La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la violencia registrada durante la marcha de los jubilados que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo internado con pérdida de masa encefálica y un diagnóstico reservado. Además critica que hayan denunciado a la jueza que liberó a los detenidos por ausencia de delitos. El duro comunicado por la detención de menores.
"El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos", alertó la CIDH.
Los hechos denunciados corresponden a la marcha de jubilados del 12 de marzo, que se realiza semanalmente desde 2024 de manera pacífica en protesta de las reformas de austeridad económica implementadas por el Ejecutivo nacional y sus impactos en los derechos de los titulares de jubilaciones y pensionados. El Gobierno denunció "la participación violenta de grupos de hinchas de clubes de fútbol en las manifestaciones", incluyendo hechos con "armas blancas, armas de fuego, elementos para producir incendios y ataques contra las fuerzas de seguridad, con daños a bienes públicos y lesiones a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, con el resultado de, al menos, catorce policías heridos".
Sin embargo, la realidad de la movilización fue otra: hinchas de a pie autoconvocados que tenían un bien común salieron juntos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes que atacaron a los manifestantes y dejó casi dos centenares de heridos, entre ellos el fotógrafo y periodista Pablo Grillo, quien continúa internado en el Hospital Ramos Mejía. En las últimas horas su papá, Fabián, confirmó que ya reaccionó a estímulos y y pronto le sacarían el respirador.
Otra de las víctimas de la represión de Bullrich fue Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años que fue gaseada y golpeada por un policía hasta caer en el piso con una herida en la cabeza. Días después, Blanco presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad por el ataque. Esta presentación se suma a la denuncia que ya había presentado la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) por las agresiones de las fuerzas, las cuales se convirtieron en una actitud recurrente y claramente planificada de ir a detener manifestantes de manera violenta y sin motivo real alguno.
Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial. En relación con los reiterados ataques hacia la prensa, CIDH denuncia más casos donde "profesionales fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa".
En ese sentido, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirma que "la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales".
A su vez, remarca que "el Estado de Argentina tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso. Adicionalmente, enfatizan que el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial".
La CIDH se pronunció sobre la denuncia a la jueza que liberó los detenidos: "El Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial"
En otra parte del comunicado, la CIDH se manifestó en contra de la denuncia penal del Ministerio de Seguridad a la jueza Karina Andrade, quien ordenó las liberaciones de 114 detenidas al afirmar que no había delitos. Andrade argumentó su decisión de otorgarles la libertad porque las detenciones se realizaron "sin control" y la información que tenía disponible era "escasa".
Al respecto, la Comisión recordó que "el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos". Asimismo, señaló que "la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente". En estos casos, los agentes de seguridad "deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos".
Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia. De esta manera, afirmaron que el Estado argentino debe "investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables".
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