La investigación por la supuesta violación del ex presidente Mauricio Macri a la disposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del COVID-19 tras regresar de un viaje a Europa en 2020 pasó a la Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El juez federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta (durante una subrogancia de Alicia Vence) envió el expediente al Juzgado de Garantías número uno de San Martín tras un intrincado camino judicial que incluyó cuestiones de competencias y recusaciones de jueces.
Macri regresó de Europa en plena pandemia a fines de agosto y antes de concluir los 14 días de aislamiento que regían por entonces se reunió en su quinta Los Abrojos con los intendentes de Pinamar, Martín Yeza; de Olavarría, Ezequiel Galli; y de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.
La situación fue denunciada penalmente como “violación al artículo 205 del Código Penal”, que establece penas de seis meses a dos años de prisión para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Macri había viajado junto con su familia a Francia y Suiza, por vacaciones y esparcimiento y también por su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Dos semanas antes de ese viaje, el ex presidente había estado en Paraguay, en una reunión con el ex presidente Horacio Cartés y otra con el actual, Mario Abdo Benítez.
Ante una primera declaración de incompetencia en la causa que llevaba el juez Culotta y el fiscal Jorge Sica, la defensa de Macri –a cargo de Pablo Lanusse- se opuso y trabó un conflicto de competencia que escaló hasta la Cámara Federal de Casación. En esa instancia, Macri recusó –como en otros expedientes- a la jueza Ana María Figueroa, quien se manifestó víctima de presiones por parte de la denominada “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos. La recusación no prosperó y cuando la Casación se aprestaba a resolver la cuestión de competencia, la defensa de Macri se allanó a la decisión de que el expediente tramitara en la justicia provincial.
El juzgado que intervendrá de ahora en más está vacante, pero es subrogado por el juez Mariano Grammático Mazzari, conocido por su intervención en febrero pasado en la causa por la cocaína adulterada que causó la muerte de al menos 24 personas.
La droga adulterada con una sustancia llamada carfentanilo fue distribuida en Puerta 8, un complejo lugar situado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Finalmente Grammático Mazzari declaró la incompetencia de su intervención en aquel expediente y lo envió a la Justicia federal.
Con información de Noticias Argentinas.
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