Una seguidilla de situaciones, que estimamos no casuales, arman en pocos días un tablero que tiende a enrarecer el clima social, en un contexto regional caracterizado por los golpes blandos.
Eduardo Duhalde anuncia un golpe de Estado, Juntos por el Cambio boicotea una sesión en el Congreso de la República. El Ejército argentino reivindica a los militares del Operativo Independencia. Lázaro Báez es trasladado a prisión domiciliaria en plena luz del día y con aviso a los medios. Florencia Arietto, exasesora en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, anticipa la manifestación de la Policía. La Policía bonaerense protesta por mejora salarial frente a la casa de Axel Kicillof y agentes armados lo hacen en la Quinta de Olivos. Las declaraciones de Patricia Bullrich: “Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este Gobierno en las elecciones de 2021”. La carta pública de Mauricio Macri afirmando que el Gobierno nacional violenta la Constitución y “vulnera el equilibrio de los poderes del Estado” y un largo etcétera.
A pocos meses del contundente triunfo electoral, gozando de amplio respaldo popular, el Gobierno de Alberto Fernández es sometido a un operativo desestabilizador. Se trata de la estrategia geopolítica de EE.UU. hacia Latinoamérica, los llamados golpes blandos que apuntan a la destitución aparentemente legal de un presidente democrático. Consiste en operaciones realizadas por un entramado que incluye al poder económico concentrado, la corporación mediática, parte del Poder Judicial y, en el caso argentino, el sector bolsonorizado de Cambiemos.
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Para lograr el objetivo planteado, el “grupo de tareas” de cada país tiene una táctica que se repite como un cliché: generar un clima de malestar social, instalar denuncias de corrupción, falsas noticias y realizar manifestaciones violentas que amenazan las instituciones. Acusar al Gobierno de ser totalitario, crear una atmósfera de "ingobernabilidad" forzando, finalmente, la renuncia del presidente de turno.
El macrismo, siguiendo al pie de la letra el manual de los golpes blandos, transformó al kirchnerismo en un enemigo odiado, lo persiguió, inventó causas judiciales y noticias falsas con el objetivo de deslegitimarlo. El poder neoliberal ahora como oposición, sin jugar las reglas de la democracia, continúa con sus operaciones destituyentes.
El desencadenamiento del coronavirus en Europa funcionó para la Argentina como un aprendizaje que le permitió al Gobierno preparar la salud pública devastada por el macrismo. La experiencia latinoamericana del virus de los golpes blandos contra los gobiernos populares debe funcionar como advertencia para robustecer los recursos necesarios para enfrentar el flagelo.
El actual Gobierno tiene la tarea de fortalecer la debilitada democracia que dejó el macrismo y convertirla en una herramienta capaz de limitar las operaciones destituyentes de la oposición. El primer paso para desactivar la ofensiva de la derecha implica tener presente en todo momento la frontera entre lo legítimo, lo ilegítimo y ubicar correctamente el lugar del adversario político. Cabe hacernos la pregunta si las prácticas destituyentes, como el uso del odio o las fake news, constituyen manifestaciones legítimas de una oposición política.
La política democrática se basa en el conflicto y el consenso parcial con los oponentes, que no se conciben como enemigos sino como adversarios de legítima existencia y no se pone en duda el derecho a defender las propias ideas. ¿La tolerancia democrática con el oponente es infinita?
El conflicto político para ser aceptado como legítimo no debe atentar contra la asociación democrática. Esto significa que las partes en pugna tienen que reconocerse mutuamente como adversarios, compartir un espacio simbólico común y subordinar prácticas, cultura y valores al orden democrático.
La política democrática y la guerra son términos opuestos, donde uno domina falta el otro. Cuando lo que se opone a un gobierno constitucional degrada la política a la guerra, a las operaciones de odio y desestabilización, dejamos de considerar a esa oposición como adversario político. Eso no implica la respuesta especular y vengativa del ojo por ojo. Las prácticas de guerra no deben tolerarse porque esa lógica cuestiona las bases del sistema democrático y lo pone en peligro.
Las operaciones de guerra serán debilitadas por el camino de la política fortaleciendo al máximo la cultura democrática. Esto requiere la producción de nuevas estrategias, legitimidades, instituciones y prácticas sobre todo en las áreas de penetración desestabilizadora, esto es, el Poder Judicial cómplice del lawfare y la comunicación hegemónica que produce el sentido común.
El Gobierno de Alberto Fernández propuso, a los efectos de desactivar el lawfare y limitar la patología del Poder Judicial, una reforma que comenzó a concretarse. Las comunicaciones continúan siendo el flanco débil del Gobierno que hasta ahora no desarrolló acciones capaces de disputarle a Clarín la hegemonía en la construcción del sentido común. La estrategia expresada por Alberto Fernández de suturar la grieta con la corporación mediática fracasó, resulta necesario volver a pensar una política comunicacional.
Por último, una democracia sólida, leal a los valores y principios ético-políticos, integrada por un Estado vigoroso y un pueblo organizado serán las resistencias más eficaces para detener el peligro golpista que anda rondando en la región.
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