El "lapidario" (así lo llamó el gobierno argentino) informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) contra Mauricio Macri por el multimillonario préstamo ahora complica judicialmente al expresidente. Es que el fiscal Franco Picardi pidió este jueves incorporar a la causa que investiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el Gobierno de Mauricio Macri el último informe del organismo internacional por entender que “es de interés” para la investigación en curso.
El planteo de Picardi fue hecho ante la jueza María Eugenia Capuchetti para que gire el reclamo de documentación al Ministerio de Economía. Es la magistrada que está a cargo del caso contra la gestión Cambiemos.
Anoche, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional señaló en su evaluación del crédito otorgado en 2018 a la Argentina que “el programa fue frágil desde el principio”, y subrayó que “el FMI se rindió a los supuestos de crecimiento de las autoridades”. En primer lugar, los directores destacaron que las conclusiones de la evaluación ex-post (EPE) servirán para nutrir las conversaciones por el nuevo programa con Argentina. Estas además refuerzan al Gobierno nacional frontera adentro para exigirle a Juntos por el Cambio que asuma su responsabilidad en la crisis económica que generó en conjunto con el Fondo. En las negociaciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había subrayado la importancia de que la entidad que ahora preside Kristalina Georgieva haga un mea culpa.
Entre lo más relevante, reconocieron que el programa de 2018 no cumplió con sus objetivos. Estos consistían en restablecer la confianza de los mercados, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población. Nada de esto fue abordado por los US$ 45.000 millones que le entregaron en mano a Macri.
Ahora, el fiscal Picardi señaló que “se tomó conocimiento en el día de ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un informe sobre el Acuerdo Stand By suscripto con la República Argentina en 2018. Específicamente, el informe se identificaría como IMF Country Report No. 21/279 ARGENTINA EX-POST EVALUATION OF EXCEPTIONAL ACCESS UNDER THE 2018 STAND-BY ARRANGEMENT—PRESS RELEASE AND STAFF REPORT.”
“En relación a los objetivos del informe, se expresó que “[s]e requiere una evaluación ex post en todos los casos de préstamos del FMI por encima de los límites normales de endeudamiento para revisar el desempeño con respecto a los objetivos originales del programa, discutir si el diseño del programa fue apropiado y evaluar si el programa fue consistente con las políticas del Fondo. Esta EPE revisa la experiencia bajo el programa de Argentina, respaldado por el Acuerdo Stand-By, y cubre el período de junio de 2018 a agosto de 2019. Examina las debilidades y vulnerabilidades de la economía argentina, los objetivos y políticas del programa, el saldo de financiamiento y ajuste, y las justificaciones para un acceso excepcional al financiamiento del FMI por parte de Argentina. La EPE también incluye un apéndice que expone la reacción de las autoridades al informe y las opiniones sobre el Acuerdo Stand-By de 2018″, detalla el planteo.
El fiscal entendió que “teniendo en cuenta que el contenido del mencionado informe podría resultar de interés para la presente investigación, dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación, habré se solicitar a la Señora Jueza que requiera al Ministerio de Economía de la Nación una copia del informe en cuestión elaborado por el organismo multilateral”, según publicó Infobae.
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La causa por el acuerdo con el FMI se inició en mayo del 2019 por una denuncia del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno contra el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Guido Sandleris y otros funcionarios de esa dependencia. Luego se sumaron otras denuncias, como la del ex diputado y actual director del Banco Nación Claudio Lozano contra Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex titular del BCRA Federico Sturzenegger, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y la ex titular del FMI Christine Lagarde, entre otros. La denuncia planteó que el acuerdo fue un ardid para un endeudamiento que solo tenía como objetivo la fuga de capitales del país.
En marzo pasado, al inicio de la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que iba a iniciar una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por el acuerdo de 55 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, sostuvo el jefe de estado.
El pedido se anexó a la causa que ya existía. En base a eso, el fiscal Picardi amplió el requerimiento e incluyó en la investigación a Macri y el resto de sus funcionarios. “La presente investigación estará orientada a dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante”, sostuvo el dictamen fiscal.
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