El ex presidente Mauricio Macri le firmó en 2016 al operador judicial y prófugo de la Justicia argentina Fabián "Pepín" Rodríguez Simón un poder para que maneje sus causas judiciales y administrativas. Rodríguez Simón fue llamado a indagatoria por la extorsión contra los dueños del Grupo Indalo, pero decidió huir a Uruguay.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso la periodista Irina Hauser en Página 12, el poder le permite a Rodríguez Simón actuar en causas judiciales de Mauricio Macri y también iniciarlas. Esta es una prueba de algo que decenas de testigos y fuentes aseguraban desde hace años: Rodríguez Simón, quien figura aún como legislador del Parlasur, es en verdad el operador político del macrismo en el poder judicial.
"Iniciar demandas y contestarlas; intervenir en todas las instancias del pleito y en los incidentes; prorrogar y declinar de jurisdicción; recusar jueces y funcionarios públicos; realizar actos procesales, tales como presentar y agregar escritos; asistir a audiencias, interrogatorios y a juicios verbales; oponer excepciones, pedir y diligenciar cédulas, oficios, exhortos, cartas documento y cualquier otro tipo de notificaciones", son algunas de las posibles decisiones que puede tomar Simón por Macri.
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Pepín fue conocido en algunos medios luego del escándalo desatado por la disolución de la Unidad de Cuidado de Espacio Público (UCEP) que había sido creada por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y que debía cerrarse debido a las filmaciones que mostraban a los integrantes de la UCEP golpeando a personas en situación de calle. Ya con Macri como Presidente fue vinculado al armado de causas y a la persecución judicial de opositores.
"Requerir y ofrecer providencias cautelares, sus cancelaciones y levantamientos; prestar juramentos, cauciones y garantías, intervenir o renunciar a recursos legales en cualquier instancia; producir o rechazar pruebas; anexar documentos públicos y privados; presentar y tachar testigos; nombrar peritos; instar juicios ejecutivos, ejecución de sentencia, y la perención de instancia, promover el concurso a quiebra de los deudores", son otras decisiones que puede tomar Simón.
La extradición de Simón en suspenso
La jueza Adriana Chamsarián dejó en suspenso el proceso de extradición, le ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país vecino. Fue después de una audiencia que tuvieron el 3 de junio.
En el código procesal del país vecino se establece que a la audiencia de debate "deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público". La idea es poner a disposición la información del expediente al imputado para que ofrezca su descargo.
Al mismo tiempo, el código procesal penal expresa en relación a este tipo de trámites: "Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite". Se espera que la defensa de Rodríguez Simón exponga su situación y el pedido a ser acogido por Uruguay como refugiado político ante la CORE.
Con respecto a la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay, en el artículo 41, se especifica: "Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".
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