Esta semana entrará en vigencia la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde el Gobierno confirmaron que “sin falta” se promulgará en los próximos días, con el viernes como fecha tope. Se trata de un derecho nuevo, conquistado tras años de luchas por lo que es difícil saber cómo se aplicará. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es la comparación directa para conocer cómo el Gobierno – y los Gobiernos – implementará la política pública. Vigente desde 1921, con un siglo de historia, no fue fácil acceder a una práctica garantizada por la legislación argentina. En el último tiempo se notaron diferencias marcadas entre una gestión popular y una neoliberal, la primera a favor del derecho a decidir y la segunda en contra. La administración de Mauricio Macri compró muy pocos tratamientos durante todo el mandato y la de Alberto Fernández duplicó el número en tan sólo un año.
Según datos oficiales, en cuatro años de gestión Macri compró 96 mil comprimidos. Se trata de ocho mil cajas, o sea ocho mil tratamientos de doce pastillas cada uno. Todas esas adquisiciones, que figuran en la web Compr.ar, fueron en 2018 y cada caja costó 44,07 dólares al valor oficial de ese momento.
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Como contraste, con la gestión de Fernández el derecho comenzó a ser garantizado. Fue una decisión política, tener un Estado presente con un diseño planificado de políticas públicas. Sólo en 2020 se adquirieron 204 mil comprimidos, o sea 17 mil cajas o 17 mil tratamientos a 38,16 dólares cada uno. En total, demandó una inversión de $ 46.815.480.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación decidieron no revelar, aún, cuántas pastillas se comprarán para hacer frente al primer año de aborto legal, seguro y gratuito. Por una cuestión lógica, serán más que las de 2020 ya que se ampliaron las causales para interrumpir un aborto, incluyendo la decisión de la mujer.
Consultados por El Destape, desde el Gobierno porteño adelantaron que hicieron un pedido inicial de 7.800 tratamientos para el 2021 con la posibilidad de hacer uno nuevo en caso de necesitarlo, más el complemento de Nación que aún no fue definido. El año pasado adquirieron 5.750 cajas, unos 69 mil comprimidos. En base a esos datos y las estimaciones sobre lo que podrá aportar Nación, definieron el número inicial de compra para este año.
La provincia de Buenos Aires registró un escenario más complicado. Con un cambio total de signo político, Axel Kicillof se encontró con un sistema sanitario no preparado para garantizar la ILE, mucho menos la IVE. Por eso, el 2020 comenzaron a comprar misoprostol y a formar equipos para estar listos para lograr la total aplicación del nuevo derecho.
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En primer lugar, es necesario destacar que, según los datos oficiales, durante el gobierno de María Eugenia Vidal no se compró misoprostol. Un dato clave sirve para ejemplificar el poco compromiso de Cambiemos para garantizar una práctica legal: en 2016 el Ministerio de Salud provincial había avanzado con la adhesión al protocolo ILE pero, horas después, la resolución fue anulada por la entonces gobernadora. Con Kiciloff hubo dos adquisiciones al Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF- de Santa Fe por un total de 192.084 comprimidos (16.000 cajas). Una inversión de $ 39.737.600 (38,33 dólares la caja a la cotización del día de la apertura de la licitación).
Previo a diciembre de 2019 en la provincia de Buenos Aires, el acceso a la práctica de ILE fue sostenida por algunos equipos de salud distribuidos de un modo desigual en el territorio, las colectivas feministas y el equipo técnico del programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), “sin la presencia de un Estado provincial que asegurara las condiciones materiales, técnicas y políticas para acceder a un aborto seguro”.
Esta ausencia estatal derivó en una escasa disponibilidad de misoprostol en establecimientos de salud porque el Gobierno de María Eugenia Vidal “no hacía compras planificadas en relación a la necesidad de este insumo. La única compra realizada por licitación a nivel central por el Ministerio fue en el año 2016 por 300 tratamientos, los que resultaron insuficientes” y no había ninguna en curso. “Cabe destacar que durante 2019 algunos hospitales provinciales comprometidos con una política integral de SSyR compraron un total de 3.200 tratamientos”, aclararon.
Otro de los escollos con los que se encontró la gestión actual fue la falta de registros y datos oficiales sistematizados y confiables, insumo clave para decidir y monitorear una política pública. Al no tenerlos, “no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban” en la provincia.
En relación al misoprostol, se realizaron dos compras al Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF- de Santa Fe por un total de 192.084 comprimidos, lo que representa aproximadamente unos 16.000 tratamientos. Estas compras requirieron de una inversión de más 39.737.600 y un ahorro por un monto casi equivalente.
Para cumplir con el derecho de la ILE y prepararse para la IVE, avanzaron en la construcción de un sistema de gestión de la información y monitoreo para documentar las características de las prácticas y uso de misoprostol, la distribución de insumos, la identificación de efectores que realizan ILE, las acciones de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas, y la información de las solicitudes de acceso a servicios de la línea 0800 Salud Sexual y su resolución.
Entre otras cosas, se avanzó con actividades de sensibilización, capacitación a equipos que ofrecen servicios de ILE, se capacitó a un total de 193 trabajadores de la salud en las Regiones Sanitarias VI y XII y se hizo asistencia técnica y acompañamiento permanente a los equipos de salud.
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