Los ex socios de Macri vuelven a denunciar a la Argentina para sostener el negociado que hicieron con los Peajes

Abertis, los ex socios de Mauricio Macri dedicados a peajes y autopistas en varios países y que controlan los accesos Oeste y Norte, volvieron a denunciar a la Argentina ante el CIADI. ¿El motivo? Quieren que se respete el acuerdo que firmaron con Macri, un regalo que el ex presidente les hizo durante su gestión: la prórroga de las concesiones de los peajes hasta el 2030 con una ganancia garantizada por el Estado de más de 1.000 millones de dólares, tarifas dolarizadas y donde, obviamente, habían dejado una cláusula que habilitaba un nuevo juicio como este si no se respetaba este acuerdo leonino para el país. El Gobierno actual buscó anular esos contratos y frenó numerosos aumentos de los peajes. Ahora los ex socios de Macri contraatacan y contrataron al estudio de abogados Marval, O’Farrell & Mairal, donde trabajaba el funcionario macrista que redactó el acuerdo que buscan revalidar.

No es una maniobra nueva sino un modus operandi extorsivo que ya aplicaron en 2015: radican una demanda por miles de millones de dólares ante el CIADI en la previa a las elecciones para presionar al futuro gobierno a que renegocie sus contratos que ya son leoninos y les otorgue más beneficios que los que ya le entregó Macri. En 2015 reclamaban 1.793 millones de dólares. Era tan inflado que aún con el pacto con Macri, que les entregó todo lo que querían, lo hicieron por 1.000 millones, casi la mitad. Ahora aún no se sabe el monto que reclaman, pero es evidente que será multimillonario.

La historia de estas renovaciones de las concesiones de los peajes arranca en los 90 con Carlos Menem, sigue en 2006 cuando Néstor Kirchner les rechazó la dolarización de las tarifas, en 2015 cuando CFK les negó una renegociación ante las enormes ganancias y los aún más enormes incumplimientos que ya tenían y llega a Macri, que descartó los informes oficiales que establecían que era “realmente absurda” una renovación de los contratos que vencían a finales de 2018 y les entregó a sus ex (¿ex?) socios un negociado que superó los 1.000 millones de dólares hasta el 2030. El gobierno de Alberto Fernández buscó anular ese negociado. Ahora los ex socios de Macri van por más.

¿Qué es lo que reclama Abertis? Mantener un negociado orquestado con Macri, su ex socio. La multinacional controla a AUSOL y GCO, concesionarias del acceso Norte y Oeste respectivamente. Los Macri eran socios en AUSOL hasta entrada la presidencia del líder PRO. El negociado no fue sorpresa: este cronista reveló su existencia en septiembre de 2017, cuando publicó que Macri planeaba un regalo para sus ex socios de 746 millones de dólares: 499 para AUSOL y 247 para GCO. Era ganancia garantizada por el Estado a través de la dolarización de los peajes y, en caso de que no llegaran en 2030, la diferencia la pagaba el país.

Esta estafa se concretó en julio de 2018 con los decretos 607 y 608. Era tal el conflicto de interés de Macri con sus ex socios que el primero de los decretos, que correspondía a AUSOL, lo firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti. Macri le delegó la firma en línea con los consejos de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, su enamoradiza titular de la Oficina Anticorrupción. El segundo decreto, que corresponde a GCO, sí lo firmó Macri. Los acuerdos son calcados, sólo cambian los montos y la autopista que se quedó cada una.

Por otra parte Ausol realizó desfalcos por 358 millones de dólares en maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos. Todo quedaba perdonado en el acuerdo que firmaron con Macri. Por eso en total, entre el regalo de Macri y las triquiñuelas de la empresa, son más de 1.000 millones de dólares en juego. Y Abertis recurre al CIADI para que se los garantice.

La denuncia es de hace unos días, tiene fecha del 29 de agosto. Abertis volvió a contratar al estudio Marval, O’Farrell & Mairal. Tiene sentido. Cuando Macri renovó las concesiones de los peajes pese a todos los informes que indicaban que el Estado no debía hacerlo, el encargado de la redacción del nuevo acuerdo fue Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Stoddart había trabajado en Marval, O’Farrell & Mairal. Es decir, el funcionario redactó la nueva concesión con sus ex empleadores y en es redacción dejaron una cláusula específica para habilitar este nuevo juicio.

El acuerdo que firmaron Abertis y Macri estipulaba que tenían que dar de baja el juicio extorsivo anterior, el que iniciaron antes de que terminara el kirchnerismo, algo que hicieron. Pero, tal como reveló El Destape, el mismo acuerdo dejó una trampa. En la cláusula 15.6 dice que el desistimiento de los juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado. Ante cualquier cambio, por mínimo que sea, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local y/o internacional, según corresponda, sus derechos preexistentes”. Esas dos palabras, “derechos preexistentes”, son clave para, en el léxico de los abogados especializados en litigios internacionales, iniciar un nuevo juicio. La cláusula siguiente impone que el Estado no podrá reclamar nada previo a este nuevo acuerdo. La cláusula 19.5 abre directamente la posibilidad de que los accionistas extranjeros de las empresas inicien juicios en el CIADI. Era obvio que lo iban a hacer.

La multinacional Abertis hizo forum shopping. Primero acudieron a la Cámara de Comercio Internacional (CCI), a la cual el Gobierno no reconoce como instancia para solucionar el pleito. El ministro de Obra Pública Gabriel Katopodis, por su parte, inició dos causas judiciales para anular los contratos de AUSOL y GCO. En el caso de AUSOL, el juez Enrique Lavie Pico resolvió en julio pasado que la empresa debe abstenerse de continuar la demanda en la CCI. Ante esto, ahora Abertis volvió a donde se siente cómodo, el CIADI.

Este caso es representativo de los problemas que le acarrea a la Argentina primero la prórroga de jurisdicción de los juicios contra el Estado que estableció José Alfredo Martínez de Hoz en la Dictadura empresario-militar y los tratados de protección de inversiones extranjeras que rubricó Carlos Menem y ningún gobierno posterior derogó. El resultado es que cualquier intento de que el país recupere la noción de que los servicios públicos son un derecho y no un negocio termine en un tribunal internacional y que la Argentina tenga el triste récord de ser el país con más pleitos en el CIADI. El combo Martínez de Hoz-Menem lo completó Macri: en el caso de los peajes les renovó las concesiones vencidas con una ganancia garantizada en dólares y mientras desarmó el equipo estatal de defensa del país en estos casos en la Procuración del Tesoro. El gobierno actual buscó desarmar ese nuevo regalo de Macri a una multinacional y, con la llegada de Carlos Zannini como procurador del Tesoro, rearmó el equipo de defensa en casos Internacionales con Sebastián Soler a la cabeza. Los juicios son muy difíciles de ganar: las reglas están escritas por la contraparte. Pero el trabajo de los abogados del Estado le ahorra miles de millones de dólares al país. Miles de millones de dólares.

Historia de una estafa

El punto central del acuerdo que Abertis quiere que se mantenga es la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. El Gobierno de Macri buscó instalar que logró una mejora en las condiciones para el Estado, ya que el nuevo acuerdo redujo la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero la clave es que el contrato original era durante el 1 a 1, mientras que la dolarización de las ganancias de una empresa luego de la convertibilidad implicaba que como la empresa iba a cobrar en pesos tendría que aumentar los peajes al ritmo de la devaluación.

La dolarización de tarifas fue descartada en 2006 por Néstor Kirchner cuando se renegoció la concesión de GCO. El decreto 298/2006, que Kirchner firmó el 15 de marzo de 2006, estableció: “La Tasa Interna de Retomo (TIR) del nuevo PLAN ECONOMICO-FINANCIERO de la CONCESION del ACCESO OESTE para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993”. “Consecuentemente, el CONCESIONARIO renuncia a exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión del ACCESO OESTE con una Tasa Interna de Retorno calculada en dólares estadounidenses”, sostiene el decreto. En el nuevo acuerdo que impulsó Macri ni se lo menciona. El actual gobierno intentó anular lo que hizo Macri y por eso la empresa va al CIADI.

Este decreto de Kirchner iba en línea con la ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, más conocida como Ley de Emergencia Económica, donde se estableció la pesificación del las tarifas. Frente a esto, Macri hizo una jugada doble. Primero, no prorrogó la Ley de Emergencia a partir de 2018. Luego, logró que el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías lo habilitara a apartarse de los parámetros contractuales del Acuerdo de Renegociación iniciado en 2006. Así, quedó con las manos libres para esta renovación leonina.

Las concesiones tal como están ahora serán hasta el 31 de diciembre del 2030, excepto si las empresas “recuperan” antes los 746 millones de dólares. En otra cláusula leonina, la 5.5, se establece que si para el 2030 las empresas no “recuperaron” esa plata, “deberá ser pagada por el CONCEDENTE (el Estado) al CONCESIONARIO (AUSOL o GCO) en DOLARES”. Si esto sucede, el acuerdo estipula que el Estado tendría 30 días para pagarles y en caso de mora pagaría un interés del 12% anual.

Un informe del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) de noviembre de 2015, justo antes de que asumiera Macri, señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cual en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. Es decir, no había ni que aumentar la tarifa de los peajes y menos aún que renovarles la concesión.

El esquema utilizado por Ausol, según describió el OCCOVI, era el siguiente: tomaba deuda en dólares para financiar obras y otras contrataciones que realizaba con empresas que eran propiedad de sus accionistas. Esa deuda la pagaba con los ingresos por la recaudación del peaje, para lo cuál pidió sistemáticamente aumentar las tarifas ya que facturaba en pesos y debía en dólares. Así, el dinero ingresaba rápido vía endeudamiento y las ganancias que obtenían con esta triangulación se pagaban luego con el aporte de los usuarios del peaje. Un negocio redondo.

El OCCOVI resaltó que en 20 años de contrato Ausol no realizó aportes de capital, es decir, los accionistas no pusieron un peso y financiaron todo vía deuda, dinero que iba a las arcas de sus propias empresas y luego se pagaba con las tarifas de los peajes. Puesto en números es más obsceno. Por cada peso que pusieron los accionistas hubo 12.827 que llegaron vía deuda. “Es decir, la política financiera de Ausol SA es no hacer aportes de capital y buscar en el mercado financiero la totalidad de los recursos necesarios para operar”, advirtió el OCCOVI.

“El concreto de concesión de Ausol SA ha sido un excelente contrato para esa compañía”, señala el informe de OCCOVI datado el 11 de noviembre de 2015. Vialidad Nacional, manejada buena parte del macrismo por Javier Iguacel, tenía desde finales de 2015 este informe del OCCOVI donde queda claro que no sólo no había motivos para renovar las concesiones de peajes, había incluso motivos para rescindir el contrato. Los documentos llevan la firma de Gustavo Gentili, director ejecutivo del OCCOVI, y están dirigidos a Nelson Periotti, por entonces a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

En 2015, Ausol insistió con renegociar el contrato. “Realmente un absurdo”, sostuvo el OCCOVI. El informe detalla que Ausol “reclama 6.637.000.000 por el pasado y pide que a partir de ahora se le incrementen las tarifas, no realizar inversiones” y que el contrato se prorrogara hasta el 2035. En esos momentos el dólar rondaba los 9,5 pesos. Una simple división muestra que esos 6.637 millones de pesos que reclamaban son casi los 746 millones de dólares que Macri les otorgó pese a que la recomendación del OCCOVI era clara: “Realmente absurdo”. Ahora quieren que ese absurdo siga.