“Acompañamos a las universidades en su reclamo”, comunicó el bloque de diputados de la UCR ante la emergencia presupuestaria de las casas de altos estudios. El partido y su representación parlamentaria movilizarán el 23, desde el Congreso a Plaza de Mayo, en un reclamo masivo contra Javier Milei que también tendrá la presencia de la CGT con la intención de presionar al Poder Ejecutivo para que garantice los recursos.
El el Congreso, la UCR presentó un proyecto de ley para garantizar el financiamiento la educación universitaria, una iniciativa con la firma de Danya Tavela que aunó a los legisladores boina blanca pero que no conmovió al oficialismo porque, según lanzó una fuente parlamentaria, tendrán que analizar “con quienes construimos mayoría para sancionarlo”. Por lo que el impulso no llegará del gobierno.
La presión será central, y esa presión se conseguirá en las calles. ¿Van a marchar el 23 de abril? “Obvio”, aseguró el diputado Martín Tetaz ante la consulta de este medio, y agregó que lo harán “como partido” y “también como bloque”. La UCR tomó la decisión de no dejarse llevar por los ajustes de Milei en materia de educación y, particularmente, política universitaria. Bajo la consigna "universidad pública siempre", la UCR convocó formalmente a dar el presente esa jornada.
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El 23 de abril será una fecha clave para la administración de Milei. Los universitarios movilizarán en todo el país y el acto central será en la CABA, desde el Congreso a la Plaza de Mayo, con presencia de la CGT y otros gremios, además de distintas expresiones políticas. La ceguera del gobierno frente a este conflicto fue vista con preocupación desde la oposición más cercana a La Libertad Avanza.
Una fuente del PRO volvió a destacar la falta de interlocutores y mostró principal temor por el efecto de la marcha del 23. Según confió, en el gobierno conocen las implicancias de semejante acto, pero falta poder de decisión para frenar el conflicto. El “caos” será “enorme” si el Ejecutivo no accede a mejorar la situación.
Ricardo López Murphy, actual diputado del bloque Hacemos Coalición Federal, puede dar testimonio de los alcances de semejante recorte presupuestario. En 2001 quiso ajustar los fondos para las universidades en forma brutal, lo que derivó en una serie de acciones de la comunidad educativa que, combinadas con las de otros sectores, terminaron con la expulsión del ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa.
La situación de las universidades es preocupante. En la UBA, por caso, ya empezaron los ajustes en servicios básicos. En un mail destinado a estudiantes de Medicina, se informó que “la facultad restringe el uso de la electricidad” y “avisó a todos aquellos que no tengan una dolencia física o algo que lo impida, a subir por las escaleras” porque a partir de este martes sólo funciona “un ascensor por cada sector”.
El proyecto de ley de financiamiento de las universidades nacionales, presentado bajo la firma de Tavela, aunó las distintas vertientes de la UCR y también cosechó otros apoyos. El texto busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y atenuar el impacto del aumento de costos, en los salarios y gastos de funcionamiento.
Por la emergencia, y sorteando la dificultad de no tener presupuesto 2024, autoriza al Ejecutivo a adecuar las partidas para este año. Además, sustituye el artículo 58 de la Ley N° 24.521 para que el aporte del Estado se distribuya en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, número de egresados, entre otras variables. Los diputados buscan establecer parámetros para distribuir el presupuesto en las universidades con hasta el 85% de los recursos destinados a salarios y no menos del 15% para gastos de funcionamiento.
En los fundamentos, se sostiene que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 3,5 billones de pesos para este ejercicio económico, mientras que el Presupuesto 2024, no tratado, contempló 1.95 billones de pesos que, con acuerdos salariales no incluidos, elevaría en 0,5 billones ese monto. Actualmente, lejos de esas cifras, las casas de altos estudios están ejecutando 1.4 billones de pesos.
A la falta de presupuesto se le suma la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, la quita del FONID y la posibilidad de que las clases tengan que interrumpirse. “Se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas, y de la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia. Investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales”, sostiene el proyecto en sus justificaciones.
Con la intención de sumar apoyos para avanzar con el proyecto de financiamiento, los diputados ya recibieron a los estudiantes y recibirán a los rectores este miércoles.
La marcha, que contará con el acompañamiento de la CGT, unificará a sectores que, poco después, se enfrentarán en el debate de una reforma laboral muy regresiva, presentada por la UCR. El texto sorprendió y, como ya contó El Destape, complicó las negociaciones con otros espacios políticos, por lo que su futuro apareció incierto dada la intención de no generar contratiempos.
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