El informe de la comisión bicameral sobre el espionaje ilegal y la necesidad de un nuevo “Nunca más”

El ex presidente Mauricio Macri forma parte de la internacional neoliberal que preside Mario Vargas Llosa y se denomina “Fundación Internacional por la Libertad”. Desde ese foro se sostiene que la pandemia global actual es usada por muchos gobiernos (a saber, todos los que no cuentan con el total beneplácito de Estados Unidos) para restringir la libertad de sus pueblos. Es una bandera que convoca a grupos más o menos revoltosos y de escasa convocatoria, pero con mucha presencia en el relato de los hechos por los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Macri es públicamente un paladín de la libertad.

En estos días se ha publicado el informe de la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia argentina; su título es “Espionaje Ilegal 2016-2019”. Dice en su página 3: “La cantidad detectada de organizaciones sociales y partidos políticos espiados fue de aproximadamente171”. Es decir, fueron no menos de 171, lo que puede comprobarse recorriendo la lista detallada de las organizaciones espiadas que el mismo informe presenta en su página 356 cuya suma es esa misma cifra. En esa copiosa lista figuran organizaciones sindicales, sociales y sectoriales además de partidos políticos mayoritariamente expresivos del peronismo y de la izquierda. Aunque el dato se conocía públicamente, no deja de ser una nota de color que en la lista de las organizaciones ilegalmente espiadas figure Cambiemos, la coalición de apoyo al propio gobierno de Macri. El gobierno presidido por el héroe de la libertad espiaba a sus propios socios políticos. En realidad era Macri, en persona, el que espiaba, a través de una trama numerosa y compleja de estructuras que atravesaban los despachos de gobierno, las oficinas judiciales, las redacciones periodísticas, los canales de televisión y las redes de “buches” formales e informales que producían los correspondientes informes.  En el párrafo que cierra las conclusiones del documento puede leerse lo siguiente: El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en calle y a los receptores de esa información, y no en cambio, a los agentes que llevaron a cabo esas tareas. Así debemos preguntarnos ¿quién es el receptor último de una información de inteligencia? El presidente de la Nación.

Desde el punto de vista de las personas físicas y jurídicas que fueron objeto de este nuevo “plan sistemático” organizado desde el Estado argentino, se trata de un atentado a su libertad y a su intimidad. Ahora bien, el daño no se reduce a la cuestión -sin duda dramáticamente importante- de las libertades individuales y sociales; está en juego la cuestión de la democracia, puesto que el plan tenía como objetivo estratégico central la intervención contra actores que se proponían intervenir de un modo u otro en la distribución del poder en el país. La lectura del informe conduce inexorablemente a la conclusión de que el espionaje fue un modo esencial para la defensa y extensión en el tiempo del poder político de la fuerza entonces gobernante. Por eso excede la cuestión de los daños personales, o los daños colectivos a las organizaciones perseguidas. Se trató de una modificación de facto del régimen político argentino que de no haberse frenado a tiempo merced a un resultado electoral adverso para el jefe del operativo hubiera podido estabilizarse y afianzarse, en cuyo caso la democracia argentina hubiera involucionado hacia su contrario, hacia el autoritarismo.

Claro que la elaboración y difusión del Informe no resuelve definitivamente el problema. Porque la red delictiva investigada es parte de otra red. De una red de poder económico, cultural y político con fuertes vínculos con potencias extranjeras cuya actuación está totalmente desregulada, también en nombre de la “democracia” y la “libertad”. Las formas de articulación interna de esa otra red no son pasibles de ser conjuradas por una comisión parlamentaria. Esa red consigue, por ejemplo, que buena parte de la ciudadanía sea constante y sistemáticamente objeto de mentiras y provocaciones, por sujetos que actúan en nombre de la “libertad de información”. Consigue también que un fallo judicial redactado por un socio político del jefe de gobierno consolide una decisión del propio jefe de gobierno. Y que otro fallo -en este caso del irregular inquilino de la procuraduría general, Eduardo Casal- ratifique el anterior en dirección a que el proyecto político del jefe de gobierno se sobreponga a la necesidad de cuidar a la población de una gravísima amenaza como es la de la pandemia en su “segunda ola”. Consigue, en fin, alejar el pronunciamiento libre en las urnas del pueblo argentino, de la toma cotidiana de decisiones.

Cada vez está más claro que en Argentina hay una estructura de poderes fácticos que han desarrollado la capacidad de establecerse como decisores políticos permanentes, aunque ningún juego político-institucional los habilite para ello. Ese es un verdadero sótano de la democracia argentina, que si permanece ejerciendo ese sistemático poder de veto sobre los poderes electos por el pueblo complicará cualquier perspectiva de desarrollo democrático del país.

Casi cuatro décadas después de la reconquista de la democracia, el pueblo argentino afronta el desafío de defenderla y profundizarla. Tal vez sea el momento para un nuevo “nunca más”. En este caso, no solamente nunca más el autoritarismo con ropas militar: nunca más el gobierno de facto de grupos que no se presentan a elecciones pero ejercen autoridad y poder por fuera de cualquier mecanismo democrático.