera instancia, pero los libertarios se dieron vuelta como consecuencia de puentes tendidos con un sector de la CGT. Sin embargo, en estas últimas horas se apuntó a Miguel Ángel Pichetto.

Cuando el proyecto se cayó por primera vez, la UCR decidió avanzar con un dictamen de consenso que incluyó las modificaciones propuestas por Alejandra Torres, de Encuentro Federal, y la abstención de Agustín Domingo, de Innovación Federal. Una vez incorporadas las observaciones, se acusó, Pichetto ingresó a la comisión de Trabajo en lugar de Torres. 

El ex candidato a vice de Mauricio Macri anticipó que no acompañaría ningún dictamen pero que tampoco le sería funcional al gobierno. Finalmente, brindó su apoyo al de Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, por el rechazo, para voltear la iniciativa centenaria. Según acusó la orilla interesada en el proyecto, fue en acuerdo con el gobierno. Rodrigo de Loredo, envuelto en la campaña cordobesa, apuntó contra el gobernador Martín Llaryora, acusándolo de avalar el cambio de Torres por Pichetto, perdiendo a una diputada clave para poder avanzar con la iniciativa. El PRO también se quejó, pero blindó a LLA. 

Pero no es el único inconveniente en este fin de año. El diputado radical de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, advirtió que “la designación de los jueces de la CSJN por decreto sin acuerdo del Senado será causal suficiente para promover juicio político contra el Presidente de la Nación. Y quienes lo consientan”. El mensaje fue replicado por su bloque en la red social X, dando por sentado que los 12 integrantes – o la mayoría – estarían de acuerdo con esta lectura.

Ante la consulta de El Destape Radio, Esteban Paulón, diputado socialista de Encuentro Federal, anticipó que están “empezando a bosquejar algunas ideas al respecto. Vamos en el mismo sentido”. Por lo tanto, podrían ser varios los que estén en condiciones de avanzar con una iniciativa similar, si es que el presidente decide ejecutar la maniobra del decreto ante la falta de acuerdo en el Senado. 

Desde el dialoguista bloque radical, sin embargo, no se mostraron de acuerdo con la advertencia de juicio político porque, según se explicó, el presidente tiene la facultad de, en receso legislativo, nombrar jueces supremos a comisión durante un año parlamentario, hasta tanto se consiga el acuerdo en la Cámara Alta. 

Según la Constitución, el jefe de Estado “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Carbajal aclaró, frente a este argumento, que esta potestad califica sólo si la vacante se produce durante ese mismo receso, como podría ser el caso de Juan Carlos Maqueda, aunque su pliego de reemplazo ya fue enviado a la Cámara Alta. En este caso, el de Manuel García Mansilla.

Quienes defienden la posibilidad de nombrar jueces en comisión recordaron lo hecho por Mauricio Macri apenas asumió la presidencia. El ex jefe de Estado se encontró ante una Corte de tres miembros por la jubilaciones, en diciembre de 2014, de Raúl Zaffaroni y, el 11 de diciembre de 2015, de Carlos Fayt.

En el decreto, Macri hizo alusión a esta facultad de nombrarlos en comisión con el compromiso de llamar al Senado y cumplimentar el procedimiento constitucional. Esta decisión generó tal revuelo que la Justicia dictó una medida cautelar que suspendió los efectos del decreto y ordenó a la Corte no tomarles juramento, por lo que finalmente no asumieron en comisión y se recurrió al procedimiento de audiencias y al acuerdo legislativo de los dos tercios de la Cámara Alta. O sea, no funcionó.

Fue Paulón, junto a su colega Mónica Fein, quien denunció penalmente el “brazo armado” de Javier Milei por la posible comisión de los delitos de incitación al odio e intimidación pública y por el delito de incitación a la violencia colectiva. Fueron alcanzados, por la presentación, los oradores del evento lanzamiento de la agrupación libertaria Daniel Parisini, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, de quienes se solicitó su declaración.

El armado de Santiago Caputo, que en el acto inauguración ya reclamó lugares en las listas, preanuncia un conflicto interno en la derecha argentina. Una lista de candidatos bastante chica de la que quieren participar más de los que pueden entrar. Por ahora, los más tradicionalistas prefirieron no meterse en el juego del asesor presidencial para no perder el eje.