La Justicia no encuentra a ningún Macri -incluido Mauricio- para notificarle una causa por lavado y evasión

Es en el marco de una denuncia de la IGJ, que pide anular el fallo que despegó a Macri de los Panamá Papers. Tienen que notificar a 6 miembros de la familia Macri y rebotan en todos los domicilios.

13 de octubre, 2022 | 00.05

Increíble pero real: el Poder Judicial no encuentra a 6 miembros de la familia Macri, incluido Mauricio, para notificarles de una denuncia en su contra por lavado de dinero y evasión vinculada a los Panamá Papers. Es un trámite simple: avisarles por escrito que la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se anule el fallo que benefició a Mauricio Macri al establecer que no tenía vinculación con las empresas Fleg Trading, con sede en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá. Pero las cédulas judiciales rebotaron en todos los “domicilios reales” informados por los hermanos Mauricio, Gianfranco, Mariano, Florencia y Alejandra Macri y los sobrinos Rodrigo y Franco Valladares Macri.

La situación fue advertida por Ricardo Nissen, titular de la IGJ e impulsor de esta demanda, que informó sobre “la imposibilidad de efectivizar la notificación del traslado de la demanda, situación que demora el trámite este juicio y vuelve infructuosos los denodados esfuerzos realizados por parte de la IGJ para dar impulso procesal a la demanda presentada”. Puede pasar que a veces falle una notificación: que fallen 6, en este caso todas, es más que extraño.

En un informe al que accedió El Destape, Nissen explica que “los domicilios reales de los codemandados han sido informados –en respuesta a lo solicitado por IGJ en tal sentido– por el propio Juzgado interviniente, que extrajo dicha información de los juicios sucesorios de Francisco R. Macri”. Sin embargo, el titular de la IGJ detalla que no se pudo notificar a ningún Macri y que cuando solicitó que lo hagan a los domicilios procesales o electrónicos el juez Federico Javier Causse se negó. Es el mismo juez que está a cargo de la sucesión de Franco Macri pero ahora ante una denuncia por las offshores donde figuraban sus herederos no los ubica. Curioso.

Todo sucede en una causa que inició la IGJ el 13 de octubre de 2020. Su titular, Nissen, denunció que el fallo judicial que el 20 de septiembre de 2017 afirmó que Mauricio Macri no tenía relación con las empresas offshore reveladas por los Panamá Papers es nulo, que se obtuvo de manera express y a medida, por un juez incompetente, sin pruebas, con la complicidad de Franco Macri y con el sólo objetivo de beneficiar a su hijo, el entonces presidente.

Nissen denunció que el camino judicial que usó Macri para zafar del escándalo de los Panamá Papers “fue urdido con fraude a las leyes”, que Macri y su padre simularon “burdamente un contradictorio inexistente para producir prueba espuria” con “el fin de obtener una sentencia ‘a medida’ que pudiera invocarse para eludir la acción de la justicia penal ante el presunto delito de lavado de dinero y evasión fiscal del entonces Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri”. En todo esto evitaron que intervenga la IGJ, el organismo que ahora preside Nissen y que tiene entre sus tareas el control de las sociedades extranjeras para ver si efectivamente no tienen actividades en Argentina o si son utilizadas para lavado o evasión.

Ahora que Nissen denunció toda la maniobra el Poder Judicial no se las notifica a los involucrados con las excusas más variadas.

Desde la IGJ describieron cada caso:

  • Mauricio Macri: le llevaron la notificación a su domicilio en Acassuso, donde se mudó al culminar su mandato. La cédula volvió y el oficial notificador dejó constancia en un acta que fue “atendido por personal de seguridad/custodia policial, la cual me manifestó que si bien la propiedad pertenece al requerido, el Sr. Mauricio Macri, el mismo no se domicilia en la actualidad en el lugar, además me informó que por el momento la vivienda se encuentra deshabitada y que ellos sólo están para resguardar/proteger la propiedad no estando autorizados a recepcionar ningún tipo de documentación de índole legal dirigida al requerido”.
  • Gianfranco Macri: la cédula volvió porque no encontraron el domicilio.
  • Mariano Macri: cuando llevaron la notificación volvió con un acta que dice “no vive allí”, es decir, en el domicilio real que figura en el sucesorio de Franco Macri.
  • Rodrigo y Franco Valladares Macri: la cédula fue devuelta “sin notificar” porque no encontraron la numeración de la casa que declararon como domicilio en Villa de Mayo.
  • Florencia Macri: la cédula fue “extraviada en dos oportunidades”.
  • Alejandra Macri: la intentaron notificar 2 veces y la “cédula fue devuelta sin notificar, sin que resulte legible lo consignado al respecto en un sello impuesto por el oficial notificador”. Se trata de una hija que Franco recién reconoció en 2004 y sus hermanos aceptaron como heredera en 2020 peses a que su padre no la incluyó en el testamento.

Mauricio Macri, y sus operadores jurídicos, dificultan eficazmente el servicio de administración de justicia aplicado a las investigaciones de sus sociedades offshore. La sumatoria de eventos que contribuyen al estado actual de estancamiento procesal de la causa mencionada, revela una diversidad de prácticas y estrategias espurias puestas en marcha para obstruir el normal funcionamiento de la justicia, circunstancia que trae a nuestra memoria el mal recuerdo de una famosa frase pronunciada por el propio Sr. Macri, cuando afirmó que: ‘Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen’”, afirmó Nissen en un informe sobre este caso.

Panamá Macri

El fallo cuestionado por Nissen y que no es notificado a ningún Macri es del juez civil Andrés Guillermo Fraga. A pedido del entonces presidente Macri estableció que “no fue socio ni accionista” y que “no percibió dividendos ni ganancias” por su participación en las firmas Fleg Trading, con sede en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá. La explicación fue que su padre Franco lo nombró en esas empresas sin avisarle. Gracias a eso Macri obtuvo un sobreseimiento en otra causa judicial donde se investigaba si había omitido su participación en esas empresas en sus declaraciones juradas entre el 2007 y 2015, cuando era jefe de Gobierno. Lo dictó otra jueza, Elizabeth Alejandra Paisan, que por entonces era subrogante pero, según Nissen, poco después la nombraron jueza pese a que le había ido mal en el concurso.

Macri inició esta maniobra judicial ante el escándalo que se produjo cuando su nombre apareció en los Panamá Papers. Lo hizo a través de un pedido de una “acción declarativa de certeza” lo que le permitía, según Nissen, un trámite rápido y no una investigación judicial como correspondía. Macri denunció a su propio padre, Franco, que no hizo nada por defenderse y solo dijo que había incluido a su hijo en esas sociedades sin su conocimiento. En base a toda la documentación del expediente, para Nissen está claro que fue “una ‘mise en scene’ de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último”.

Para Nissen, el escándalo de los Panamá Papers en el que quedó involucrado Macri “demandaba de la administración judicial argentina un pronunciamiento válido y un debido proceso, jamás alcanzado en virtud del juicio fraudulento desarrollado en las actuaciones aquí impugnadas”. O sea, que el Poder Judicial argentino nunca se metió en el tema. Será porque el que aparecía era Macri y no CFK.

En la denuncia, a la que accedió El Destape, Nissen describe toda la maniobra. Muestra que primero Macri eligió un juzgado civil cuando el tema era comercial, por lo que “la guionada demanda del hijo a su octogenario progenitor, se encontraba en condiciones de ser rechazada, sin más trámite”.

En segundo lugar, que Macri logró una sentencia favorable sin que se citara a las dos empresas en cuestión, o sea, sin preguntarles a Fleg Trading y Kagemusha si el entonces Presidente tuvo o no alguna participación en dichas sociedades.

Un capítulo aparte es la estrategia de Macri, representado por el estudio Llerena y Asociados, uno de los buffetes más poderosos de la cuty porteña de donde provino el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales del PRO. El truco consistió en que el único demandado fue Franco Macri, su padre. En palabras de Nissen, esto fue para que “convenientemente adopte una actitud procesal absolutamente condescendiente” y colaborara “con tan singular aventura jurídica de su descendiente” al no contestar la demanda ni negar nada de lo que decía Mauricio, por lo que “toda la conducta desplegada por el señor Francisco Macri y su letrado patrocinante fue absolutamente funcional a los deseos de su hijo”. El abogado de Franco era Jorge Anzorreguy, viejo lobo de tribunales, que de zonzo no tenía nada. Entre Llerena y Anzorreguy tiraban paredes.

A Macri lo salvó su padre, que dijo que “designó a sus hijos como directores de empresas sin ponerlos al tanto de ello”. Para el juez Fraga fue suficiente. Para la jueza Paisan, también, ya que dijo que Macri no podía declarar algo que no conocía.

Seis Macri que deben ser notificados de que todo esto fue puesto en cuestión por la IGJ. Y no encuentran a ninguno.